Nacionales · 30/03/2022

Reforma a ‘Ley del Notariado’ debe ser rechazada con firmeza por todos los notarios públicos de Nicaragua, dice consultor jurídico internacional

Un consultor jurídico internacional que bajo condición de anonimato analizó para La Mesa Redonda la recién aprobada ‘Ley de Reformas y Adición a la Ley del Notariado y al Código de Comercio’, concluyó que la misma debe ser “rechazada con firmeza por todos los notarios públicos del país”.

El jurista de origen nicaragüense señaló que la reforma legislativa aprobada ayer martes por la aplanadora Orteguista de la Asamblea Nacional “desde el punto de vista técnico, por el cúmulo de obligaciones que impone, hace prácticamente imposible el ejercicio de la profesión”.

Y es que, la reforma a la ‘Ley del Notariado y al Código de Comercio’, obliga a los profesionales del derecho a reportar “operaciones sospechosas” de sus clientes a las instituciones del régimen de Daniel Ortega.

Bajo el argumento de “proteger al país de las acciones del crimen organizado, financiamiento al terrorismo y el lavado de activos”, ahora los notarios públicos tendrán que informar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la movilidad y legalización de las propiedades de sus clientes, lo que es considerado como una violación al secreto profesional entre cliente y abogado.

Para el consultor jurídico internacional, la reforma se despachó sin haber consultado al gremio de abogados y de notarios. “Se está legislando de manera irresponsable en una materia sumamente delicada, como es la fe pública de los negocios privados transacciones comerciales y financieras”, criticó.

La finalidad oculta de esta reforma no es la prevención del lavado de activos. Son de sobra conocidos los niveles de corrupción que actualmente existen en Nicaragua, uno de los más altos del mundo, y una de las formas, además de la violencia y represión policial, en que se mantiene la dictadura. Su verdadera finalidad es el control absoluto de todas las operaciones privadas y convertir a los notarios en parte de un engranaje totalitario”, aseguró el jurista.

En el texto de la reforma establece que los notarios están obligados “en la labor de prevención cuando realicen, autoricen, participen o intervengan o se dispongan a realizar transacciones, operaciones o servicios para o por cuenta de sus clientes, relativas a la compra y venta, permuta, donación, o cualquier otra forma de transmisión de dominio de bienes inmobiliarios”.

También estarán sujetas a esta medida, “los reportes de donaciones y sesiones de derechos posesorios, salvo las realizadas entre familiares en el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad”.

Administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas y toda acción que conlleve a un cambio en la estructura, composición accionaria a título oneroso o gratuito y al capital de la Persona Jurídica. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales”, precisa el texto de la reforma.

Agrega que los notarios públicos “deberán remitir sin dilación, ni restricción alguna, en los plazos y términos que se establezcan, cuanta información les sea requerida por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, autoridades judiciales, y la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención”.

A juicio del consultor jurídico, “no solo se atenta contra el principio de confidencialidad sino que pretende convertir a los notarios públicos, bajo pretexto de aplicar normativas internacionales contra el lavado de activos, en parte de la maquinaria represiva de la dictadura, como agentes delatores o investigadores policiales, lo que violenta los fines del ejercicio profesional de los notarios”.

Por lo tanto, “es una reforma legislativa que debe ser rechazada con firmeza por todos los notarios públicos del país”, finalizó.