Varias organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas junto a periodistas independientes en Nicaragua presentaron este jueves el informe de la verdad: “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”, co-producido de manera conjunta por 15 organizaciones, el cual registra y analiza los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en el país.
El documento, actualiza más de tres años de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y busca hacer un llamado a la opinión pública y la comunidad internacional para mantener la atención en el país donde se mantiene un “Estado Policial de Excepción”.
En la presentación participaron, la comisionada Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Erika Guevara, Directora Latinoamérica de Amnistía Internacional (AI); Tamara Taraciuk, Directora para Las Américas de Human Rights Watch; Jimena Reyes, Directora para Las Américas de International Federation for Human Rights (FIDH), entre otros activistas nicaragüenses.
Las organizaciones denunciaron que Nicaragua vive un “Estado de excepción y de terror” y pidieron a Naciones Unidas instalar una “misión de verificación” para evaluar la situación en el país.
En Nicaragua “se cometen crímenes de lesa humanidad” bajo responsabilidad del régimen de Daniel Ortega, según el informe, avalado por la CIDH.
El informe documenta cada una de las etapas del accionar estatal, que iniciaron en abril de 2018, “desde la represión generalizada a la manifestación ciudadana, la imposición de un Estado de Terror y la Operación Limpieza”, en la que murieron cientos de personas.
También denuncia la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la prohibición de la protesta social, “el camino hacia un Estado de Excepción, los secuestros exprés, las torturas y las evidencias de cárceles clandestinas”.
Además, “el encarcelamiento y criminalización de opositores electorales”, estos últimos de cara a la farsa electoral pasado 7 de noviembre.
El informe detalló que en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2018, murieron 355 personas, incluyendo 27 niños y adolescentes, 2.000 resultaron heridas, más de 1.614 fueron encarceladas, cientos de profesionales de la salud, del magisterio y estudiantes, fueron despedidos o expulsados, y más de 100.000 personas huyeron de Nicaragua, entre estas casi un centenar de periodistas.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo durante la presentación telemática del informe que el documento está “en consonancia” con “todos los informes que ha hecho la Comisión”.
Urrejola agregó que en 2018 “el Estado de Nicaragua realizó conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad”, y sostuvo que “ahora lamentablemente se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos, que busca impedir cualquier forma de manifestación contra el Gobierno”.
Además, hizo un llamado “al cese de tortura y aislamiento contra las mujeres presas en la cárcel de ‘El Chipote, y especialmente para la inmediata liberación de las 160 personas presas políticas”.
El informe, presentado por las ONGs Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Acción Penal, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre otros, lamentó la falta de justicia en el caso del país.
“El mundo entero conoce las atrocidades que hoy en día siguen sucediendo bajo el régimen del presidente Ortega. Sin embargo, a más de tres años de iniciada esta crisis y en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, no se ha logrado avanzar en procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y retorno a la democracia”, indicaron.
En ese sentido, propusieron a la ONU la instalación de una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Nicaragua”.
En el informe también participaron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Grupo de Excarcelados Políticos, Presos Políticos Nicaragua, Iniciativa Nicaragüense Defensoras, Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), Popol Na, Unidad de Defensa Jurídica, Unidad de Registro, y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).
Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo que la represión estatal contra activistas y opositores en Nicaragua no han variado desde 2018 y que al menos 56 ONG han sido clausuradas por el régimen orteguista desde entonces. “Apoyamos una misión de verificación de la ONU para examinar in situ la situación en Nicaragua”, añadió.
“A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad (…) ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos”, destacó por su parte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que en mayo de 2018 supo de la muerte de 83 manifestantes a manos de policías y paramilitares, y que fue testigo presencial de dos ataques “desmedidos y brutales” de las fuerzas del régimen contra civiles desarmados. “Y hoy la represión no ha cesado”, aseguró.
“En Nicaragua no hubo elecciones, todo fue una farsa”, dijo por su lado la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, otra de las ONG autoras del “Informe de la Verdad”.
El documento cita como “blancos de ataque” a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas y religiosos. La prensa independiente ha sufrido “amenazas, difamación, asedio, allanamientos y confiscación de bienes, además del encarcelamiento” de periodistas y comunicadores, de los cuales seis permanecen en prisión.
Para Boanerges Fornos, director de la ONG nicaragüense Acción Penal, Ortega ha manejado la fuerza pública, el Poder Judicial, las alcaldías y el sistema de justicia, como parte “de una política de terror generalizado para instalar un estado de excepción y acallar cualquier disidencia política”.
Agregó que “la gran mayoría de asesinatos y crímenes de lesa humanidad no han sido judicializados”, porque existe “un estado de impunidad completo e institucional” que infunde temor entre la población para formular denuncias y demandar justicia.
En este sentido, Tamara Taraciuk, directora de las Américas de HRW, dijo que el régimen de Ortega utiliza las leyes “como instrumento de represión” para criminalizar a la disidencia, a la vez que pidió a Ortega “el cese de la tortura y el aislamiento de las personas presas políticas”.