La señora Marbely del Rosario Leal López, esposa del preso político Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, denunció que el pasado 23 de agosto su cónyuge fue fuertemente golpeado en la cárcel ‘La Modelo’ hasta desmayarlo y posteriormente encerrado en una celda de máxima seguridad.
La denuncia de Leal López hecha al portal Boletín Ecológico, detalla que las autoridades penitenciarias le suspendieron la visita a su esposo programada para ayer martes. Pero que tras insistir, la dejaron verlo y este le dijo que al menos 20 guardias lo habían agredido.
“Hoy vengo denunciando las arbitrariedades del Sistema Penitenciario Jorge Navarro en contra de mi esposo, quiénes el pasado 24 de agosto le suspendieron la visita. Yo esperé afuera para que me explicaran, fue una compañera que había entrado quiénes me comentaron que había sido golpeado con un garrote en la en la nuca desmayándolo para luego sacarlo de arrastra a una celda de máxima seguridad”, dijo la esposa a Boletín Ecológico del colega David Quintana.
Según Marbely, de inmediato fue a pedir explicaciones sobre la situación de su esposo y tras media hora de espera, le permitieron verlo.
“Me llevaron a la celda 300 de máxima seguridad en donde lo vi por medio de un vidrio y hablándole por medio de un teléfono y me comentó que lo rodearon como veinte guardias, lo golpearon y uno de ellos le dio en la nuca perdiendo el conocimiento y despertándose en la celda de castigo bien golpeado, con un labio partido y un pie fracturado”, aseguró.
Mendoza Beteta ya había estado secuestrado por el régimen orteguista y fue liberado bajo la polémica Ley de Amnistía en junio de 2019.
Tras su segunda captura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y a su núcleo familiar.
La Comisión consideró que la situación reúne “prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”, puesto que Mendoza Beteta está privado de libertad en condiciones “inadecuadas y siendo objeto de amenazas y actos de violencia por parte de agentes estatales”.
En el caso de su familia también sería blanco de hostigamientos, apuntó la CIDH.