El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un comunicado a través de sus medios propagandísticos en el que amenazó con cárcel a quienes realicen un “ataque frontal” contra ellos. Específicamente la advertencia fue lanzada contra medios de comunicación independientes y opositores de Nicaragua.
“Se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y ‘figuras de la oposición’ financiados por Estados Unidos”, reza el documento titulado “Nicaragua: En defensa de la Soberanía Nacional y el Estado de Derecho”.
En el comunicado, el régimen refiere que a través del Ministerio Público “inició una investigación sobre los negocios de Cristiana Chamorro y su Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH)”, de la cual afirma que recibió “decenas de millones de dólares del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, que luego fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro, incluido su hermano Carlos Fernando Chammorro (CINCO, Confidencial) y su tío Jaime Chamorro Cardenal (La Prensa); así como a otras organizaciones afiliadas como, Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y Radio Show Café con Voz; así como las plataformas digitales de 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505”.
“Por lo tanto, el propósito de la investigación del Ministerio Público es determinar si Cristiana Chamorro y su FVBCH han cometido algún delito relacionado con la Ley No. 1040, que requieren que las organizaciones informen en detalle cualquier financiamiento que reciban del extranjero y la Ley No .1055, que protege al Pueblo Nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa”, reza el texto.
El régimen Ortega Murillo argumenta que la “investigación” se está llevando a cabo “de manera exhaustiva y transparente, con actualizaciones periódicas”.
Asimismo, el régimen amenazó que “cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua”.
ATAQUE CONTRA PRECANDIDATOS OPOSITORES
El régimen orteguista también se refiere a “16 candidatas presidenciales” que asevera “han estado afirmando falsamente representar a la ‘verdadera oposición de Nicaragua’, socavando los esfuerzos de los partidos políticos y tratando de descalificar a cualquier posible candidato que pueda surgir”.
Cabe señalar que el régimen mantiene secuestrados a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, bajo el argumento de que son “traidores de la patria”, “golpistas”, entre otras acusaciones.
“Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos de América y el hecho de que, directamente o a través de sus respectivas ONG´s, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias, con el objetivo de derrocar al gobierno electo del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra”, reprochó el régimen.
La dictadura aseguró que “está comprometida” con la celebración de unas elecciones generales “libres, justas y transparentes el próximo 7 de noviembre”. Sin embargo, rechaza la adopción de reformas electorales verdaderas y condiciones para ello.
Por último, el régimen reiteró que “sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos”, en referencia a las sanciones que varios gobiernos extranjeros han aplicado a más de una veintena de familiares y allegados a Ortega por estar involucrados en violación de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero.