El periodista Gerald Chávez tenía planes para poner fin a su exilio de más de año y medio en Costa Rica, donde se refugió tras las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018.
El COVID-19 y las medidas restrictivas en Costa Rica complicó su situación económica, dificultando por ejemplo su capacidad para los servicios básicos de alojamiento.
Hace dos semanas se trasladó hasta la frontera entre Costa Rica y Nicaragua para poder informar sobre la crisis humanitaria existente en esa zona debido a restricciones impuestas por el régimen de Ortega para los ciudadanos que buscan regresar a su país.
De forma simultánea, sujetos desconocidos llegaron a la vivienda del reportero, en El Rosario, Carazo, y entregaron a su familia una carta y una memoria USB que contenía un video que simulaba su decapitación.
La carta también contenía amenazas de muerte y le advertían que si regresaba a Nicaragua lo iban a asesinar.
Por esa razón, el reportero decidió posponer sus planes de regresar a Nicaragua y señaló que la situación no ha cambiado mucho en el país desde que lo abandonó.
“Yo tenía previsto regresar a Nicaragua en el mes de agosto. Lamentablemente, la amenaza que ha recibido mi familia imposibilita que yo pueda tener un retorno cercano en este momento”, relató Chávez a la Voz de América.
“Fue una amenaza de muerte por mi trabajo periodístico que estoy haciendo desde Costa Rica y creo que al gobierno de Nicaragua le incomodó la cobertura periodística que desarrollé en la frontera. Sin embargo, esto no es una amenaza contra Gerald Chávez, sino contra todos los periodistas”, agregó.
Ataques contra periodistas continúan
Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reporta más de 350 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde amenazas de decapitación, hasta demandas judiciales, forman parte de las presiones que enfrentan los reporteros.
“Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan realmente lo que está pasando porque son principalmente quienes han hecho eco de la denuncia ciudadana”, dijo a la VOA Patricia Orozco, representante de PCIN.
Orozco afirma que hay más reporteros que han sido intimidados por informar e infundados por el temor han preferido el anonimato.
Por su parte, Chávez dice que siente temor de que su familia en Nicaragua pueda sufrir algún tipo de represalia por su trabajo periodístico, pero insiste en que seguirá ejerciendo su labor.
“Responsabilizo al alcalde porque ellos ejecutan las órdenes de los altos mandos; yo había recibido anteriormente una amenaza del jefe de la policía de Carazo”, añadió el reportero.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió a las autoridades nicaragüenses que deben investigar “pronta y exhaustivamente las amenazas enviadas al periodista Chávez y a su familia, y garantizar su seguridad”.