El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) publicó este lunes su informe ‘Perspectivas 165: Sin Dios y sin ley’, en el cual analiza la confrontación abierta que ha tenido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Iglesia católica en Nicaragua.
Según el informe, en los últimos meses los ataques dirigidos contra la Iglesia se han incrementado e incluyen la detención y procesamiento a dos sacerdotes católicos por supuestos delitos de orden común, además del cierre de medios de comunicación católicos.
Lo más reciente es el secuestro de Monseñor Álvarez, Obispo de Matagalpa y Estelí, junto a seis sacerdotes, dos seminaristas, un coristas y dos camarógrafos, a quienes mantiene bajo el régimen de facto de casa por cárcel negándoles el acceso a alimentación y medicamentos.
Todo lo anterior, a pesar de que en el país “la Iglesia católica es la institución que tiene los más altos porcentajes de confianza y credibilidad ciudadana”.
La hostilidad en la crisis
Desde la visión de CETCAM “el activo papel que ha tenido la Iglesia protegiendo a la población de la represión, le ha generado la animadversión del régimen y en diferentes momentos no ha dudado en atacarlos directa y abiertamente”.
Los ataques a templos y sacerdotes se mantuvieron desde 2018 y han incluido “agresiones, amenazas, persecución, hostigamiento y presiones para que los religiosos y religiosas abandonen el país; obstáculos y cancelación de personerías jurídicas a organizaciones religiosas sin fines de lucro y caritativas”, detalla Perspectivas 165.
El silencio, la cárcel o el destierro
El informe puntualiza que la confrontación del régimen con la Iglesia “está llegando a uno de sus puntos más álgidos y los quiere forzar a tomar uno de tres caminos: el silencio ante la situación del país, la cárcel o el destierro en el caso de que no acepten bajar la cabeza”.
“A raíz de la expulsión del representante de El Vaticano a inicios de 2022, los ataques y la persecución contra los religiosos se ha incrementado. El nivel de presión y violencia política ha llevado a varios religiosos a la cárcel, al silencio forzado y al destierro. Como se mencionó antes, varios sacerdores como monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román fueron forzados de salir del país en 2019 y 2021, respectivamente, igual que las recién expulsadas Misioneras de la Caridad”, señala el texto.