Los hermanos Umanzor y Mónica López Baltodano, presentaron el jueves 23 de marzo en Costa Rica, el libro “Ruta mafiosa. ¿Quiénes controlan la concesión canalera en Nicaragua?”, el cual expone la corrupción detrás de este fallido proyecto que la dictadura de Daniel Ortega ha impulsado desde 2013.
El libro de 157 páginas expone “la naturaleza mafiosa y fraudulenta de la concesión, y los pasos más importantes de la negociación secreta y entreguista de Ortega con el empresario chino Wang Jing”.
Se trata de una investigación jurídica y documental realizada desde 2014 por los hermanos López Baltodano, y editada y publicada por el Colectivo Popol Na.
Y que además está dedicado a “las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se sublevaron masivamente contra la concesión canalera. A todos los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, académicos, periodistas y defensores(as) de derechos humanos que nunca dudaron en proteger la tierra, el lago y la soberanía. A Migdonio y Francisca, por su sabiduría y ejemplo de vida”.
“A través del análisis de la información obtenida de registros en Hong Kong, Beijing, Shanghái, Países Bajos, Islas Caimán y Nicaragua, se demuestra que detrás de la figura pública del concesionario chino, se esconde una ruta mafiosa, corrupta y depredadora que busca destruir los derechos más elementales de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de toda la ciudadanía nicaragüense al privatizar arbitrariamente bienes comunes claves de la población del Estado de Nicaragua, como es el Gran Lago Cocibolca e invaluables áreas protegidas”, reza la presentación del libro.
Para ejecutar el “megaproyecto” canalero, Wang Jing, creó un entramado de 23 empresas fantasma registradas alrededor del mundo. Estas empresas, sin ningún respaldo financiero o técnico, fueron constituidas apenas semanas antes de la entrega de la mega concesión. El ministro de Hacienda, Ivan Acosta, aparece como Director de una de estas empresas en Islas Caimán.
El dictador Daniel Ortega inició negociaciones secretas e ilegales, y entregó derechos exclusivos a las empresas de Wang Jing, un año antes de contar con cualquier mandato legal y de anunciar el proyecto canalero a la opinión pública, señala la presentación.
“Estas revelaciones siguen siendo de suma importancia. En primer lugar porque el entramado, que compromete el total del territorio de Nicaragua, aún está vigente, y la dictadura pretende hacerlo prevalecer. Por ello, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no dejan de incluirlo en sus discursos públicos. Adicionalmente, en un contexto de enfrentamiento geopolítico entre grandes potencias, Ortega ha puesto a disposición de otros países del eje autoritario, una concesión que permite explotar el país sin cortapisas, servir como ruta de comercio alternativa y, en el peor de los casos, como enclave militar”, anotaron los autores.
Entre las conclusiones del libro se advierte que “mientras la Ley 840 y el Acuerdo Marco continúen en vigor, los riesgos de expropiación de territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, bienes comunes de trascendental importancia tales como el Lago Cocibolca y las áreas protegidas, así como propiedades privadas, estarán sujetas al arbitrio de la dictadura y sus allegados”.
Por ello, se hace “un llamado a los trabajadores del Estado y del Registro Público Mercantil de Nicaragua para que puedan proveer —de forma sigilosa— información actualizada sobre las sociedades mercantiles vinculadas a la concesión canalera en la actualidad, como un aporte a la defensa de los derechos humanos de la población nicaragüense”.
“Igualmente llamamos a gobiernos democráticos, medios de comunicación e instituciones de investigación, a continuar profundizando en el entendimiento del entramado del negocio canalero y la búsqueda de mejores respuestas a las interrogantes que han quedado planteadas en esta investigación. Finalmente, esperamos que esta investigación contribuya a mantener firme la demanda pública ciudadana por la derogación de la concesión canalera y la urgencia de una transición democrática en Nicaragua, mientras reclamamos la liberación inmediata de todas las personas presas políticas”, concluye.