*Tomado de Infobae
El actual presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi llegó puntual este jueves a la cita. El pasado 20 de febrero, el nicaragüense Manuel Orozco retó a Mossi a sostener un debate sobre las acusaciones que se le hacen al banco regional tras convertirse en el principal soporte financiero de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Mossi aceptó casi inmediatamente la propuesta y se fijó la fecha para este jueves 16 de marzo a las 9:15 de la mañana, hora de Washington.
Orozco es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, y al debate se agregó Ryan Berg, director del Programa de las Américas, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Tanto Orozco como Berg acusan a Mossi de mantener una relación de complicidad con Ortega.
No son los únicos. La oposición nicaragüense mantiene una crítica generalizada al papel que ha desempeñado Dante Mossi en la presidencia del BCIE, cargo al que llegó en diciembre de 2018, apoyado entre, otros por el régimen de Daniel Ortega.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es un organismo que nace en 1961 como resultado de los vientos unionistas que existían en la región. Sus miembros fundadores son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En su crecimiento se han integrado otros socios como República Dominicana, Panamá, Belice, México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur.
El BCIE dispone de un “capital autorizado” de 5,000 millones de dólares para sus operaciones, según su Convenio Constitutivo, actualizado al 5 de febrero de 2021.
Mossi asumió a la presidencia ejecutiva del banco en plena crisis del régimen de Ortega, cuando la comunidad internacional empezó a darle la espalda por las graves violaciones a los derechos humanos que ejecutó para mantenerse en el poder.
Mientras la cooperación se alejaba y los préstamos de organismos multilaterales disminuían, el BCIE incrementó su cooperación con el régimen nicaragüense. Actualmente, el 26 por ciento de las operaciones del BCIE están destinadas a Nicaragua, lo que lo convierte en su principal financiador. En los últimos cinco años el BCIE ha destinado aproximadamente 3,500 millones de dólares a Nicaragua.
Según datos oficiales, el BCIE aprobó el año pasado 403.5 millones de dólares a Nicaragua, del total de 1871.6 millones que destinó para el financiamiento regional.
“Para mí hay hechos que, desde la perspectiva de un nicaragüense, retratan la gestión de Dante Mossi”, apunta el economista Enrique Saénz. El primero, dice, es “la magnitud de los créditos hacia la dictadura en comparación con los otros países centroamericanos”, incluyendo créditos para la Policía, una institución sancionada por Estados Unidos por la violación a los derechos humanos.
Sáenz añade que uno de los destinos de los que presume Mossi es el apoyo al sector de energía eléctrica de Nicaragua. “¿Y qué nos encontramos? Que el principal beneficiario de estos créditos, como empresario privado de la energía, es el mismo Ortega. ¿Cómo pueden invertirse tantos millones, endeudar al país en inversiones en energía si no subió ni la generación ni el consumo? Obviamente porque hay sectores fraudulenta y turbiamente beneficiados”, dice el economista.
Mossi no ha ocultado sus simpatías por la dictadura de Ortega. En julio del año pasado, en declaraciones al periodista Marcos Medina, del nicaragüense Canal 12, dijo que le parecían “injustas” las sanciones contra el régimen de Ortega y aseguró que esa institución buscaba mecanismos de “protección” para paliar las sanciones que la comunidad internacional le imponía.
“Hay un régimen de sanciones que es injusto, porque se acusa y se le juzga a una persona sin el debido proceso, pero son las reglas del juego internacional. Entonces, lo que hace el BCIE es buscar mecanismos de protección, de cómo seguir proveyendo este financiamiento, sin violentar disposiciones internacionales”, dijo en esa ocasión, aunque en el debate de este jueves afirmó que sus palabras fueron “mal citadas”.
En mayo de ese mismo año, mientras participaba en la toma de posesión del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, Mossi dijo a la Voz de América que “el BCIE no es una instancia de derechos humanos” cuando se le preguntó si tomaba en cuenta las violaciones a los derechos humanos para establecer las líneas de financiamiento a la dictadura nicaragüense.
“Hay instancias apropiadas y en este caso el BCIE no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, validados o no, a que acudan a estas instancias para exponer sus casos”, dijo Mossi.
Dante Mossi Reyes, es un economista de origen hondureño, que sirvió durante 15 años en el Banco Mundial, al cual llegó en 2003. Antes, fue funcionario durante 10 años del gobierno de Honduras en las administraciones de los partidos Liberal de Honduras (PLN) y Nacional de Honduras (PNH).
“Posee un doctorado en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt; una maestría en Economía con especialización en Econometría de la Universidad de Duke y (es) graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, describe la página oficial del BCIE.
En 2018, la Junta Directiva del BCIE nombró a Dante Mossi como presidente ejecutivo en una jugada sorpresiva en la que se aliaron los votos de Nicaragua, Honduras y El Salvador, que en ese tiempo estaban presididos, respectivamente, por Daniel Ortega, el ahora convicto Juan Orlando Hernández, y el actual prófugo y ahora ciudadano nicaragüense, Salvador Sánchez Cerén.
El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, actual director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas, llamó a Mossi “el banquero de los dictadores” durante un evento organizado en Washington en septiembre pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).
Feeley pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos ir tras la pista del dinero e investigar el funcionamiento del BCIE “conducido por un individuo llamado Dante Mossi, que se ha convertido en el banquero de los dictadores”.
Durante el debate de este jueves, Mossi alegó que los créditos que otorga el BCIE no son una decisión de su presidente ejecutivo, sino de los “países dueños del banco” y están regidos por las normas internas de la institución. Recordó que el BCIE nació cuando en Centroamérica los países estaban gobernados en su mayoría por dictaduras y “así sobrevivió”.
Destacó la gestión de Ortega en “cobertura eléctrica” en Nicaragua y reclamó como una ventaja propia ser uno de los pocos funcionarios que tienen acceso a Daniel Ortega con quien dice mantiene “diálogos muy honestos”.
Mossi se negó a llamar dictador a Daniel Ortega, a quien reconoce como “un líder electo”.
“No importa lo que yo piense. Yo conocí a Daniel Ortega y a su esposa. Le llamo presidente porque lo es. ¿Quién soy yo para decir que no lo es, cuando el sistema internacional dice que sí lo es?”, expuso en el debate con Orozco y Berg, moderado por Gabriela Frías, periodista económica de la cadena CNN.
A finales de este año se producirá la nueva elección del presidente ejecutivo del BCIE a través de los votos de los países socios y Dante Mossi busca su reelección. “Lo estoy evaluando”, afirmó en el debate.
“Mossi ha jugado un papel de sostenimiento a la dictadura Ortega Murillo, con la política de otorgarle préstamos a diestra y siniestra y por lo tanto no debería ser reelegido”, opina el también economista Oscar René Vargas. “A mi criterio el BCIE debe otorgar los préstamos tomando en cuenta los derechos humanos”.
Enrique Sáenz, dice que encuentra una contradicción cuando el discurso de Mossi dice que “el banco no tiene como referente asuntos políticos, ni de derechos humanos, pero públicamente confesó que ayudaba a Ortega a evadir el impacto de las sanciones ¡porque las sanciones violaban los derechos humanos!”
Señala que de acuerdo a las leyes estadounidenses conocidas como Nica Act y Renacer, “la confesión pública de Mossi lo encasilla claramente como un actor económico sujeto también a la aplicación de sanciones” al igual que otros funcionarios y colaboradores de la dictadura de Daniel Ortega.