En las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como ‘El Chipote’ se está llevando a cabo este jueves la audiencia preliminar contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín, y a tres extrabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), bajo la acusación de varios supuestos delitos.
“En estos momentos en la Dirección de Auxilio judicial (Chipote Nuevo) se lleva a cabo audiencia contra la @FundVioleta, están siendo acusados: Cristiana Chamorro, Marco Fletes, Walter Gómez, Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro”, informó esta mañana el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El organismo denunció que la Policía Orteguista retuvo a los familiares de los “injustamente procesados a 3 km de la entrada del nuevo Chipote y solo han dejado pasar al abogado, a quien le quitaron su celular e identificación”.
Cristiana Chamorro Barrios, es acusada de presunta “gestión abusiva, falsedad ideológica”, ambos en “concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, así como “traición a la patria”.
La Fiscalía Orteguista agregó a Cristiana el delito de presunta “apropiación y retención indebida”.
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) es acusado de los supuestos delitos de “gestión abusiva y apropiación y retención indebida”.
En el caso de Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, contador general y administrador financiero de la FVBCH, respectivamente, son acusados de los supuestos delitos de “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.
Mientras que Pedro Vásquez Cortedano es acusado de “ser cooperador necesario del delito de lavado de dinero”.
La Fiscalía acusó a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en base a una denuncia del Ministerio de Gobernación controlada por el orteguismo. Según Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.