Nacionales · 16/12/2021

Parlamento Europeo aprueba resolución que desconoce “el nuevo mandato” de Ortega y pide a la UE sancionarlo

El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves una resolución sobre Nicaragua, que condena “la farsa electoral” del pasado 7 de noviembre y desconoce el “nuevo mandato” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y piden sancionar “sin demoras” al dictador del país.

Los eurodiputados piden la inclusión de Daniel Ortega en la lista de personas sancionadas e instan a la UE a contemplar otras medidas, que pueden ir más allá de las sanciones individuales. Pero advierten contra cualquier acción que pueda agravar las dificultades del pueblo nicaragüense. El texto fue aprobado con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones.

La resolución cita el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual “en Nicaragua se ha establecido un Estado policial a través de la represión, la corrupción, el fraude electoral y la impunidad estructural” diseñada por el régimen con el fin de lograr su perpetuación en el poder y el mantenimiento de los privilegios e inmunidades.

Nicaragua se ha convertido en un “régimen autocrático”

El Parlamento declara las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre una “farsa electoral” orquestada por el régimen de Ortega-Murillo y rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones. “Los comicios amañados completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático”, añaden los eurodiputados.

La Cámara señala que, antes de la votación del 7 de noviembre, el régimen orteguista eliminó toda competencia electoral creíble y destruyó la integridad del proceso electoral. “El régimen procedió al encarcelamiento arbitrario, el acoso y la intimidación sistemáticos de siete precandidatos presidenciales y aproximadamente cuarenta líderes de la oposición, estudiantes y dirigentes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes empresariales”, zanjó el Parlamento.

Los eurodiputados instan a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos detenidos de manera arbitraria. El fin de la represión, vuelta de los exiliados y de los organismos internacionales.

“Nicaragua se ha convertido en una república del miedo”, denunció el Parlamento, con más de 140 000 ciudadanos obligados a buscar refugio en el exilio y en condiciones socioeconómicas de vida muy difíciles.

El PE concluyó que la única solución a la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional integrador y sustancial. A este respecto, los eurodiputados advierten de que la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, el restablecimiento del Estado de derecho, el cese de la represión, la liberación de los presos políticos, la vuelta de los exiliados, y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos al país son condiciones para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense.

Estos son los 15 puntos de la resolución aprobada:

1. Condena la farsa electoral orquestada por el régimen de Ortega-Murillo el 7 de noviembre de 2021, que vulnera todos los parámetros democráticos internacionales de unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes; rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados; apoya las declaraciones en las que se afirma que estas elecciones completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático;

2. Pide a las autoridades nicaragüenses que defiendan y respeten los derechos humanos y que permitan al pueblo nicaragüense ejercer sus derechos civiles y políticos; pide que se celebren elecciones de conformidad con las normas internacionales y la Carta Democrática Interamericana a fin de garantizar la culminación de las aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua, y que se permita el acceso al país sin restricciones a las organizaciones internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil;

3. Reafirma su solidaridad con la población nicaragüense y condena la violencia, la represión sistemática contra líderes políticos de la oposición, la eliminación de agentes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, así como de sus familiares, y en particular las muertes provocadas, la impunidad generalizada por los crímenes cometidos contra ellos y la persistente corrupción practicada por funcionarios del Gobierno nicaragüense; recuerda que estos actos representan una clara violación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y ponen de manifiesto que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos cargos del régimen nicaragüense siguen sin defender estos principios y valores;

4. Reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas detenidos arbitrariamente, así como de la anulación de las actuaciones judiciales contra ellos; condena los continuos maltratos psicológicos y físicos que estas personas padecen a manos de la policía y las autoridades penitenciarias, maltratos dirigidos especialmente contra las mujeres, y la situación de incomunicación en la que se encuentran algunas de ellas, sin acceso ni a sus abogados y familiares ni a atención médica; recuerda que Nicaragua debe cumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las Reglas Nelson Mandela), algo que sigue siendo una obligación en virtud del Derecho internacional; pide que el régimen aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero; rechaza la decisión del régimen de Ortega de paralizar los procesos judiciales contra ellas, lo que prolonga indefinidamente su detención preventiva;

5. Exige justicia y rendición de cuentas para todas las víctimas, en consonancia con la legislación y los compromisos y las obligaciones internacionales de Nicaragua, a través de investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes; insta a las autoridades nicaragüenses a que emprendan reformas estructurales profundas para asegurar unas garantías jurídicas mínimas y el respeto de la tutela judicial efectiva; condena asimismo la creciente violencia e intimidación a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, las personas LGBTIQ, las mujeres y los activistas indígenas en el país, incluidos los feminicidios; insta a las autoridades nicaragüenses a que pongan fin a la represión y a las violaciones de los derechos humanos y reinstauren el pleno respeto de los derechos humanos, en particular mediante la derogación de todas las leyes restrictivas e ilegítimas y el restablecimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de los derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

6. Reitera que la única solución a la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional integrador y sustancial, y lamenta la reiterada desvinculación y falta de voluntad del régimen nicaragüense para iniciarlo; señala que la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes, el restablecimiento del Estado de Derecho y de las libertades, el cese de la represión y el miedo, la liberación de los presos políticos detenidos arbitrariamente, la reinstauración del estatuto jurídico de los partidos políticos revocado de forma arbitraria, la vuelta sin exclusiones y con plenas garantías de los exiliados, y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos al país son condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense; pide a la Unión y a sus Estados miembros que acompañen los esfuerzos actuales y futuros de la sociedad con miras a crear las condiciones para un diálogo que conduzca a una transición democrática, en consonancia con lo establecido en los acuerdos de marzo de 2019;

7. Apoya la declaración del VP/AR en la que se consideran todos los instrumentos a disposición de la Unión para adoptar medidas adicionales, incluidas las que puedan ir más allá de las restricciones individuales, tratando al mismo tiempo de evitar cualquier medida que pueda agravar las dificultades del pueblo nicaragüense; se congratula de la inclusión de Rosario Murillo, junto a otros nombres, en la lista de personas sancionadas que fue prorrogada hasta octubre de 2022; solicita que Daniel Ortega sea añadido a la mayor brevedad a la lista de personas sancionadas;

8. Destaca que la corrupción de la que se beneficia directamente la familia Ortega-Murillo y el patrimonialismo del régimen nicaragüense, que también incluye el saqueo de los recursos naturales del país, son endémicos y generalizados y conducen al país a un colapso económico y humanitario; señala que la Unión y sus Estados miembros deben mantener su ayuda humanitaria para apoyar a los más vulnerables, explorando al mismo tiempo medidas alternativas para hacer frente a la corrupción generalizada; pide a la Unión y a sus Estados miembros, en este sentido, que supervisen los fondos europeos asignados, también a través de instituciones multilaterales y financieras, para velar por que no contribuyan a reforzar la corrupción del régimen;

9. Expresa su consternación por la creciente criminalización y persecución de los defensores del medio ambiente en Nicaragua; condena los continuos ataques y actos de agresión contra los indígenas de Nicaragua; pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Escazú;

10. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, incluso mediante el seguimiento de los juicios y visitando a los críticos y a los líderes de la oposición encarcelados o bajo arresto domiciliario, y que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros; destaca y elogia el papel clave desempeñado por la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y los periodistas en Nicaragua; solicita que el Servicio Europeo de Acción Exterior refuerce su diálogo periódico con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y fortalezca los mecanismos de apoyo a su indispensable labor;

11. Lamenta la denuncia de la Carta de la OEA presentada el 19 de noviembre de 2021 por el ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, y destaca que esta decisión impediría el acceso del país a la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo e implicaría la retirada de sus mecanismos regionales para la protección de los derechos humanos; recuerda que, a pesar de su renuncia a la Carta, Nicaragua sigue estando vinculada por sus obligaciones con respecto a otros instrumentos de la OEA, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos; subraya que esta retirada podría tardar hasta dos años en ser efectiva;

12. Pide a la comunidad internacional y a los socios democráticos afines que incrementen su presión política sobre el régimen nicaragüense de manera coordinada en foros multilaterales, con el fin de contribuir una transición rápida mediante la que el pueblo nicaragüense pueda recuperar plenamente el orden democrático y la soberanía popular;

13. Recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos; reitera su petición de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación;

14. Reitera su petición de extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.