El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue arrestado el martes en su residencia en Palmas de San Ignacio, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. Fue el más reciente giro de su caso, que sigue a su salida del poder hace poco más de dos semanas.
Hernández fue trasladado en helicóptero a los tribunales, donde comparecerá ante el juez Edwin Francisco Ortez, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras para evaluar el expediente de extradición. Ortez ordenó el martes la detención del exmandatario.
La detención, a menos de un mes de que un nuevo gobierno tomara posesión en Honduras, ocurre tras la solicitud el lunes de Estados Unidos para que sea extraditado Hernández, a quien había añadido recientemente a una lista de actores corruptos.
Hernández se enfrenta a tres cargos por narcotráfico, uso de armas para el narcotráfico y conspiración para usar armas en el tráfico de estupefacientes, según reportó Associated Press citando al ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón.
Estados Unidos señala a Hernández por supuesta “conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela”, aseguró la embajada estadounidense en una carta diplomática al gobierno hondureño, filtrada a medios locales.
El expresidente hondureño es acusado en Estados Unidos de recibir “millones de dólares en sobornos y ganancias de múltiples organizaciones” de narcotráfico de Honduras, México y otros países, según la misiva, reportó primero el diario local La Prensa.
El expresidente ya había sido salpicado en juicios contra narcotraficantes convictos en EE.UU., entre ellos el de su propio hermano, el exlegislador Tony Hernández, condenado a prisión de por vida por tráfico de drogas.
Hernández, quien gobernó el país centroamericano por ocho años, dejó la presidencia el 27 de enero, cuando fue juramentada la presidenta Castro de Zelaya.
El gobierno de Castro celebró la detención de Hernández como “un éxito” y “un hecho histórico”, según dijo el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, de acuerdo con Reuters.
En el anuncio de la inclusión de Hernández al listado de actores corruptos, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, señaló que el expresidente cometió o facilitó “prácticas de corrupción y narcotráfico” y utilizó “ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas”.
El expresidente Hernández ha negado las acusaciones, asegurando que se trata de una “falsa narrativa” de los narcos.
El Partido Nacional, que llevó a la presidencia en dos términos a Juan Orlando Hernández, instituto político con 44 diputados en el Congreso Nacional, se ha solidarizado con el expresidente.
“Nos solidarizamos con la situación personal por la que está atravesando el expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un líder querido dentro de nuestra Institución Política”, dijo el partido en un comunicado.
Los abogados de Hernández dijeron que el ex presidente tiene la intención de “seguir el proceso legal correspondiente y defender su Inocencia”, según un comunicado.
Además del caso contra su hermano, el expresidente también fue salpicado en los juicios contra Geovanny Fuentes y Devis Rivera, exlíderes del cártel de Los Cachiros, que traficó drogas hacia EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar sobre el caso de Hernández, en un correo electrónico a la Voz de América.
El Departamento de Estado norteamericano tampoco respondió a una solicitud de comentario de VOA.
¿Tiene Juan Orlando Hernández inmunidad parlamentaria?
El futuro de Hernández está ahora en manos de la Corte Suprema de Honduras, que debe decidir si aprobar o no el pedido de extradición de EE.UU., explicaron los abogados.
El tribunal se reunió de urgencia el martes y designó al juez Edwin Francisco Ortez como el encargado de revisar el expediente de extradición presentado por EE.UU.
En casos previos de pedidos de extradición por parte de EE. UU. la corte hondureña “hasta ahora ha fallado a favor”, explicó a la VOA Federico Álvarez, abogado y analista político.
La única excepción, explicó el analista, sería que existiera un juicio ya contra Hernández en Honduras previo a la solicitud de extradición. En ese caso, “hasta que ese proceso judicial termine, tiene prioridad sobre la extradición”, explicó. Por ahora, no existe un proceso de esta naturaleza.
Días después de que la presidenta Castro de Zelaya tomara posesión como presidenta de Honduras, Hernández se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), conformado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
En el pasado, figuras políticas centroamericanas han alegado tener inmunidad por ser diputados del Parlacen ante pedidos de extradición por parte de EE.UU. El caso más reciente es el de los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Las cortes en Guatemala, donde fueron arrestados, desestimaron los argumentos de sus abogados de que tenían inmunidad al ser nombrados diputados suplentes del Parlacen y fueron extraditados a EE. UU., donde cumplen una condena por lavado de activos.
Según las leyes estadounidenses, las organizaciones internacionales reconocidas por EE. UU. —como la ONU, la OEA o la Cruz Roja—reciben los mismos privilegios que un gobierno extranjero, entre ellos cierta inmunidad ante procesos judiciales o ante el registro y confiscación de bienes.
El Parlacen no está en la lista de organizaciones internacionales reconocidas por la ley estadounidense, dijo a VOA un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.
Según los estatutos del Parlacen, sus miembros obtienen la misma inmunidad de la que gozan los “diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales” en sus países e inmunidad diplomática en los estados miembros.
El Parlacen otorga inmunidad a sus funcionarios “por actos que se realicen siendo funcionario” del organismo, explicó Álvarez.
Es decir, si los actos de los que es acusado Hernández los cometió antes de ser diputado, no estaría cubierto por la inmunidad, aseguró el jurista hondureño.
Los estatutos del Parlacen también estipulan que se pueden retirar las inmunidades de un diputado a solicitud del país del cual es nacional. Además, dice el reglamento, “en caso de flagrante delito”, el parlamento “procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las inmunidades”.
Antes de la detención el martes, Hernández dijo en un mensaje de audio divulgado en su cuenta de Twitter que está “presto y listo para colaborar” con la justicia de su país.
“Suficientes pruebas” contra Hernández
En la sentencia contra el hermano de Hernández, los fiscales estadounidenses expusieron que el expresidente jugó un papel importante en una “conspiración para traficar drogas violenta y promocionada por el estado”.
Este lenguaje indica que “la DEA y el Departamento de Justicia parecen estar bastante confiados en la cantidad de evidencia que hay para apoyar las acusaciones que hacen”, dijo a VOA David Weinstein, abogado y exfiscal federal del condado de Miami-Dade.
Según Weinstein, “parece que hay suficientes pruebas» para que el Departamento de Justicia siga adelante con un proceso contra Hernández.
La decisión de incluir a Hernández en la lista de actores corruptos y revocarle su visado fue un indicio de lo que EE. UU. estaba pensando y “cómo entiende las acciones de Juan Orlando Hernández”, dijo el analista experto en Centroamérica Eric Olson, de la Fundación Internacional Seattle.
De ser aprobada su extradición, Hernández sería trasladado en custodia de las autoridades federales en Nueva York. Los cargos en su contra, aunque aún no han sido presentados oficialmente por el Departamento de Justicia, pero se presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según la carta de la embajada estadounidense filtrada.
De ser encontrado culpable, Hernández se enfrenta una pena máxima de cárcel de por vida, aseguró a la VOA el exfiscal Weinstein.
En la sentencia de Tony Hernández, condenado por traficar al menos 185,000 kilos de cocaína a EE. UU., los fiscales señalan que entre 2004 y 2019 le entregó “millones de dólares” en sobornos derivados del narcotráfico al expresidente. Los sobornos, aseguran los fiscales en la sentencia, alimentaron las campañas políticas del ex presidente en el 2009, cuando aspiraba a ser reelegido para diputado al Congreso Nacional.
En el 2013, aseguran los fiscales, Tony Hernández procuró un soborno de 1 millón de dólares del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a Juan Orlando Hernández.
Los sobornos, que ayudaron a crear impunidad para los protegidos de Tony Hernández, ayudaron a que Honduras se convirtiera en uno de los más importantes puntos de paso de droga hacia EE. UU. y un “narco-estado decrépito”, aseguran los fiscales.
Las mismas acusaciones de recibo de sobornos por parte del ex presidente también fueron hechas por el exlíder de Los Cachiros frente a la corte en Nueva York.
En el Congreso de EE. UU., representantes demócratas aumentaron la presión en las últimas semanas para traer a Hernández a rendir cuentas frente a la justiciar estadounidense. El legislador Bob Menéndez, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado pidió al gobierno del presidente Joe Biden “asegurar que Hernández rinda cuentas por sus acciones”. Lo mismo hizo la congresista Norma Torres, de la Cámara de Representantes.
Hernández se defendió citando directamente en Twitter a Torres y Menéndez, diciendo que los hondureños acusados de narcotráfico en EE.UU. están dando “falsos testimonios esperando a que se les reduzca la sentencia y vengándose de quien los persiguió”.