El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público informó la noche del jueves el cambio de medida cautelar de “prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial” para los presos políticos Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en Costa Rica.
“El Ministerio Público, ante el estado de salud de las personas referidas, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial”, dice el documento.
Ambos exembajadores son adultos mayores con enfermedades crónicas, por lo cual su salud se vio seriamente afectada en los meses de secuestro en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como ‘El Chipote’ en Managua.
La Ley del Adulto Mayor (Ley 720) ordena a que a las personas mayores de 60 años se les garantice “ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad, inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Edgard Parrales
En el caso de Edgard Parrales, de 79 años, es acusado del falso delito de “conspiración para cometer menoscabo” por sus opiniones y análisis políticos contra el régimen de Daniel Ortega.
También por el falso delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
Parrales fue secuestrado el pasado 22 de noviembre por parapolicías.
El abogado Noel Alonzo Cano, defensor del exdiplomático, había pedido la semana pasada el cambio de medida cautelar de “prisión preventiva a arresto domiciliar” debido a que la vida del también exsacerdote corre peligro.
Cano solicitó “con carácter de urgencia que se atiendan las recomendaciones emitidas por los médicos tratantes de su defendido”, pues Parrales presenta “un cuadro de afectaciones médicas que requieren de atención médica especializada, exámenes médicos específicos y una dieta balanceada para evitar complicaciones digestivas”.
“Y sumado a la edad de mi representado, requiere sin duda un trato carcelario más humano que le permitan evitar complicaciones severas en su salud y que podrían, en caso de no atenderse, desembocar en grave lesión a la integridad física y hasta la pérdida de la vida de mi defendido”, advirtió.
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Mauricio Díaz
Por su lado, Mauricio Díaz, de 71 años de edad, es acusado de falsa “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y en su caso ya fue declarado “culpable” y sentenciado a 9 años de cárcel.
El exdiplomático fue secuestrado el 9 de agosto del 2021 y presuntamente tiene un soplo en el corazón.
Con Parrales y Díaz, ya son cinco los presos políticos valetudinarios que son enviados a sus casas desde ‘El Chipote’ por el régimen Orteguista. Los otros son el aspirante presidencial y exembajador Arturo Cruz, de 68 años; el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años; y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años.
Esta decisión se dio tras la muerte del general en retiro Hugo Torres, que falleció el pasado 12 de febrero a los 73 años bajo custodia policial a causa de una “enfermedad” aún no especificada.