El Parlamento Europeo (PE) aprobó, por amplia mayoría, una resolución que exige la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Además, se denunció la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La propuesta fue aprobada por 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones.
De esta forma, el PE instó al régimen Ortega-Murillo a “restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias”.
“Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados”, señalaron los eurodiputados.
En su sexta resolución en lo que va de legislatura sobre Nicaragua, el Parlamento lamentó “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas” y las detenciones arbitrarias “únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”.
La resolución señala que “el sistema judicial nicaragüense carece de independencia”, y “es utilizado como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
El Parlamento mostró su preocupación por la situación de los más de 206 presos políticos detenidos desde abril de 2018 y denuncia el trato cruel e inhumano del que son víctimas.
Los eurodiputados también denunciaron el cierre arbitrario de ONGs y la persecución de los partidos de la oposición y reiteran su llamamiento a que deroguen la legislación aprobada desde 2018 que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático.
Según el Parlamento, “la situación justifica que la ONU inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad”.
También pidieron a la Unión Europea a “extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano del presidente Ortega, entre otros”.
Los eurodiputados insisten, por último, en reclamar la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.