Por Mundo Jarquín
Aunque no tuvo mucho trascendido noticioso, hace dos semanas se reunieron en un hotel de Managua algunos empresarios preocupados por la situación de sus negocios. Siendo un desasosiego que comparten todos los empresarios, ya sean grandes o muy pequeños, sandinistas o no sandinistas, llamó la atención lo ralo de la convocatoria ya que la inquietud es generalizada entre todo tipo de negocios, después de tres años de aguda recesión económica. Fue, además, visible la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de la totalidad de sus cámaras empresariales, aunque algunos asistentes formaran parte de las mismas.
Si la preocupación es tan ampliamente compartida y la convocatoria a la reunión tan escasa, cabe preguntarse: ¿por qué esa escasez si es tan generalizada la preocupación? Creo, firmemente, que independientemente de la motivación política de la convocatoria, muy pocos quieren volver a la situación de antes de abril de 2018, en que hubo un divorcio entre la situación económica y el sistema político, y muy pocos, en su desesperación económica, desean volver a ese divorcio.
Una vez finalizado el gobierno de Violeta Chamorro, que fue capaz de reconciliarnos pese a las heridas de la guerra civil y se inició el crecimiento económico, durante una década ese crecimiento promedió el 3.9%. Y durante la década del gobierno de Ortega, pese a la drástica reducción de la deuda externa que le dejó el Presidente Bolaños, la multimillonaria cooperación petrolera venezolana, el boom sincronizado en todos los productos de exportación y otros factores favorables, apenas creció ligeramente arriba, el 4.2%. Mientras tanto, se acumulaban agravios en todos los sectores sociales, lo que explica el estallido político de protestas en abril de 2018, que desencadenó la crisis económica.
Pero lo que es más grave, Ortega ha reaccionado en estos casi tres años en la misma forma que antecedió al estallido de 2018: no solo con más represión, ahora exacerbada, sino también atemorizando a los empleados públicos con las pérdidas de sus trabajos, persiguiendo fiscalmente a los empresarios, negando matrículas y becas en universidades a quienes no militan en la juventud sandinista, sometiendo en los mercados a los comerciantes y vivanderas a las “argollas” gubernamentales, orteguizando al FSLN en detrimento de los “históricos” y sus familias, imponiendo la corrupción y discriminando partidariamente en beneficios y favores, como ha ocurrido en los huracanes recientes. En fin, los mismos agravios que se sincronizaron y estallaron en las protestas.
Es totalmente pertinente la preocupación de quienes se reunieron para expresar las quejas económicas que afectan a sus empresas y negocios, pero no se puede ofrecer el pasado como futuro. Los huracanes y la pandemia han posibilitado acceso a recursos frescos de financiamiento internacional, y es posible que el deterioro económico de la crisis política se amortigüe y contenga, pero eso será pan para hoy y hambre para mañana, como se formula popularmente, mientras no haya solución a la crisis política.
Así, por ejemplo, el reclutamiento partidario en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que ha incrementado sustancialmente el gasto administrativo aún se mantiene, y mientras tanto el gobierno ha destinado el 40% del préstamo reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) a ese fin, en vez de reducir la planilla partidaria y reducir la cuota de empresarios y trabajadores.
Entendemos la desesperación económica de esos empresarios, y aún más la de los desempleados, pero no se trata de volver a lo mismo, sino ver hacia el futuro, y el futuro de Nicaragua es sin dictadura.