Por Mundo Jarquín
Los diferentes actores institucionales y personales, tanto nacionales como internacionales, es decir, organizaciones civiles y políticas, empresarios, ejército, Iglesias, exilio, comunidad internacional, incluso los propios militantes del Frente Sandinista, se deberían preguntar si acaso solamente quieren se postergue la crisis política y sus consecuencias económicas negativas, y permanecer en la situación actual, o deseamos que la misma se solucione.
Lo primero se deduce de las autoridades económicas que han pronosticado que este año creceremos el 2.5%, e incluso el 3.5% del PIB, y el Ministro de Hacienda dijo que estábamos encaminados a regresar al 5% de crecimiento económico. Son, en definitiva, buenos deseos que parten de confundir el alivio financiero temporal que recibió el gobierno por la pandemia y los huracanes, y que este año se incrementará el gasto y la inversión pública y habrá una cierta reactivación económica, con una situación permanente y definitiva.
Si el gobierno asume que ese alivio financiero de naturaleza temporal, es porque todo volvió a la “normalidad”, como desde hace dos años lo anunció, y por tanto realiza esos pronósticos económicos tan favorables, se equivoca totalmente. Si ese es el supuesto con el cual la familia gobernante impone la actuación del gobierno, solamente estará dispuesto a realizar reformas electorales cosméticas, y de ahí a que se imposibilite la observación electoral internacional de las elecciones de noviembre y la abstención de la oposición, hay solamente un paso.
Es muy difícil, casi imposible, que la OEA envíe una Misión de Observación Electoral -y por tanto la Unión Europea- si las reformas electorales no proporcionan las condiciones mínimas para unas elecciones creíblemente democráticas, y se negocien a su vez los términos de referencia de las condiciones postelectorales.
Especular que los recientes cambios en los gobiernos latinoamericanos favorecerían a la familia gobernante en Nicaragua, y que por tanto la correlación de fuerzas en la OEA cambiaría en beneficio de la misma, sería asumir que se ignore la masacre que se cometió y ha sido documentada por contundentes informes de las principales organizaciones de los derechos humanos. Además muchos gobiernos, más sensibles a esos informes, mantendrán la actitud actual.
La familia gobernante tiene el impulso natural, en su obsesión por el poder, de equivocarse en su evaluación de la situación nacional e internacional que confirme sus prejuicios, y solamente realizar reformas electorales aparentes que permitan una reproducción de las elecciones de 2016, en que se excluyó a la oposición y no hubo observación internacional. Como lo han reconocido los propios organismos empresariales, esa complacencia con el régimen de Ortega permitió que la dictadura se desbocara y terminara en la tragedia de 2018.
La exclusión de la oposición en las elecciones de 2016, juntó agravios políticos sobre otros agravios, y no solamente a la oposición política. Recuérdese que la familia gobernante lo hizo a través de un partido político que era una reproducción del partido único, que no solamente ganaba el 90% de las alcaldía sino que era imposible, para un campesino exportar frijoles, un comerciante conseguir un tramo en el mercado municipal y un empresario grande sin ir a El Carmen, conseguir se realizara un trámite así fuese pequeño, mediano o grande. Había que verle la cara al Sultán mayor en El Carmen, y a los sultancitos en las diferentes dependencias del Estado, en municipios y comarcas. Todos esos agravios se sincronizaron y estallaron en abril de 2018.
Si el gobierno no realiza reformas electorales que permitan observación electoral internacional y participación de la oposición, seguirá aislado internacionalmente, como ocurrió en 2016 con la Nica Act, aprobada en septiembre de ese año. La crisis política continuará, la situación económica se agravará después de la pasajera reactivación de este año, y en algún momento, más tarde o más temprano, tendremos otro estallido.