La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, cerró ayer miércoles su período de cinco años, tiempo en el que se aprobaron 157 leyes y 599 decretos, incluida una resolución en la que pidieron a Ortega retirar al país de la OEA.
El sancionado Gustavo Porras, titular del Parlamento, recordó en su informe que el pasado 16 de noviembre 83 de los 91 diputados aprobaron una declaración en la que instaron a Ortega, denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siguiendo el mecanismo estipulado en el Artículo 143 de dicho instrumento.
El Parlamento también aprobó un paquete de leyes represivas, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que sanciona pagos y donaciones del exterior; y la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga cualquier información que el régimen considere como amenaza.
También la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide aspiraciones políticas a quienes critiquen al régimen de Ortega o aplaudan sanciones a sus funcionarios; así como una reforma al Código Penal que estableció la cadena perpetua para “crímenes de odio”.
Además, una reforma legal para que las personas permanezcan en prisión hasta por tres meses sin ir a juicio.
Entre los últimos decretos aprobado está la derogación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en diciembre de 2006 entre Nicaragua y Taiwán, considerada por China una provincia rebelde.
Asimismo, esta semana, el Parlamento anuló con trámite urgente ocho acuerdos o instrumentos jurídicos suscritos entre Nicaragua y Taiwán.
Porras detalló que en 2017 aprobaron 207 instrumentos jurídicos, entre leyes y decretos; 163, en 2018; 152, en 2019; 142, en 2020; y 92 este año, de acuerdo con EFE.
Asimismo, dijo que del 2017 al 2021 celebraron 362 sesiones plenarias, de las cuales 307 fueron ordinarias, 43 especiales, dos extraordinarias y diez sesiones solemnes de inauguración y clausura.
PORRAS TILDA DE “DELINCUENTES” A OPOSITORES PRESOS
Durante su informe, Porras criticó a los opositores detenidos en su mayoría acusados por “traición a la patria”, a los que tildó de “delincuentes” y los acusó de haber intentado un “golpe de Estado” contra Ortega en abril de 2018.
“Los delincuentes que hoy tienen que rendir cuentas ante el pueblo de Nicaragua por sus crímenes y que están presos por esos crímenes. Los que están presos, no están presos por pensar diferente o por no ser sandinistas, están presos porque destruyeron, incendiaron, asesinaron, golpearon la economía, y asesinaron a centenares de nicaragüenses”, sostuvo.