Ana María Chamorro memorizó dos días atrás la carta que le entregaría a su hermano, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien forma parte de la treintena de opositores a quienes el régimen de Daniel Ortega ordenó su arresto y los acusó de supuesta “traición a la patria”.
María Chamorro presentía que los custodios de la cárcel conocida como La Modelo no permitirían la entrada de ningún objeto de valor o de aprecio al opositor, quien se encuentra en una recóndita celda de máxima seguridad en Managua.
Las cartas eran de una hija del precandidato presidencial y de su esposa Victoria Cárdenas, a quien también las autoridades también abrieron una acusación en su contra. Ninguna de las dos ha podido ver al opositor desde hace cuatro meses, cuando fue detenido en su residencia en horas de la noche.
“Juan me preguntó por ellas, le dije que le llevaba una carta de su hija y de esposa cual no dejaron ingresar, por eso yo dos días antes me lo aprendí, se las dije y le llegó mucho al corazón”, contó Chamorro a la Voz de América.
Después de largas semanas sin conocerse la condición de los reos políticos, el régimen de Ortega finalmente notificó a los familiares para que pudieran verlos. Esta sería la segunda ocasión desde su arresto en que han podido conversar con sus parientes.
ESTADO DE JOSÉ PALLAIS
En un comunicado de prensa emitido horas después, los familiares señalaron en conjunto que a medida que pasa el tiempo, las condiciones de los presos políticos en Nicaragua, incluidas la de los siete precandidatos a la presidencia, se agrava más y algunos continúan en condiciones inhumanas y sometidos a torturas.
Tal es el caso del exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua José Pallais. En solo unos meses ha perdido aceleradamente 20 kilos.
“Él es jubilado, tiene 69 años, sin embargo, por haber expresado su opinión en cuanto al comportamiento del gobierno, eso le ha valido el castigo que se le está dando”, indicó Jilma Herdocia, esposa del político.
Dice que su esposo “ni siquiera tenía aspiraciones presidenciales”. “Solo quería dejar una Nicaragua mejor para sus generaciones. Lo único que ha hecho es expresar su opinión, lo que a mi criterio provocó que se lo llevaran detenido”, ha declarado a la VOA.
Herdocia subraya que en muchas oportunidades su esposo pudo exiliarse, pero “su amor por Nicaragua le obligaba a mantenerse aquí”.
Según la esposa del exfuncionario nicaragüense, lo mínimo que deberían hacer las autoridades es cambiarle la medida cautelar a prisión domiciliar, debido a que por su avanzada edad tiene problemas de hipertensión, diabetes, apnea del sueño y problemas pulmonares.
“A él se lo llevan detenido en un momento en el que estaba en reposo por su condición”, lamentó Herdocia.
En el caso del precandidato Juan Sebastián Chamorro, aparte de que bajó considerablemente de peso, su hermana indica que tenía ojeras, producto de la falta de sol.
“A veces sale cada 10 días, o en una semana, a recibir sol”, indicó.
PRISIONEROS POLÍTICOS COMO “FICHA DE CANJE”
Después de las declaraciones del oficialismo que ha adelantado la posibilidad de abrir un diálogo nacional una vez que se celebren los comicios presidenciales en Nicaragua, algunos analistas políticos consideran que Ortega pueda utilizar a estos prisioneros políticos como “ficha de canje”.
“Puede ser porque se están preparando para una negociación con la comunidad internacional y quieran llenarse de fichas de canje de alto valor para poder garantizar una salida para ellos. Y eso es lo que la comunidad internacional tiene que tener muy presente en todo momento”, subrayó el opositor y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Madrid Santiago Urbina al medio Radio Francia Internacional.
Ante este panorama Ana María Chamorro prefiere no hacerse ilusiones.
“Para mí lo ideal es que lo liberaran mañana. Mi hermano es inocente, pero a como están las cosas vamos un día a la vez, si esa fecha no viene y no pasa, te pones triste”, lamentó.
En total son 37 los opositores encarcelados en Nicaragua desde que comenzó una jornada de arrestos en junio de este año, cinco meses antes de las elecciones, criticadas ya desde entonces por gobiernos como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.