La presión crece sobre EE.UU. para que expulse al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que se encuentra en Florida, después del asalto de sus seguidores a las sedes de los tres poderes, aunque ni Brasilia ni Washington han confirmado que haya una petición oficial a ese respecto.
Bolsonaro se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que le sucediera el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien todavía no ha felicitado por su victoria en las elecciones del pasado mes de octubre.
Tenía pensado volver a finales de enero, pero ha decidido anticipar su vuelta a Brasil por unos dolores intestinales, recurrentes desde la puñalada que recibió en 2018 y que le obligaron a pasar por un hospital de Orlando, dijo el propio Bolsonaro a CNN Brasil.
Entretanto, legisladores demócratas han pedido al Gobierno del presidente Joe Biden que se expulse a Bolsonaro de EE.UU., al que acusan de orquestar “ataques a la democracia” en Brasil y dibujaron paralelos entre lo sucedido en el país suramericano y el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.
En una carta dirigida a Biden, 46 miembros de la Cámara de Representantes pidieron este jueves a su Gobierno que se investiguen las acciones que Bolsonaro haya podido adoptar en suelo estadounidense “para ayudar la insurrección” en Brasil y que se le revoque cualquier permiso que tenga para estar en EE.UU.
Los legisladores aseguraron en su carta que el expresidente brasileño entró a EE.UU. con una visa A-1, que se concede a diplomáticos o funcionarios gubernamentales.
“Como ya no es el presidente de Brasil ni se desempeña actualmente como funcionario brasileño, le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, señalaron los congresistas a Biden.
El Gobierno estadounidense no ha aclarado el estatus legal que mantiene Bolsonaro en el país, alegando que no puede ofrecer datos sobre ciudadanos particulares porque son confidenciales.
No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha señalado que las personas que entran a EE.UU. con una visa A-1 tienen 30 días para salir del país o pedir un cambio de su estatus, si deja de ser funcionario gubernamental.
NO EXISTE AÚN UN PEDIDO DE EXTRADICIÓN
El senador Tim Kaine, también demócrata y jefe del comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo al portal Politico que si EE.UU. recibe un pedido de extradición, debe ser atendido.
“Creo que debemos ser receptivos si existe un procedimiento criminal legítimo y hay una petición de extradición”, dijo el legislador al portal de noticias.
Por el momento, ni EE.UU. ni Brasil han confirmado que exista ya una solicitud de extradición, pese a que Bolsonaro tiene varias cuentas pendientes con la justicia brasileña.
Si llegara a presentarse, aseguró a EFE el analista político y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington Michael Shifter, el Gobierno de Biden “debe tratarlo de manera muy seria”.
Washington ha asegurado que está a la espera de cualquier petición de ayuda de las autoridades de Brasil en las investigaciones relativas al ataque del domingo.
Además de Bolsonaro, el exministro de Justicia, Anderson Torres, también está en territorio estadounidense. Sobre él pesa una orden de prisión por su presunta “omisión”, como responsable de la seguridad de Brasilia, en la intentona golpista perpetrada el domingo por miles de bolsonaristas radicales.
Torres anunció el martes su regreso inminente a Brasil para ponerse a disposición de la Justicia, algo que todavía no ha hecho.
*EFE