Criticar al sistema político le ha valido al periodista nicaragüense Wilih Narváez ser tratado de “golpista”, “perro” y “manipulador” por partidarios del régimen de Daniel Ortega, quien asegura que en su país sí existe libertad de expresión.
Los ataques -verbales y físicos- comenzaron en 2018 cuando el país fue sacudido por masivas protestas antigubernamentales que pedían la dimisión de Ortega, en medio de una violenta represión que también alcanzó a los periodistas que daban cobertura a las manifestaciones.
“Desde 2018 he recibido algún tipo de amenaza a través de las redes sociales principalmente y acoso policial”, detalla. “Sabemos que vas a los juzgados, sabemos que andas en la calle, cosas así (mensajes) de parte de personas afines al gobierno plenamente identificados”, dijo Narváez.
Pero una amenaza de muerte recibida el pasado 4 de marzo vía redes sociales de parte de una mujer identificada con el partido sandinista prendió las alarmas de este profesional de la comunicación de 32 años y padre de un niño.
“Perro golpista, tenemos una bala para cada uno de tu familia. Pronto tendrás una visita”, le advirtieron, además de amenazar con incendiar su casa, con todos dentro. “Los tenemos bien vigilados”, cuenta que le dijeron.
Labor periodística
Narváez trabaja en Divergentes, una de las plataformas digitales de perfil crítico que han surgido en el país para tratar de romper con el control que el régimen tiene sobre la mayoría de los medios de prensa.
Inició su carrera en 2012 en el opositor diario La Prensa, luego entró al privado Canal 10, donde fue reportero y presentador de un programa matutino de entrevistas que aborda temas políticos y de derechos humanos. Fue ahí donde se hizo conocido.
Al menos 20 medios de comunicación independientes fueron forzados a cerrar en Nicaragua en la última década, la mayoría después de informar sobre las protestas del 2018, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Esta fundación, así como otras similares, han anunciado su cierre en las últimas semanas, asfixiadas por una polémica ley que regula los aportes extranjeros a las organizaciones civiles.
Ortega las acusa de “lavar dinero” de las ONG, y de usar sus fondos para “sembrar terror” en el país. Considera como traidores a la patria a todos aquellos que apoyan o piden sanciones contra su régimen, en la mira de Washington por su alianza con las socialistas Cuba y Venezuela.
Investigar el hostigamiento
Al menos 70 periodistas se exiliaron por amenazas y cuatro han sido enjuiciados desde 2018 por el delito de injurias, según FVBCH, que registra desde entonces más de 1.000 agresiones a la libertad de prensa.
Además, hay aún más de un centenar de detenidos en relación con la crisis política que vive Nicaragua tras las protestas masivas de abril de 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una iniciativa que coordina a familiares de reos, abogados y organismos de derechos humanos.
El caso de Narváez fue documentado por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, que recientemente pidió a las autoridades nicaragüenses “investigar pronta y exhaustivamente el hostigamiento”, para garantizar su seguridad y enjuiciar a los responsables.
Su situación, dijo, es el reflejo de las dificultades que enfrentan muchos periodistas independientes, quienes regularmente son fotografiados, asediados, a veces registrados y agredidos por la policía cuando dan cobertura a una actividad opositora.
“El gobierno nos considera periodistas opositores, nos ven como una amenaza, como enemigos”, mientras que “los opositores te están tildando de recibir dinero de alguna agrupación política”, lamentó Narváez.
Libertad de expresión
Pese a los reclamos, el dictador Daniel Ortega aseguró el lunes que en su país sí hay libertad de expresión.
“Aquí cualquiera dice lo que quiere, en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen, allá (en otros países) los meten presos. Allá estuvieran presos todos estos, acusados de terroristas”, comentó en un acto público.
Ortega, cuyos opositores consideran que intentará mantenerse en el poder en los comicios de noviembre, tiene activadas una serie de leyes que pueden bloquear el camino para que sus opositores participen en las elecciones.
*Con información de AFP