Los periodistas nicaragüenses están optando cada vez más por callar las agresiones a la libertad de prensa para evitar ser víctimas de nuevos ataques de las fuerzas policiales o de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, alertó la red regional Voces del Sur en un informe divulgado este jueves.
“Voces del Sur lamenta que la censura y el silencio de las víctimas ante agresiones a la libertad de prensa continúe ganando la batalla”, señaló la organización en un informe enviado a la prensa.
Sostuvo que “cada vez son más las víctimas que prefieren callar las denuncias para evitar que las agresiones de fanáticos sandinistas, trabajadores del Estado y fuerzas policiales aumenten”.
Voces del Sur aclaró que de ninguna manera está culpando a las “víctimas del silencio, estamos conscientes del peligro, sin embargo debemos dejar escrito para la historia qué es lo que ocurre, porque la disminución numérica de casos que se observa no significa que las agresiones han bajado, sino que las víctimas han dejado de denunciar”.
Esa red documentó un total de nueve violaciones a la libertad de prensa en octubre pasado en Nicaragua (siete contra periodistas y dos contra medios de comunicación).
A una periodista se le violentó su derecho en tres oportunidades en octubre pasado, además es el tercer mes consecutivo en el que es víctima de agresiones verbales por un militante sandinista, según el reporte.
Voces del Sur, creada en 2017, es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.
Por otro lado, el mes pasado “al menos cuatro periodistas fueron obligados al exilio” y en uno de los casos el comunicador viajó a Costa Rica a visitar a su familia y al intentar regresar fue avisado de que no tenía autorización para entrar a su país, indicó.
Al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se han exiliado, por razones de seguridad, desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen de Ortega, según el informe del mes pasado.
Voces del Sur también lamentó que la dictadura sandinista mantuviera “la política de falta de acceso a la información pública” antes y durante el proceso de votaciones municipales efectuadas el pasado domingo.
Asimismo, expresó su preocupación por la utilización de la Ley Especial de Ciberdelitos “como instrumento para acusar a ciudadanos disidentes”, y mencionó el caso de 13 opositores que fueron acusados de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.