La abogada Eilyn Cruz, integrante de ‘Acción Penal’, afirmó este miércoles que los delitos electorales que actualmente están ocurriendo en Nicaragua de cara a las votaciones del 7 de noviembre “son visibles, notorios” y se dan en las diferentes instituciones de Estado.
En entrevista con La Mesa Redonda, Cruz sostuvo que todos los ciudadanos nicaragüenses y todos los funcionarios del Estado de Nicaragua están sometidos a la Constitución Política y a las leyes “para regular el proceso electoral que es la Ley 331 que es la que regula los procesos electorales anteriores y que es una ley de rango constitucional”.
Sin embargo, –agregó– con las reformas realizadas en mayo de este año por el régimen orteguista mediante una reforma a través de la Ley 1070 de carácter “secundario”, se modificó a la Ley 331 que es de “rango constitucional”.
Con esta reforma a la Ley Electoral, el régimen de Daniel Ortega ha venido realizando maniobras para condicionar el actual proceso electoral a su favor, pues busca una “reelección” junto a su mujer Rosario Murillo.
Entre las maniobras del régimen está el apresamiento de precandidatos presidenciales de la oposición, la cancelación de la personalidad jurídica a partidos políticos y la no apertura para la formación de nuevos partidos políticos, es decir en este país “no hay pluralismo político”, asegura la abogada.
“No hay representatividad, no hay libre elección y no hay pluralismo político, ese es un derecho constitucional que está siendo restringido a todos los ciudadanos”, dijo Cruz.
Una de las situaciones que se plantean en la reforma electoral es que no pueden aspirar a ser candidatos presidenciales quienes ejercieran algún tipo de ‘menoscabo a la integridad a la patria’, que es una inhibición para los ciudadanos que tenían aspiraciones presidenciales y con una tendencia alta de votantes a favor. “Esa es una de las arbitrariedades”, apuntó.
DELITOS ELECTORALES
La experta indicó que es un delito electoral “hacer proselitismo político y campaña electoral dentro de una institución pública” como hospitales, escuelas, el ministerio y alcaldías, “eso está establecido como un delito electoral, porque las instituciones son públicas, forman parte del Estado, y el partido no es el Estado. El Estado es independiente de los partidos políticos”, explicó.
Otro delito electoral es que un alto funcionario del Estado presione a un subordinado para que vote por un partido.
Cruz manifestó que no se puede corroborar a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en el actual proceso electoral por la desconfianza que existe en el Poder Electoral, dirigido por simpatizantes orteguistas.
“El Consejo Supremo Electoral es el cuarto poder del Estado y en él no hay una representatividad de diferentes sectores. Cualquier información que venga del CSE, el ciudadano común desconfía”, zanjó.
A esto se suma que no hay observadores internacionales de gran prestigio, como el Centro Cárter.
Que puede ser procesado algún miembro de las Juntas de Receptoras de Votas que se niegue a firmar el acta de escrutinio de las votaciones.
Cruz finaliza diciendo que en Nicaragua “se nos ha vulnerado a todos los ciudadanos el poder ejercer el derecho al voto”, en ese sentido declaró que “todos los ciudadanos teníamos el derecho de ejercer el derecho al voto, de elegir a un determinado candidato”. Sin embargo, “hoy en día no tenemos este derecho porque no hay representatividad. Estamos ante una situación donde se ha restringido ese derecho a la mayoría de los ciudadanos”.
*Foto: Confidencial