La organización PEN Nicaragua anunció este jueves que decidió suspender sus operaciones en el país a causa de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, conocida también como “Ley Putin” que obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB), controlado por el orteguismo.
En una carta abierta, Gioconda Belli, directora de PEN Nicaragua, explicó que el organismo se encuentra limitado con la imposición del Estado de suscribirse como “agente extranjero” y el cumplimiento de requisitos mensuales “que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones”.
“Ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua”, informó.
Belli, expresó su pesar al tomar esta decisión, “dados los vacíos culturales que existen en el país y las constantes violaciones a la libertad de expresión, pero bajo las condiciones impuestas por esta ley no podríamos continuar operando y dando cumplimiento a la misión independiente y libertaria que respalda la filosofía de los centros PEN en el mundo”.
PEN Nicaragua, sostuvo que ha informado a PEN Internacional su decisión de suspender su afiliación. “Cada uno de nosotros, directivos y miembros, escritores, poetas, periodistas, académicos y ensayistas, seguiremos aportando a la cultura nicaragüense como individuos creativos que amamos a nuestro país”, aclaró.
“En nombre de la directiva de PEN Nicaragua y de sus afiliados, agradecemos a Hispamer, a la Fundación Violeta Chamorro y a todos los que nos apoyaron. Agradecemos la visión de futuro de Gloria Guardia, Vidaluz Meneses y de quienes fundaron el PEN nicaragüense, de unirse a esta iniciativa global de escritores dedicada a promover la libre circulación de ideas, la libre expresión y la literatura como testigo y guardadora de las miserias y grandezas de la condición humana”, concluyó el escrito de Belli.
El pasado 15 de octubre, la mayoría orteguista de la Asamblea Nacional aprobó esa controvertida ley, que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.
Establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.