El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentaron este miércoles en San José, Costa Rica, la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua”.
En la presentación intervinieron Silvia Gutiérrez, activista política e hija de la presa política Evelyn Pinto, y algunas de las defensoras nicaragüenses participantes en la investigación, entre ellas Ana Quirós, Alexandra Salazar y Wendy Flores.
En el caso de Nicaragua, se dijo que la criminalización es una herramienta de control para impedir la defensa de derechos en el país.
“En el marco de la deriva totalitaria emprendida desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, la criminalización ha sido uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos”, señala el informe desarrollado en 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a partir de los testimonios de 28 defensoras nicaragüenses criminalizadas.
Los testimonios fueron recabados de manera virtual a través de 5 entrevistas individuales y la realización de 4 grupos focales que también contaron con la participación de abogadas encargadas de los casos, algunas de las cuales también han sido objeto de criminalización.
“En la actualidad, en Nicaragua hay más de 200 personas presas políticas, 21 de las cuales son mujeres; entre ellas varias feministas y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Tamara Dávila, quien fue una de las defensoras participantes en la investigación y que, como el resto de presas políticas, sigue privada de libertad bajo condiciones inhumanas de incomunicación, aislamiento e insalubridad”, indicó el texto.
No obstante, el estudio refleja “cómo desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el régimen de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que estas apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez”, y “de que se opusieran a la penalización del aborto que Ortega pactó con la jerarquía católica”.
“También fue usada contra quienes, como Doña Francisca Ramírez, alzaron su voz contra el macroproyecto del Canal Interoceánico que amenazó los territorios y las vidas de muchas comunidades campesinas”, señala.
La investigación también hace hincapié en cómo la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como “señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias”.