Opinión / Ensayos · 20/07/2022

Reconfiguraciones políticas regionales y radicalización autoritaria

*Por Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM)

En el transcurso del año 2022, el mapa político de Latinoamérica se ha reconfigurado con la llegada de gobiernos considerados de izquierda o progresistas, principalmente en Sudamérica. Con un hemisferio de grandes desigualdades y democracias de muy bajo desempeño social, los ciudadanos de varios países han decidido darle una oportunidad a estos gobiernos a pesar de que en décadas anteriores se produjeron grandes desilusiones con los gobiernos del llamado “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. En esta reconfiguración, el régimen de Daniel Ortega encuentra una oportunidad política a pesar que varios de estos gobiernos han mostrado su rechazo a las violaciones de derechos humanos que comete en Nicaragua y a la radicalización de su proyecto dictatorial restringiendo todavía más las libertades ciudadanas.

Suplemento de análisis político – Edición 164

En el transcurso del año 2022, el mapa político de Latinoamérica se ha reconfigurado con la llegada de gobiernos considerados de izquierda o progresistas, principalmente en Sudamérica. Con un hemisferio de grandes desigualdades y democracias de muy bajo desempeño social, los ciudadanos de varios países han decidido darle una oportunidad a estos gobiernos a pesar de que en décadas anteriores se produjeron grandes desilusiones con los gobiernos del llamado “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. En esta reconfiguración, el régimen de Daniel Ortega encuentra una oportunidad política a pesar que varios de estos gobiernos han mostrado su rechazo a las violaciones de derechos humanos que comete en Nicaragua y a la radicalización de su proyecto dictatorial restringiendo todavía más las libertades ciudadanas.

El nuevo mapa político de Latinoamérica Las elecciones efectuadas en diferentes países del continente en los últimos meses han reconfigurado el panorama político latinoamericano con la instalación de un grupo de gobiernos calificados como de izquierda o progresistas. Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Gustavo Petro en Colombia y la probable elección de Luis Lula da Silva en Brasil; a ellos se suman los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia, configuran en la región un perfil político ideológico diferente del que existía hace unos pocos años cuando los gobiernos de izquierda era minoría.

Los partidos tradicionales de derecha están descreditados y fueron rechazados en las urnas por la ciudadanía en todos estos países. Las causas son diversas pero incluyen las consecuencias de políticas económicas ultra liberales que profundizaron las brechas sociales e incrementaron la inequidad, el hartazgo de grandes sectores de la población, el discurso ideologizado de los liderazgos tradicionales desconectado de las necesidades y aspiraciones de los pueblos, y el fracaso de las instituciones establecidas para canalizar las demandas populares y articular consensos nacionales.

La mirada ciudadana se volvió hacia líderes considerados improbables, en algunos casos, como Boric surgido en las protestas estudiantiles chilenas de 2019, o el antiguo guerrillero colombiano Gustavo Petro, que ofrecen romper con las oligarquías y sus políticas. Esta reconfiguración de las izquierdas en el mapa político latinoamericano obliga a preguntarse cuál será su posición respecto al régimen dictatorial de Nicaragua y si facilitará la creación de alianzas para Ortega.

Uno de los primeros elementos a considerar es que las características de estos movimientos y partidos son diferentes tanto por las alianzas que les dan sustento como por las políticas sociales y económicas con las que están comprometido. Unos más y otros menos, conformaron alianzas que incluyeron sectores empresariales, grupos ambientalistas, feministas, y sectores de la izquierda tradicional, actores diversos con contradicciones y conflictos que los líderes deben gestionar. Sus políticas internas y externas están influidas por las dinámicas de esos conflictos en sus alianzas; sin embargo, varios elementos comunes es que todos se reconocen como izquierda, son más o menos democráticos, han ganado elecciones razonablemente libres, y es previsible que entregarán el gobierno cuando se venza el período para el que fueron electos.

Estas fuerzas emergentes de la nueva izquierda latinoamericana se diferencian claramente de los anteriores regímenes del «socialismo del siglo XXI» como los de Chávez, Correa y Evo Morales, aunque es un error muy frecuente ignorar estas diferencias y tratarlos como si fueran iguales. Estos movimientos se crearon alrededor de figuras carismáticas y populistas que utilizaron los recursos de la democracia para acabar con ella, se veían a sí mismos como líderes revolucionarios, sus discursos resonaban con los ecos de la guerra fría y los conceptos ideológicos de la izquierda del siglo pasado y antagonizaron o ignoraron a los movimientos sociales progresistas como el feminismo, los ambientalistas y los pueblos originarios.

Sus posiciones frente al régimen de Ortega son diferentes. Gabriel Boric, por ejemplo, tiene una posición crítica, otros cuestionan las violaciones a los derechos humanos pero son más comedidos respecto al régimen político, y otros se muestran más cercanos como Xiomara Castro de Honduras o Lula en Brasil. Es previsible que no se alineen con el régimen de Ortega, ni justifiquen su deriva totalitaria, pero tampoco seguirán una línea proactiva de denuncias, condenas a la situación represiva de Nicaragua y al carácter ilegítimo del gobierno. Es probable que su política exterior sea más tolerante que confrontativa.

Por otro lado, la ausencia de varios presidentes latinoamericanos en la Cumbre de las América puso de manifiesto que Estados Unidos ha perdido influencia en la región, incluidos los tres países del norte de Centroamérica. Al parecer, los norteamericanos carecen de una estrategia que combine las sanciones con esfuerzos en conjunto con estos gobiernos progresistas, por ejemplo, para tratar de impulsar la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua.

En este nuevo escenario, la Organización de Estados Americanos (OEA), que hasta ahora no ha podido reunir los votos para declarar la ilegitimidad de origen del gobierno orteguista, difícilmente tiene la posibilidad de aprobar su separación del organismo a pesar de sus evidentes violaciones a la Carta Democrática. A menos que se produzcan algo imprevisible, el retiro unilateral anunciado por Nicaragua en 2021 avanzará de acuerdo con los procedimientos establecidos y la OEA se verá neutralizada como factor incidente en la democratización de Nicaragua durante los próximos años. De manera que en términos generales, Ortega se encuentra en una posición más cómoda para sus pretensiones dictatoriales en el nuevo mapa político latinoamericano.

La eficacia de las sanciones

Desde 2017 hasta la actualidad, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a una lista de personas vinculadas con el régimen orteguista por su actuar antidemocrático y las violaciones a los derechos humanos. Es previsible que esta línea de acción se mantenga en un marco de coordinación entre ambos, pero es claro que no cuentan con una estrategia diplomática para promover cambios democráticos en Nicaragua. Por otra parte, la atención hacia Nicaragua ha pasado a otra prioridad como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el eje que domina la política europea y la confrontación entre potencias. Para la oposición democrática nicaragüense, esto plantea el desafío de mantener la situación del país en la agenda internacional.

Las sanciones impuestas han tenido un alcance limitado, se han concentrado en castigar individualmente a miembros de la cúpula Ortega-Murillo quienes, paradójicamente, tienen más posibilidades de neutralizar su impacto. Son los que más se benefician de la corrupción, el ejercicio del poder y quienes tienen más que perder en un cambio de régimen; por tanto, ven en Ortega la garantía para continuar sus privilegios. Cuando de instituciones se trata, la práctica ha sido trasladar el poder a un funcionario de nivel secundario y mantener a la persona sancionada al frente de la institución, mantener sus privilegios, hacerlo sentir protegido y proyectar la imagen de que las sanciones no tienen efecto. Estas seguridades son importantes para sostener su círculo de poder. Las sanciones a empresas han tenido un impacto en la economía de la familia y los que medran a su sombra; en algunos casos han cerrado operaciones, como el Banco Corporativo S.A. (BANCORP) o la Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC). Algunas han resurgido bajo otras razones sociales o tras testaferros, aprovechando el secretismo del registro de la propiedad.

El efecto es distinto sobre los círculos de orteguistas que gozan de prebendas menos significativas y con compromiso político más débil porque su capacidad para neutralizar el impacto es menor. Esos son los eslabones más débiles de la cadena que sostiene al régimen, aunque no ocupan posiciones relevantes, tienen la capacidad de multiplicar el descontento y poner presión sobre el grupo de los más allegados. Generalmente piensan que no están expuestos porque su papel dentro de la estructura de poder no es importante, pero en la medida que la situación cambie se convertirán en actores del rejuego y las contradicciones al interior del régimen, toda vez que se percaten que la continuidad de la dictadura es contraria a sus intereses.

La eficacia de las sanciones depende del tipo y a quienes se aplican. Hay que tomar en cuenta que sus efectos no producen resultados inmediatos; los impactos se van acumulando hasta que el desgaste y la tensión permanente del aislamiento político y diplomático lleguen al punto que las fracturas y contradicciones internas sean evidentes. De ahí que deben verse como parte de una estrategia de desgaste y agotamiento en la que su aplicación sea consistente, duradera y sistemática. Además, se debe sacar provecho comunicacional de las sanciones para multiplicar su impacto en los círculos orteguistas, haciéndoles ver que esa afiliación los pone en riesgo de sufrir consecuencias. Muchos viajan regularmente a Estados Unidos donde tienen familia. Si llegaran a pensar que sus intereses serán afectados por sus compromisos con la dictadura, su actitud política comenzará a cambiar, y aunque esas fisuras inicialmente se manifiesten lejos del centro de poder, se van a generalizar y llegar hasta los grupos más cercanos a los Ortega-Murillo.

Uno de los mejores ejemplos ocurrió cuando el gobierno norteamericano decidió restringir y negar el ingreso a Estados Unidos de funcionarios públicos, personas en cargos electivos, secretarios políticos, militares, policías, jueces y magistrados, entre otros. Esta decisión tuvo un impacto fuerte en amplios sectores del orteguismo que temieron perder sus visas, pero el efecto se disipó poco después porque solamente se le ha aplicado a un grupo pequeño de personas y la lista no es pública, de manera que prevalece la percepción que los sancionados son unos pocos.

La dictadura repite constantemente que las dificultades económicas que sufre la población son causadas directamente por las sanciones, que son promovidas por los “golpistas” de la oposición e impuestas gratuitamente por los imperialistas yanquis. En la medida que logra imponer esta narrativa desvía el resentimiento y el rechazo de la población hacia la oposición democrática. El contra discurso de los grupos prodemocracia para develar estas falsedades y explicar que el único responsable es el régimen de los Ortega Murillo y que solamente afectan al círculo de poder es aún insuficiente, en parte porque sus medios tienen alcance limitado, pero también porque falta consistencia y voceros creíbles. Muchos grupos opositores se han limitado a pedir más y más fuertes sanciones. El desafío es acompañarlas de una enérgica acción política y comunicacional que refuerce su impacto sobre la cohesión del régimen.

La eliminación de la sociedad civil organizada

La dictadura continúa afianzando el Estado totalitario y avanza en el cierre de cualquier espacio social, cultural o caritativo que esté fuera de su control absoluto. Solamente en lo que va del 2022 ha clausurado 689 organizaciones de la sociedad civil, según informó el presidente de la Asamblea Nacional y operador político de la pareja presidencial, Gustavo Porras; quien además advirtió que el proceso continuará en el futuro. Las instalaciones y propiedades de muchas de estas organizaciones han sido confiscadas de forma violenta e ilegal mientras que otras han pasado a ser administradas por el Estado con lo que el régimen las ha convertido en instrumentos para su reproducción política y el control social.

Estas acciones son parte de la lógica totalitaria pues la sociedad civil con su diversidad y autonomía, es un peligro por la iniciativa, la participación y el pensamiento autónomo, características intolerables para un régimen que pretende imponer el inmovilismo social y demanda sometimiento absoluto. La locura persecutoria ha quedado dramáticamente demostrada al incluir a las Misioneras de la Caridad de la orden de madre Teresa de Calcuta que regentaban un hogar de ancianos, una guardería infantil y un refugio para niños y niñas víctimas de abuso. Además, de cancelar su personería jurídica, ordenaron el desalojo de los locales, su ocupación y confiscación arbitraria, así como la expulsión de las religiosas.

Sin duda la dictadura ha puesto la mira en la iglesia católica por ser un referente ético para los católicos y la población en general. El papel de la iglesia en 2018 y subsiguientes en los que asumió firmemente la defensa de los derechos ciudadanos y la condena a los crímenes del régimen es algo que la dictadura no perdona.

Por eso, además del ataque y confiscación a múltiples organizaciones religiosas, principalmente caritativas, los Ortega-Murillo retomaron el acoso y hostigamiento a varios de sus representantes como monseñor Rolando Alvarez, el padre Harving Padilla. El extremo es la captura y condena del cura Manuel Salvador García, acusado golpear a una mujer que reconoció en sus declaraciones haber mentido; rápidamente cambiaron la acusación y en tiempo récord lo sentenciaron a dos años de cárcel. La advertencia es clara: cualquier miembro de la iglesia sin importar su investidura, puede ir a parar a la cárcel. Ante estos hechos el silencio inexplicable del Vaticano resuena ensordecedor.

La ofensiva liquidadora de la sociedad civil ha dejado a distintos sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, sin voz ni representación legítima han para promover sus intereses y defender sus derechos. Las contradicciones sociales al no encontrar salida en el marco de la institucionalidad acumularán soterradamente hasta que vuelvan a desbordarse.

La dictadura se mueve hacia la implantación de un modelo político como el cubano o el chino porque le parecen una solución inmediata a su crisis de legitimidad, pero esta no es una salida sostenible en el largo plazo. A diferencia de Cuba, cohesionada ideológicamente, y China con sus inmensos recursos, el régimen orteguista se cimenta en la corrupción generalizada, las prebendas y la imposición de un régimen de terror que se extiende dentro de sus propias filas. Bases endebles para sostenerse en el largo plazo.

Falsas elecciones municipales

Desde que Ortega llegó al gobierno en el 2007 ejecutó un plan para extender su control sobre las localidades mediante fraudes sucesivos en las elecciones municipales, convirtiendo a las alcaldías en extensiones del poder central. En el 2008 obtuvo 91 alcaldías en 153 municipios en un proceso lleno de irregularidades que generó numerosos e intensos episodios de violencia. Desde esa fecha comenzó la eliminación de competidores con el despojo de la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), proceso que continuó en años subsiguientes hasta llegar a la decapitación de todos los partidos políticos opositores en el año 2021.

Para el 2012, la cantidad de alcaldías bajo control de los Ortega-Murillo saltó dramáticamente hasta 134 para un 87% de los municipios en todo el país; y en el 2017 se adjudicó 135 alcaldías incluidas las cabeceras departamentales con excepción de Bilwi. Pero, de la misma manera que el régimen totalitario no admite la existencia de espacios autónomos en la sociedad civil, tampoco los admite en el caso de los gobiernos municipales, por eso los alcaldes que llegaron a los gobiernos locales por otros partidos, fueron sometidos a presión permanente para debilitar su autonomía y obstaculizar su gestión edilicia.

Los métodos fueron variados. Desde el condicionamiento de las transferencias que por ley corresponden, pasando por destituciones ilegales, hasta persecución y cárcel. En estas circunstancias, varios alcaldes cambiaron de bando y se pusieron la camiseta del FSLN para preservar sus puestos, otros se tornaron sumisos y complacientes; y algunos más mantuvieron la resistencia en su gestión local.

El régimen Ortega-Murillo liquidó las elecciones y la autonomía municipales convirtiéndolas en un mero trámite para justificar la auto asignación de casi todas las alcaldías, excepto algunas que dejaba a otros partidos como muestra de pluralismo político. Las próximas elecciones municipales, si pueden llamarse así, no serán diferentes; sólo que esta vez la farsa es descarada y no tendrán siquiera la apariencia de una elección real. Las cárceles están llenas de presos políticos, la oposición es perseguida y atacada sin cesar, no hay partidos políticos de oposición, el Consejo Supremo Electoral es otro instrumento de la dictadura, y las elecciones no han sido convocadas a escasos cuatro meses de la fecha programada.

Si hubiera alguna duda esta quedó claramente disipada luego del zarpazo asestado contra las alcaldías de Santa María de Pantasma el día sábado 2 de julio, San Sebastián de Yalí, El Cuá, Murra y El Almendro dos días después, todas bajo la administración de miembros del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Las alcaldías fueron ocupadas por fuerzas de la policía y paramilitares, los alcaldes electos destituidos y sustituidos por concejales del FSLN. El argumento esgrimido fue que el partido CxL, al haber sido despojado de su personalidad jurídica no podían ejercer el cargo al que fueron elegidos por el voto ciudadano. Esta argumentación falsa es apenas una cortina de humo para justificar lo injustificable.

Este último acto de fuerza pone en evidencia que la autonomía municipal es una ficción en el reino de los Ortega-Murillo y que la voluntad popular expresada a través de los votos no les merece ningún respeto. El mensaje es claro, la decisión de la dictadura predomina sobre el voto popular, y los funcionarios electos no pueden ejercer sus cargos si no se someten a sus dictados.

De manera que las próximas elecciones municipales programadas en noviembre de este año le servirán a la dictadura para tomarse las pocas alcaldías que aun han dejado en manos de otros partidos y así cerrar el círculo de control totalitario y de partido único. Pero así como las votaciones de noviembre del año pasado no confirieron legitimidad al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las elecciones municipales únicamente profundizarán esa ilegitimidad.