Régimen de Nicaragua fortalecería control digital con servicios de inteligencia rusos

*Por Expediente Público

“El Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre la supuesta cancelación de su visa a @chocolatitobox (el púgil Ramón González), esto lo convierte en una noticia falsa, no soportan verlo pelear representando dignamente al país. Es hora de que se aplique la ley de ciberdelitos”, escribió en Twitter el simpatizante sandinista Enrique Quiñonez, después que el diario independiente La Prensa publicara esa información.

El periódico de tendencia conservadora cerró su edición impresa a mediados de agosto de 2021 por el boicot aduanero al papel y mantuvo su edición digital, reconocida por ser crítica al gobierno sandinista.

El Gobierno de Estados Unidos, sin publicar nombres, ha anunciado en los últimos dos meses la cancelación de visas a 169 funcionarios del Gobierno de Nicaragua, pero la nota publicada el 31 de agosto por La Prensa indica que el peleador nicaragüense no ha podido renovar su permiso de entrada para pelear en el país norteamericano, como lo ha hecho en la mayoría de sus peleas, pese a ser parte del aparato propagandístico sandinista.

Quiñonez, dueño de una empresa internacional de transporte de pasajeros y simpatizante del Gobierno, revela con su publicación el sentido de la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en octubre de 2020, la cual, si bien menciona la persecución de pornografía infantil y el crimen organizado, preocupa a las organizaciones de prensa y derechos humanos por el espíritu de control sobre las redes sociales y los medios de comunicación digital.

El 19 de julio de 2021, el canciller del Gobierno de Nicaragua, Denis Moncada, visitó Moscú para firmar con su homólogo ruso Sergei Lavrov la cooperación en temas de ciberseguridad, pero no se mencionaron ni el terrorismo o el crimen organizado, el acuerdo que se centra en once puntos de intercambio bilateral habla particularmente de “sostener la paz” y “evitar amenazas a la seguridad del gobierno y la economía”.

Dicho decreto espera aprobación en la Comisión de Exterior de la Asamblea Nacional para pasarla a plenario, donde los 70 diputados sandinistas no han dejado de aprobar ni una sola ley enviada por Ortega desde 2007.

“Las amenazas principales a la seguridad internacional proviene de las tecnologías de la información y la comunicación”, usadas para realizar actos contra la soberanía, la seguridad y la integridad territorial, causar pérdidas económicas, terrorismo, injerencia, alterar el orden público, activar hostilidades étnicas, raciales o de culto, son los principales puntos de dicho convenio.

Amistades peligrosas

El acuerdo en materia de ciberseguridad con Rusia “es bien preocupante en términos geopolíticos y también por lo que implica para la oposición y su capacidad de unir y organizar efectivamente”, señaló a Expediente Público Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas del Centro de Estrategias y Estudios Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un centro de pensamiento con sede en Washington D.C.

A pesar de la influencia rusa en Nicaragua, no hay señal de preocupación de Washington al respecto, porque este país centroamericano no es prioridad, más con la actual crisis en Afganistán, manifestó Berg, quien al conocer el acuerdo tuiteó el 27 de agosto: “Desarrollo muy preocupante, la creciente influencia rusa en Nicaragua y por herramientas cibernéticas para la persecución”.

“No sé si los rusos pueden extender su ciberespionaje a través de Nicaragua. Pero creo que (el acuerdo) es más para fortalecer su aliado autoritario en Centroamérica. Es una maniobra para que fortalezca la estabilidad del régimen Ortega-Murillo. Y si, dificultan la meta de los Estados Unidos de transición en Nicaragua”, argumentó el politólogo.

Con ciberseguridad se entiende ciberespionaje

Un jurista nicaragüense que prefirió omitir su nombre, manifestó que al leer el acuerdo de cooperación se lee la misma línea narrativa con la cual se actúa contra los opositores en Nicaragua por supuestos delitos “contra la soberanía y la paz”.

En el caso de la Ley Especial de Ciberdelitos la orientación está en el control de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, mencionó el abogado. Con esta ley se castiga con hasta diez años de prisión a personas que divulguen información que al Estado, al gobierno y al partido sandinista parezca sensible o confidencial y que pueda considerar una amenaza.

En una normativa publicada en enero de 2021 se encuentra aspectos como el almacenamiento de una gran cantidad de datos de los usuarios durante un año.

La normativa manda a las operadoras de teléfono e internet a “preservar datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de una comunicación”, por ejemplo, hora y fecha de llamadas, los números involucrados, identidades y dirección física de los interlocutores, sus protocolos de internet (IP), correo electrónico, protocolo de comunicación, y número de puerto.

El Estado obliga también a guardar la identidad internacional del abonado y del equipo móvil, la línea digital u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación, el MAC (Media Access Control) del equipo, el identificador de celda y su localización geográfica.

Maquinaria sandinista al servicio de Rusia

Una defensora del derecho a la privacidad consultada por Expediente Público manifestó que el ente regulador Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y la agencia de inteligencia rusa va a tener acceso a todo lo que le pasen las compañías, hablando de ciberseguridad y añadiendo el hecho del cambio de leyes bancarias de urgencia en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Siboif), van a triangular a quienes reciben divisas externas y super vigilar a toda la ciudadanía.

“No se lo de los convenios de cooperación en caso de acusación que tanta información piden a las organizaciones y entes extranjeros, porque abarca personal dentro y fuera del Estado de Nicaragua. Hay cosas legales en cuanto a estos trabados internacionales en casos de investigación que no lo tengo bien claro qué hacen y cómo lo hacen, o qué tanto pueden solicitar”, explicó.

En el caso de los medios y espacios virtuales, es difícil que suspendan o eliminen medios, pero según el jurista consultado, el Estado busca más elementos para poder acusarlos.

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