*Por Expediente Público
La partidización de la Policía Nacional no solo tiene un efecto negativo en materia de derechos humanos, por los abusos y represión cometidos contra la sociedad nicaragüense, coincide con el deterioro de la seguridad ciudadana, el aumento de delitos y la actuación del crimen organizado, revela una encuesta de Borges&Asociados.
En una escala del 1 al 7, donde 1 es el nivel más bajo de confianza y 7 el más alto, la Policía Nacional de Nicaragua obtuvo un promedio de 4.55 puntos, según la encuesta patrocinada por Expediente Abierto y la Universidad de Arizona y presentan la encuesta “Seguridad Ciudadana en Nicaragua: Tendencias y Retos en el 2021”.
La encuesta es representativa a nivel nacional con 1,630 entrevistas y se realizó de forma telefónica por medio de marcación aleatoria entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2021.
Otra encuesta de Latinobarómetro publicada en octubre y realizada a mil nicaragüenses a finales de 2020, indica que solo el 29% de los entrevistados tiene algo o mucha confianza en la policía, por debajo del promedio regional que es igual de bajo con 36%.
Según la investigación de Expediente Abierto y la Universidad de Arizona, 49.3% percibe un incremento de actividades del narcotráfico y 52% de encuestados considera que en los últimos doce meses aumentaron los delitos y uno de cada cuatro dijo haber sido víctima de un delito o al menos alguno de sus familiares.
Una de las principales causas de esto es el control político partidario ejercido por el presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la institución policial, el 23% lo cree así, un porcentaje similar a los que piensan que la causa es el desempleo, otro 11.4% cree que es por la liberación masiva de presos comunes.
Expertos internacionales debaten transición policial en Nicaragua
El centro de pensamiento centroamericano Expediente Abierto realizó en octubre un panel virtual sobre reforma policial en Nicaragua donde participaron exministros de Seguridad, exdirectores policiales, académicos y representantes de organizaciones ciudadanas.
La especialista nicaragüense en temas de seguridad, Elvira Cuadra, resumió el evento en tres ejes para la reforma policial en una futura transición democrática en Nicaragua, en primer lugar, la imposibilidad de crear una institución respetuosa de los derechos humanos, orientada al servicio de la comunidad y la lucha contra la delincuencia organizada, sin la existencia de un sistema democrático.
El otro pilar es el modelo de policía que se busca donde caben diferentes especialidades o enfoques, el tema central aquí es la recuperación de la confianza y la relación con la comunidad y el tipo de vínculo con ella, dijo la experta.
Un tercer punto es el tema de la supervisión y la auditoría sobre el cuerpo policial y la posibilidad que sea realizado por un ente externo, particularmente en el caso de Nicaragua, requeriría un nivel de auditoria social.
Por otra parte, Cuadra advirtió a los participantes que “el dilema de una reforma en Nicaragua es que no se pude cometer el error de 1979 cuando se inició de cero la institución, pero tampoco lo de 1990 cuando no se tocó nada”.
Hoja de ruta de reforma policial
Los expertos de Expediente Abierto explicaron a los participantes internacionales del panel, que se trataba de la continuación de un proceso de consultas que inició este 2021 con la participación de aspirantes presidenciales que hoy están presos por razones políticas, así como miembros de diferentes gremios de la sociedad civil, incluyendo el clero católico o oenegés, pero la situación política y de derechos humanos se agravó desde entonces, al punto que muchos participantes de esa consulta actualmente están en el exilio o clandestinos.
Carlos Basonbrío, sociólogo y exministro del Interior de Perú, secundó: “Todo esto se hizo pensando en que abría más espacios en el escenario electoral, lo que ya existe es cero, no son elecciones, sino, una farsa electoral grotesca”.
Una pieza fundamental de esta consulta es la creación de hoja de ruta presentada por Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas y Justicia Criminal de la Universidad de New York, que establece criterios de transición que van desde la forma de depuración de cuadros corruptos o cooptados, hasta los mecanismos de control ciudadano de las fuerzas policiales.
Restauración democrática necesaria
Max Loría, exviceministro de Justicia y Paz de Costa Rica, señaló en el panel que “lo primero, urgente y más importante es retomar el camino de la democracia en Nicaragua, estoy muy fuera de la dinámica política de lo que ocurre allá, pero lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, lo que nos enteramos aquí, es una dictadura”.
“Ahora cada vez que se mencionan en la región las estadísticas de homicidios, asaltos o análisis comparativos, ya Nicaragua no se menciona, no existe, porque no hay un nivel de confianza mínimo en la información y el trabajo de la Policía Nacional de Nicaragua a nivel regional e imagino a lo interno”, indicó el exfuncionario.
“Este es un tema central de reforma policial, tiene que ver con la confianza y cómo podemos, una vez que se recupere la democracia, empezar en retomar la confianza, no solo en términos estadísticos, de los homicidios, sino, en el trabajo de una institución tan importante como esta”, argumentó Loría.
Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) de Guatemala, señaló que “podemos hablar de reforma, pero qué elementos vamos a encontrar, donde hay un Ministerio Público y Justicia cooptado, la policía va a ser un reflejo de la cúpula gobernante”.
Rosa expresó que las líneas de trabajo de una reforma formal deben considerar que existen procesos como el guatemalteco que después de 20 años fue destruido en seis meses, al descabezar los mandos el gobierno.
La aspiración es que desde sociedad civil se pueda incidir para tener un estamento policial que responda a un sistema democrático, mencionó. Uno de los problemas en Guatemala fue la ausencia de mandos medios y esperaron 15 años para que ellos pudieran acceder al liderazgo de la policía que finalmente fue descabezado.
Javier Mayorca, periodista especializado en policía y consultor en temas de seguridad venezolano, reiteró que el tema de confianza es un problema general en Latinoamérica, particularmente donde hay debilidades institucionales, por otra parte, la gente denuncia menos delitos porque no cree que los agentes los vayan a resolver.
Además, ante una eventual reforma policial, “no creo que las resistencias vengan solo del poder saliente, de factores en la cúpula policial asociadas al poder saliente”. Venezuela ha atravesado procesos de reforma como prácticamente toda Latinoamérica, donde se pueden identificar tres grandes opositores a estos procesos: “el poder político saliente y el entrante que puede percibir que le conviene una Policía que pueda plegarse, en segundo lugar, hay una resistencia tradicional, las policías son refractarias al cambio, en esto enlazamos con el tema de los controles y una tercera fuente que procede de los grupos de interés, por ejemplo, la delincuencia organizada, también puede existir alguna organización de tipo comunitaria que ponga una reforma en entredicho sus propios intereses”.
Karen Jiménez Morales, directora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, identificó tres retos centrales: la reforma policial debe ser acompañada de otro proceso que es la reforma judicial, las personas actuales responden a intereses del régimen, eso es un reto por la posible resistencia de actores leales al sandinismo, por eso, en segundo lugar, una campaña para desmitificar temores sería vital, el tercer reto es establecer una policía más adecuada a sus contextos, con base a inteligencia y evidencia, por lo cual se requiere un cuerpo policial calificado y en esto entra en juego los requisitos de ingreso.
“Esta reforma debe ser acompañada de forma paralela de otro proceso de reforma en el poder judicial, que procure restablecer las personas magistradas que sean electos por mérito y carrera judicial, las personas en estos puestos ahora están por intereses propios del régimen”, manifestó la académica.
¿Retomar el modelo de policía comunitaria?
Juan José Andrade, exdirector de la Fuerza Pública de Costa Rica, explicó que definir el modelo policial que necesita Nicaragua y requieren las comunidades del centro y la zona rural, no solo del interior, inicia por perfilar al policía.
“Habrá algunas características fundamentales en este proceso para construir ese policía que reclama hoy la sociedad nicaragüense, un policía que tenga ciertos conocimientos y habilidades y sobre eso detallar el proceso de reclutamiento, para establecerse un modelo policial se incluyen recursos, procesos y acciones que van a funcionar a partir de ejes transversales, que tienen que ver con la prevención, los derechos humanos y la rendición de cuentas”, dijo.
Alexander Rabanales del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) de Guatemala, considera que Nicaragua tenía un buen modelo de policía comunitaria y podría retomarlo.
“Hay un punto de partida por parte de la policía nicaragüense, recuerdo que a inicios de mi trabajo con la Policía Nacional Civil (PNC) tuve oportunidad de viajar a Nicaragua para conocer el modelo de policía comunitaria, eran ustedes un referente, si hay una buena práctica, cómo se perdió, ustedes bien lo saben, pero si hay un punto de partido de qué se debe retomar”, precisó.
Javier Mayorca, periodista venezolano especializado y consultor en temas de seguridad, consideró que la descentralización y proximidad no se puede aplicar de forma general en todos los contextos, esta pueda llevar a que actúen grupos de presión como la delincuencia organizada en un nivel más localizado, por eso sugirió también un esquema de supervisión, probado, riguroso.
Por otra parte, las policías de proximidad y altamente descentralizada, pueden funcionar en cuanto a la prevención del delito, pues se tiene a mezclar las funciones de prevención con las de represión.
La depuración consecuente
Alexander Rabanales del IEPADES de Guatemala recomendó conocer bien a los oficiales de policía, la estructura y los mandos, para perfilar posibles actores que formen parte de la reforma policial y que en su momento sean los mandos superiores.
“Es cierto que la cúpula tiene que ser cambiada, pero es bueno conocer a los mandos medios y bajos, tarde o temprano ellos van a ser la cúpula superior, eso podría ser un beneficio, porque ellos son los más cercanos a los ciudadanos, aunque en algún momento deben cumplir las órdenes (superiores)”, sugirió.
“La policía es jerárquica, en el momento que ustedes quieran hacer una reforma toda la cúpula mayor debe ser cambiada, no hay vuelta de hoja, en primer lugar, porque la población no confía en ellos, todos conocen a esa cúpula actual que posiblemente tiene años (en sus cargos), o está plantada el mismo tiempo que tiene el gobierno”, agregó.
“Toda persona que haya ejercido mando en este gobierno, no puede continuar, porque esta policía ya esta adoctrinada, los que hemos estado cerca de la policía lo hemos percibido, que es evidente que esa policía se fue adoctrinando poco a poco y ahora es lo que es, esta se ha alejado a los derechos humanos, se ha acercado más a la intransigencia e intolerancia”, sostuvo.
Por otra parte, indicó que “esa población policial que se va a mantener en el grueso de la policía debe iniciar un proceso de reeducación o readoctrinamiento, eso es prácticamente iniciar de cero”.
Fermín Mármol, director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad Santa María de Caracas, llamó la atención sobre el tema de la auditoría interna policial.
“Cómo pedir a los ciudadanos ir a Asuntos Internos para denunciar a otros policías que tienen más jerarquía que ellos, y en Asuntos Internos que son policías castigados a veces de otras especialidades, tenemos la tendencia, además, de crear otras instituciones para supervisar a las propias instituciones”, refirió.
Mencionó otros aspectos de la transformación policial como el aspecto comunicacional, la presentación de éxitos tempranos, alianzas con sociedad civil como iglesia o empresa privada.
La captura de la fuerza policial
Cuadra resumió el recorrido institucional de la policía nicaragüense que lo llevó a su estado de captura actual, iniciando por sus inicios como policía sandinista. La policía nació en 1979 como parte del proyecto de la revolución, sus fundadores eran exguerrilleros y nació como parte de un conjunto de instituciones estatales, concebidas para defender el proyecto de ese gobierno, aparte de cumplir con las tareas de seguridad interna.
Era poco importante, pero tenía relación con la ciudadanía, incorporaba las diferentes especialidades que le daban un sentido de profesionalidad, pero cuando se produce la transición a la democracia en 1990, repentinamente se convirtió en el centro de todos los conflictos de la transición, hubo mucha movilización y protesta social y tuvo que encargarse de eso, frente a la baja capacidad de negociación y resolución de conflictos del gobierno.
Cuadra recordó el dilema institucional de entonces, seguir siendo parte de esos vínculos de origen con el proyecto político de la revolución o convertirse en una institución nacional que tenía una responsabilidad frente a los ciudadanos, después de dos años decidieron ir por el segundo camino y se inició un proceso de modernización y profesionalización, cambios internos desde el nombre y uniforme, como los más visibles.
Llegaron a tener un gran reconocimiento, mucha legitimidad y confianza entre la ciudadanía, según los sondeos de opinión hasta el 2010, era un proceso que tenía muy buen rumbo, con un aparato relativamente pequeño, pero completo en sus especialidades.
En 2007 se produce un cambio cuando Ortega regresa a la presidencia, comienza un proceso de cooptación de la institución, sobre los mandos de primera línea e intermedios, a través de prebendas, promoción de cargos y rangos adelantados, participación en negocios oscuros por no decir ilícitos, eso fue subordinando a la institución a la voluntad de Ortega hasta el 2014 que aprueba una nueva ley de policía que establece una relación de subordinación directa a la figura presidencial, elimina todos los mecanismos de control civil que había y abre espacios para la participación de negocios, como cualquier persona jurídica.
Desde el 2014 se estaba viendo un patrón en el cual la Policía se involucrada en violaciones de derechos humanos, particularmente por el inicio de un ciclo de movilización social desde 2013 que era respondido de manera coercitiva con mecanismos de represión, esto se incrementó en 2018 con el estallido social que abrió unas crisis sociopolíticas hasta el día de hoy, la policía ha sido la punta de lanza de la represión.
La experta indicó que el actual gobierno tiene un sistema y aparato de represión, vigilancia y control del cual es parte la policía. Solo en el 2018 más de 320 personas fueron asesinadas, miles de heridos, más de cien mil exiliados por la represión y una serie más de gravísimas violaciones a los derechos humanos.