Poder y plata: El paso a paso de Daniel Ortega para someter al Ejército

*Por Expediente Público

Cuando Estados Unidos anunció el 22 de mayo de 2020, que el general de Ejército y comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo estaba siendo sancionado por el Departamento del Tesoro por su complicidad con el Gobierno de Nicaragua en los sangrientos sucesos de abril del 2018, nunca se reveló la investigación de fondo que motivó a Washington a tomar esa decisión.

El Tesoro se limitó a explicar que Avilés estaba “alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolíticas durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018″.

 Y lo acusó, además, de proporcionar armas y apoyo a las fuerzas de represión organizadas por el régimen.

“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, agregó el comunicado del Departamento del Tesoro, sin explicar a fondo las evidencias del caso. Mientras Avilés, de 65 años y atornillado a las fuerzas armadas desde 2010, reaccionaba airadamente negando los graves señalamientos.

“Los militares en la represión política de Nicaragua”

Sin embargo, una posterior investigación de acceso restringido, elaborada por un centro de pensamiento centroamericano, a solicitud de instituciones de Estados Unidos a la cual Expediente Público tuvo acceso, revela que la institución castrense si participó de la represión sangrienta de 2018 y explica cómo Ortega, paso a paso, sometió a la institución castrense a los intereses de su partido, familia y negocios privados.

El documento de investigación, hasta ahora de acceso restringido al público, se denomina “Los militares en la represión política de Nicaragua” y tiene como fecha de conclusión enero de 2021.

La investigación tenía por objetivo determinar la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018 y, a la vez, identificar los mecanismos a través de los cuales los militares se habrían involucrado en la violencia estatal y persecución contra opositores al régimen de Ortega.

Para ello, los investigadores hicieron una revisión documental de los informes sobre violaciones a los derechos humanos que han realizado organismos nacionales e internacionales, así como documentos, legislaciones y comunicaciones públicas y oficiales de Nicaragua.

Además, recopilaron datos, nombres y hechos de fuentes abiertas, principalmente, medios de comunicación nacionales y redes sociales que daban seguimiento a las noticias posteriores a la crisis de abril.

También se elaboró un cuestionario abierto para entrevistas con varios exmilitares, militares desertores y expertos en defensa, se hizo un análisis cruzado y se replantearon preguntas para precisar aún más los hallazgos presentados en este informe.

El llamado a recordar el origen

Según la investigación, Ortega apeló a la identidad político ideológica del Ejército desde el primer discurso como presidente, en 2007, recordándole a la casta militar sus orígenes en el proceso revolucionario de los años 80.

“El recordarles su origen revolucionario a los militares, fue un llamado a ubicarse del lado de Daniel Ortega, específicamente, fue un llamado a la lealtad a su proyecto. Así fue entendido por el mando y la oficialidad militar con quienes tuve la oportunidad de hablar después de ese discurso. Los militares entendieron que se estaban estableciendo nuevas reglas del juego”, valoró para este informe el exmayor de Inteligencia, Raúl Méndez García (comunicación personal, octubre 2020).

“Ortega buscaba desde el inicio establecer una alianza con las fuerzas armadas”, fundamentó.

Para efectos de este informe, y por motivos de seguridad de las fuentes y sus familiares, los investigadores se refieren a los informantes por sus rangos y nombres ficticios en las entrevistas: teniente Marvin, mayor Raúl y coronel Sánchez.

Desmantelar al Ministerio de Defensa

Un año después, en 2008, Ortega ya había pasado del discurso a los hechos y lo primero que hizo fue desmantelar el modelo de relación cívico-militar vigente desde 1990, en el cual la Presidencia delegaba a un ministro de Defensa, de rango civil, para que sirviera de delegado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Militar.

Antes de Ortega, las relaciones cívico-militares estaban reguladas por un marco jurídico claramente democrático, en el que el Ministerio de Defensa jugaba un rol aceptable en la conducción de las políticas de la Defensa Nacional y la gestión civil del Ejército de Nicaragua.

Un año después de su ascenso, en 2008, el hoy clausurado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) reportaba un deterioro del Ministerio de Defensa y, por ende, de la gestión civil y democrática del sector, mediante reformas a la ley del Poder Ejecutivo que eliminaron la figura del Ministro de Defensa como actor delegado de la Presidencia para atender los asuntos militares: así Ortega asumió directamente las funciones de jefe político, militar y civil de las fuerzas armadas.

Los pasos para conquistar al Ejército

Según la investigación, “aquí se establece la primera condición, y la más importante, que define el papel que el Ejército de Nicaragua desempeñará en la violencia estatal ejercida antes, durante y después de la crisis de abril de 2018”.

“Quince años después de retornar al poder, y con tres períodos consecutivos en el Ejecutivo, lo que resalta es que Ortega tenía un plan y era subordinar todos los poderes del Estado para generar un entorno que le permitiera consolidar un régimen autocrático, familiar y dinástico”, dice la investigación.

“En dicho plan, la subordinación personal y partidaria del Ejército de Nicaragua ha sido una prioridad. Ortega se ha valido de maniobras políticas para permanecer en el poder, entre las que destacan reformas constitucionales, la reelección, el desmantelamiento de la oposición y poderes del Estado, la centralización de las municipalidades y la conquista de los militares”, agrega el documento de investigación.

Para lograrlo, Ortega cumplió las condiciones siguientes:

I.  Cambios en las leyes militares para extender la permanencia en el Ejército de antiguos guerrilleros sandinistas;

El 3 de diciembre de 2009 Ortega propuso flexibilizar la Normativa Interna Militar para evitar que los mandos militares pasaran a retiro legal estando en condiciones físicas y mentales para continuar: “Tenemos normas que nosotros debemos buscar cómo flexibilizar, porque la verdad es que tanto en la Policía como en el Ejército se nos retiran los cuadros enteros”, dijo Ortega durante la clausura del Sexto Curso de Defensa y Seguridad Nacional que realizaron el Ejército y el Ministerio de Defensa. Lo que Ortega no dijo abiertamente es que esos cuadros eran sus antiguos compañeros de guerrilla de quienes intuía podrían ser nuevamente capturados partidariamente.

“En otros ejércitos ahí vemos generales de 60 años, 70 años, y están campantes ahí los generales; aquí no, tenemos unas normas que por lo nuevo de nuestro Ejército tendremos que ir viendo cómo mejorar, cómo perfeccionar, para potenciar la experiencia que tienen todos ustedes acumuladas”, dijo entonces el presidente.

El general de Ejército Omar Halleslevens (2005 al 2010) convirtió la “propuesta” de Ortega en realidad y reformó la Normativa Interna Militar.

Privilegiar al alto mando

Vista la normativa original y la reforma realizada por el general Halleslevens, se observan dos cosas: el tiempo de servicio de los oficiales pasa de 30 a 35 años y se agrega la posibilidad de permanencia indefinida en los cargos con la incorporación de la siguiente norma: “En el caso de los Oficiales Generales el tiempo de servicio podrá ser mayor a los 35 años”.

La normativa establece que los Oficiales Generales son todos aquellos militares con los siguientes grados de jerarquía: General de Brigada, Mayor General y General de Ejército.

Otra reforma a la normativa que rige el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas fue la aplicada al Artículo 120, del capítulo XI, Del Pase a Retiro del Personal Militar, que textualmente dice lo siguiente: “La edad máxima de retiro de los oficiales será de hasta 60 años, tanto en la escala superior como en la escala media, excepto para el caso de los Oficiales Generales. Por necesidad institucional y la naturaleza del cargo, el Comandante en jefe podrá autorizar la continuidad en el servicio de Oficiales Superiores, aunque hayan cumplido los 60 años de edad o los 35 años de servicio militar activo”.

El artículo original de la normativa publicada en 1998 decía lo siguiente en el mismo Artículo 120: “La edad máxima de retiro de los Oficiales será de hasta 55 años en la escala superior y 60 años en la escala media, excepto para el caso de los Oficiales Generales que se regirán de acuerdo a normas particulares.

Entre la reforma y la normativa y lo que establece la ley antes, se notan los siguientes cambios: se aumenta la edad de retiro de los oficiales de 55 a 60 años y establece la posibilidad de que el Comandante en jefe pueda autorizar la permanencia indefinida y vitalicia de mandos militares en línea de retiro.

II. Cambio del sistema de seguridad nacional, en el que se otorga la dirección de este a los militares.

La investigación devela que desde 2010, el régimen de Ortega imprimió cambios profundos a través de varias legislaciones que crean tanto el Sistema Nacional de Seguridad Democrática y el Sistema de Seguridad Soberana, los cuales son parte integral de la política estatal de seguridad nacional.

Antes de que se crearan estos sistemas, la seguridad se dividía según las funciones establecidas en las leyes del Ejército de Nicaragua y Policía Nacional, instituciones que reciben su misión de la Constitución Política de Nicaragua. La primera vela por la seguridad nacional y defensa del territorio nacional y, la segunda, por la seguridad interna (o pública) y la persecución e investigación del delito.

Sin embargo, a partir de la aprobación de la Ley de Seguridad Democrática, Ley de la Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Soberana, se determina que ambas instituciones de seguridad, y otras complementarias, unen sus funciones con el único propósito de coordinar sus acciones para garantizar la seguridad nacional, definida como la integridad territorial y la estabilidad del Estado y Gobierno.

Esa coordinación de funciones está rectoreada por el presidente de la República, pero ubica a los militares en un plano inmediato de esa gestión, por encima del resto de instituciones que lo componen. En otras palabras, el Ejército de Nicaragua es la institución estatal que, en forma ejecutiva, rectora y coordina ambos.

Dicho de otro modo, la investigación devela que “el Ejército dirige ejecutivamente las acciones que garantizan la seguridad nacional, que implica, de acuerdo con el cuerpo de esas leyes, la seguridad interna cuando la estabilidad del país y Estado se vean amenazadas por una serie de condiciones como”:

  1. Cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones.
  2. Actos de injerencia extranjera, espionaje, sabotaje, rebelión y traición a la patria.

Actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales

Las protestas de 2018 fueron consideradas por Ortega como un intento de golpe de estado y un acto de injerencia extranjera y, por lo tanto, por ley, dichas amenazas tuvieron que ser atendidas por ambos sistemas de seguridad coordinados por el Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID).

III. Colocación de exmilitares de alto rango en posiciones de dirección de las entidades del Estado y mixtas.

Ortega no solo prorrogó de forma permanente la salida de las filas del Ejército a viejos guerrilleros sandinistas, sino que los absorbió dentro del servicio público al integrarlos a cargos de gestión estatal y civil con recursos del Estado o en puestos ejecutivos dentro de los negocios privados de la familia Ortega-Murillo.

Sin embargo, el ejemplo más claro de la cooptación de Ortega a los militares fue la designación del general de Ejército en retiro, Omar Halleslevens, como candidato vicepresidencial en los comicios del año 2011, durante su primera reelección consecutiva después de su triunfo electoral mínimo del 2006.

Halleslevens, tras el golpe de Estado de las fuerzas armadas contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya, en junio de 2009, garantizó a Ortega que en Nicaragua el Ejército jamás iba a participar en una acción similar.

Halleslevens ocupó la máxima jefatura militar del período 2005 al 2010 y cedió su cargo al entonces mayor general Julio César Avilés, quien desde entonces ocupa el cargo a conveniencia de Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Luego, Halleslevens ocupó la vicepresidencia de Nicaragua del 2012 al 2017. La designación de un recién retirado general del Ejército como candidato electoral por el FSLN, solo lo superó Ortega cuando nombró a un alto mando militar activo como funcionario público: mayor general Denis Membreño Rivas, quien estando en servicio activo fue nombrado, y continúa ocupando la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde 2012.

Militares en los negocios del Estado

Por lo demás, desde que Ortega llegó al poder en 2007 incorporó al Estado  y los principales negocios privados de su emporio a militares en retiro y familiares: según la investigación hasta 43 altos mandos militares que habían pasado al retiro fueron absorbidos por Ortega en el Estado desde 2013.

Según la investigación, de la mayoría de los exmilitares que pertenecieron al Ejército de Nicaragua (93%), el 82% pertenece a exoficiales de alta graduación y ocuparon cargos estratégicos dentro de la institución castrense: jefe de Estado Mayor, Operaciones, Inspectoría General, etcétera.

“Solamente, el 18 % restante fueron militares de baja graduación, entre ellos dos capitanes, un teniente primero y un teniente. Un aspecto clave que destacar es que el 59 % de ellos (26) fueron guerrilleros sandinistas que combatieron en la lucha armada que terminó derrocando a Anastasio Somoza Debayle en 1979”, señala la investigación.

“Esta información demuestra un patrón poco común en las administraciones de los últimos 20 años. Ningún otro Gobierno había contratado a una cantidad numerosa de militares retirados en instituciones del Estado porque, de acuerdo con la información recopilada, estas personas han sido ubicadas en al menos 19 entidades públicas, lo que nos indica un empoderamiento importante. Varias de esas instituciones han sido claves a la hora de poner en marcha la logística para la represión de quienes el régimen Ortega-Murillo identifica como sus enemigos”, precisa la investigación.

IV. Prerrogativas y beneficios a los negocios militares;

Según la investigación, Ortega ha buscado ganarse una fidelidad política de los militares y de la institución misma y, para ello, utiliza lo que se conoce como la “política del espejo”: un mensaje indirecto para los miembros activos del Ejército para que se entienda que la fidelidad conlleva premios, tanto de manera individual, como de manera colectiva.

“Así, por ejemplo, los militares activos verían en el espejo de los exmilitares en el Gobierno, el futuro que les depara si son fieles a los objetivos políticos de Ortega: prebendas económicas, liderazgos en ámbitos no propiamente militares, impunidad y otros privilegios que se extienden a sus familias”, detalla el documento de investigación.

En otras palabras, Ortega estaría aplicando la lógica del premio-castigo para los oficiales fieles, y para aquellos que no comulgan con su política y su benevolencia la demuestra a través de los exmilitares que tiene trabajando para el Estado y las empresas donde tiene participación o influencia.

El IPSM, brazo financiero

Por el lado institucional, de acuerdo a la investigación, Ortega ha beneficiado los grandes negocios de las empresas del Ejército, que se administran bajo la figura del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del cuerpo castrense.

Empresas militares han participado en licitaciones y ejecuciones de proyectos estatales con ventaja sobre otros competidores privados, lo cual les ha permitido crecer sus fondos y manejarlos con oscura discreción.

“La falta de transparencia en el manejo de los negocios militares dificulta, en la actualidad, conocer el capital que los soldados administran alrededor del IPSM. Aunque la Contraloría General de la República (CGR) está facultada para auditarlo, el Ejército de Nicaragua se garantizó mantener la fiscalización civil fuera de sus finanzas al aprobar, en su Código Militar, auditarse por medio de firmas privadas externas y solamente presentar los resultados a la CGR, que solo los aprueba sin verificar”, dice el documento de investigación.

Sin embargo, en agosto de 2019 la revista nicaragüense Confidencial develó que: “Fuentes de la entidad castrense afirmaron, en ese entonces, que los fondos del IPSM podrían rondar entre los 90 y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35 % estaba invertido en bonos en Estados Unidos”.

Debido al secretismo, en esta investigación se usan los datos dados a conocer por algunos medios de comunicación e informes oficiales de firmas auditoras, con el fin de reflejar cómo han crecido los negocios militares y que estos son un factor determinante a la hora de apoyar la estabilidad del régimen actual.

V. Impunidad ante los abusos y delitos cometidos, principalmente en el campo, en casos emblemáticos ocurridos antes de abril de 2018.

La participación del Ejército en operaciones de persecución y aniquilación de disidentes políticos fue bien marcada antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018.

De acuerdo con varios informes de organismos de derechos humanos y exfuncionarios de estos organismos entrevistados para este informe,  en el área rural, principalmente en Jinotega y la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), los militares habrían desplegado operaciones contra campesinos, en forma individual, y contra grupos armados que se habrían alzado en armas por motivos políticos.

Uno de estos exfuncionarios expresó: “Antes de 2018, en varios casos que investigué, principalmente en Jinotega, la participación del Ejército de Nicaragua es muy clara. Desde nuestro organismo, criticábamos que los militares operaran contra los grupos armados, pues no tienen facultad constitucional para perseguir el delito”, (Comunicación personal. Diciembre, 2020).

La investigación recoge reportes de diversos medios de comunicación que registran que de 25 a 42 campesinos murieron entre 2011 y 2017 en operaciones militares.

Muchos de ellos, según la investigación, habían manifestado (y había evidencia pública de ello), su condición de alzados en armas contra el gobierno sandinista, entre ellos figuran asesinatos colectivos: la mochila bomba del 25 de mayo de 2015 en Pantasma, donde murieron tres personas; la operación reptil de abril del 2013 en Wapí, contra Joaquín Torres Díaz, comandante Cascabel y tres de sus hombres alzados en armas, quienes fueron acribillados por el Ejército de Nicaragua; la masacre en Las Magdalenas, Ciudad Antigua, donde fueron asesinados José Nahum Mendoza, Margarito Mendoza y Santos Pérez López.

Y el caso más reciente y emblemático: la masacre de la Cruz del Río Grande,  municipio de la  Costa Caribe Sur,  en noviembre del 2017, cuando el Ejército emboscó y mató a seis personas, entre ellos, a Rafael Pérez Dávila, alias comandante Colocho, y dos adolescentes hijos suyos y de la campesina Elea Valle. Un defensor de derechos humanos, entrevistado para este informe, destacó que la impunidad registrada en todos estos casos “es altísima”. Nunca hubo una investigación oficial para determinar responsabilidades individuales y procesar en caso de que se determinaran crímenes.

Explicó que esa característica es típica cuando hay militares involucrados y estos gozan de la protección de la persona que benefician con su actuar, en este caso al presidente de Nicaragua Daniel Ortega.

La Policía Nacional y el Ministerio Público no realizaron investigación alguna en estos casos, a pesar de que la población señalaba responsabilidades de los militares y, estos, presentaban señales muy claras de haber sido ejecuciones sumarias.

Finalmente, otro aspecto importante en la modalidad de estas operaciones de aniquilamiento es la estigmatización de las víctimas, destaca la investigación.

“Por ejemplo, en el caso de los hijos de Elea Valle, los militares difundieron fotos de los menores con vestimenta militar y portando fusiles de guerra AK-47. Valle aseguró a los medios de comunicación, en diversas conferencias de prensa, que las fotos eran un montaje del Ejército de Nicaragua y que ella las rechazaba porque sus hijos no solo no pertenecían a un grupo armado, sino que era evidente que las fotos habían sido manipuladas”.

La campesina Elea Valle en noviembre de 2017 al Ejército de Nicaragua de asesinar a su esposo y dos de sus hijos, de 16 y 12 años respectivamente, en una emboscada en  la comarca San Pablo 22, en la Costa Caribe nicaragüense. Los cuerpos de sus familiares nunca le fueron entregados a Valle.

Criminalizan a opositores

En las notas de prensa que el Ejército de Nicaragua emitió para informar sobre los enfrentamientos y muertes de los líderes rearmados, su lenguaje está cargado de términos estigmatizadores y de imputaciones de delitos no comprobados.

Por ejemplo, la nota de prensa número 063/2013, emitida por el Ejército  en ocasión de la muerte de Joaquín Torres Díaz, conocido como comandante Cascabel, la institución castrense se refiere a su grupo como “una expresión delictiva”.

Al mencionar a sus integrantes, los llama “delincuentes” y les imputan varios asesinatos.

“De esta forma, otras comunicaciones oficiales del Ejército de Nicaragua tildan como delincuentes consumados a los campesinos alzados en armas por motivación política. Otros delitos que les imputan en sus comunicados son: abigeato y narcotráfico”, señala la investigación.

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