Desde hace cuatro días, la Policía Orteguista permanece frente a la casa de la activista Flor Ramírez, también conocida como “Doña Flor”, realizando acciones de vigilancia e intimidación, denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Este viernes, varios oficiales se apostaron desde las 6:00 de la mañana en la puerta de la casa e impidió la salida de doña Flor, quien se disponía a comprar alimentos, llegando a usar la fuerza para obligarla a entrar de nuevo en la casa. Ante la demanda de explicaciones por parte de Ramírez, la Policía argumentó que “ella no puede salir porque es instigadora”.
El 30 de marzo de 2019, doña Flor fue objeto de una violenta detención arbitraria en el marco de una protesta. Ella se ha convertido en un símbolo de las protestas contra el régimen orteguista por bailar en las marchas ataviada con un traje típico nicaragüense, y desde el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto reiterado de ataques, amenazas y hostigamiento, lo que le ha provocado diversas secuelas sobre su estado de salud, indicó el organismo internacional.
Estos actos de hostigamiento y privación de libertad de movimiento contra Flor Ramírez se suman a los que de manera reiterada y sistemática se llevan a cabo contra otras personas activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo a sus familias, en todo el país, en lo que sin duda es una estrategia del Estado para intimidar, reprimir y desmovilizar las voces críticas con el Gobierno.
IM-Defensoras condenó la agresión contra doña Flor y exigió que cesen los actos de asedio y hostigamiento en su contra, y que se respete su derecho a la libre circulación, haciendo responsable “al Estado nicaragüense de cualquier atentado contra su integridad física, moral o psicológica”.
“Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que siga al pendiente de lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue vigente y los ataques, hostigamientos y persecución política contra activistas y personas defensoras de derechos son sistemáticos y continuos”, agregó el organismo.