El equipo legal internacional de los dirigentes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, presos bajo la acusación de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, pidió este jueves al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que investigue el arresto de ambos presos políticos.
El abogado defensor estadounidense Jared Genser dijo en una declaración escrita que su equipo presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU “solicitando que investigue la detención en marcha de Chamorro y Maradiaga y concluya que están siendo detenidos arbitrariamente y en violación de las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional”.
“Como parte de la implacable ola de represión de Daniel Ortega contra la oposición democrática de Nicaragua, Chamorro y Maradiaga fueron desaparecidos por la Policía Nacional el 8 de junio de 2021, lo que desde entonces se ha denominado ‘la noche de los largos cuchillos en los trópicos’”, indicó el letrado.
Durante 84 días, agregó, “fueron secuestrados en lugares desconocidos sin acceso a sus familias ni a sus abogados” y “fueron reaparecidos brevemente el 31 de agosto y el 11 de octubre de 2021, pero por lo demás han sido detenidos bajo régimen de incomunicación”.
Chamorro y Maradiaga fueron acusados el 25 de agosto pasado de delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, “cargos claramente políticos e infundados”, señaló Genser, quien criticó, además, que “no se ha fijado una fecha para el juicio; en consecuencia, su detención ilegal se ha prolongado indefinidamente”.
“La ilegalidad de su detención es evidente por los cargos políticos, y la cantidad de violaciones sustantivas y al debido proceso que el régimen de Ortega ha perpetrado en su contra”, continuó.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria es un organismo independiente e imparcial que consta de cinco miembros designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros son actualmente de Letonia, Ecuador, Australia, Zambia y Malasia, detalló EFE.
El Grupo de Trabajo tiene la autoridad para investigar y emitir opiniones legales sobre supuestos casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente.