Los medios oficialistas en Nicaragua presentaron el martes una serie de entrevistas donde personas que padecen de enfermedades crónicas agradecen al “comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo” por darles acceso gratuito a la vacuna contra COVID-19.
Desde el centro de hemodiálisis del Hospital Cruz Azul, en Managua, se identificó a Marcos Antonio Arauz, de 62 años y paciente con insuficiencia renal crónica e hipertensión como el “primer nicaragüense” en recibir la vacuna contra el coronavirus en el país.
Arauz manifestó que los pacientes que se vacunen deben firmar un documento en el que expresan que entienden que el procedimiento es “voluntario”, lo cual libra de cualquier tipo de responsabilidad tanto al hospital como al régimen si hubiese algún tipo de efectos secundarios con la vacuna.
La otra inoculada, Helen María Morales, dijo que padece de diabetes y expresó su gratitud a la gestión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que dio inicio al proceso de vacunación voluntaria.
“Le damos gracias a él (Ortega) y a la compañera (Murillo) porque lo mirábamos algo imposible, pero si como dicen, para uno es imposible, para Dios no hay nada imposible y porque él gestionó para nosotros que somos los que más necesitamos”, declaró Morales.
Murillo, ha hecho hincapié durante sus intervenciones públicas en que no es obligatorio el proceso de inmunización y que se aplicarán las dosis a las personas que estén contempladas en los programas priorizados, o sea, personas con enfermedades preexistentes como la insuficiencia renal, hemodiálisis y programas oncológicos y cardiológicos.
Esas declaraciones han generado la preocupación de especialistas del Comité Científico Multidisciplinario, que consideran que el régimen no está dando la prioridad requerida al proceso de inmunización, ya que ni siquiera cuenta con un plan nacional de vacunación.El doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó a la Voz de América que no se puede basar un programa de vacunación urgente con limitaciones en su cobertura y continuidad, como el de atención a enfermedades crónicas.
“Nos preocupa que no se le esté dando prioridad. No organiza nada prioritario ni emergente como debería de ser. Aquí nos están diciendo que no tienen prioridad, que vamos a esperar a que nos demanden el servicio y el que quiere vacunarse que vaya llegando. Con eso no vamos a reducir mortalidad”, explicó el doctor Carlos Hernández.
Los especialistas también plantean que para tomar una decisión voluntaria se requiere estar debidamente informado sobre el riesgo de enfermar o morir por COVID-19, algo que es apenas posible en Nicaragua, ya que el régimen tampoco sostiene una campaña de información o promoción de la vacunación como sucede en otros países de la región.
Sumado a esto y también marcando una diferencia incluso con las medidas mundiales, el régimen orteguista no contempló iniciar la vacunación con el personal de salud que ha estado al frente de la batalla contra la pandemia en el país y es el grupo que tiene mayor exposición al virus.
Hasta la fecha, el país solo cuenta con la vacuna rusa Sputnik V y se espera que este 6 de marzo lleguen 200.000 dosis de vacunas procedentes de la India, más 135.000 que llegarían a finales de mes por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
La pandemia de COVID-19 ha dejado en Nicaragua, según datos oficiales, 173 muertos y 6.465 casos confirmados, información que no es compartida por el gremio médico, mientras que el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 ha reportado al menos 2.976 muertes por neumonía y más de 13.000 casos sospechosos.
Según el Comité Científico Multidisciplinario, que ha pedido que se incluya al sector no estatal para una vacunación más efectiva, la pandemia dejó entre 7.600 y 8.500 muertos hasta agosto pasado, con base en un estudio de exceso de mortalidad.
*Con VOA