*Por Voces en Libertad
En las cárceles de Nicaragua existen 38 presos políticos valetudinarios cuya vida corre grave peligro por su edad y estado de salud, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).
Desde el 9 de junio de este año cuando apresaron al doctor José Pallais, su esposa doña Jilma Herdocia, solo ha podido verlo en tres ocasiones. A pesar de su edad y de sus condiciones médicas el régimen no ha tenido ninguna consideración, ni con él, ni con cada uno de los 38 presos políticos valetudinarios encarcelados injustamente.
Según describe su esposa el deterioro físico del Dr. Pallais ha ido en aumento.
La primera visita que le permitieron fue el 31 de agosto “había bajado mucho de peso, era errático al caminar, se quejaba de mareos y dolor en la columna, de que los alimentos eran incomibles y me pidieron que le llevara ranitidina (disminuye la producción de ácido estomacal) y bolaria (reduce los mareos). Medicamentos que jamás había necesitado”, describe.
El 11 de octubre doña Jilma lo ve por segunda vez. Recuerda que había perdido ya más de 50 libras. “Continuaba con mareos y dolores de espalda, estaba padeciendo de disfonía (pérdida parcial de la voz) y descubrí que desde hacía tiempo tenía escaras en la espalda producto del contacto directo de su piel con el plástico de la silla en la que dormía”.
En la última visita del 11 de noviembre, hace ya más de un mes, lo encontró con los mismos padecimientos. Aunque le dijo que se sentía menos mareado había bajado aproximadamente 6 libras más. El día anterior le habían extirpado un absceso de la espalda.
“En la familia hay un sufrimiento constante. Sentimos mucha frustración e impotencia al comprobar que en Nicaragua de nada valen los recursos legales ante la carencia de humanidad del gobierno”, finaliza con tristeza.
Trato cruel e inhumano
Junto al doctor Pallais de 68 años se encuentran 37 reos de conciencia más, que por su edad y condición médica deberían recibir casa por cárcel. Entre ellos se encuentran Francisco Aguirre (77 años), Hugo Tórres (73), Violeta Granera (70 años) y Edgard Parrales. Este último fue capturado el 22 de noviembre pasado y es el preso político de mayor edad hasta ahora, con 79 años.
La Ley 720 del Adulto Mayor, el Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP), definen protección y tratamiento especial para las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas beneficiándolos con casa por cárcel.
“Estas leyes establecen disposiciones dirigidas a proteger la salud y la integridad de las personas sometidas a proceso, aunque debo aclarar que los presos políticos, como punto de partida, no deberían estar encarcelados”, señala Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos cuando se habla de presos políticos “se habla de detenciones completamente arbitrarias e inconstitucionales”. A partir de esas capturas, que se asemejan más a secuestros, “se suma una cadena de arbitrariedades”.
Los procesos contra personas consideradas por la ley como valetudinarias (debido a su edad y estado de salud) agravan su condición de privadas de libertad “porque violentan sus derechos humanos”, argumenta Carrión.
“No han sido sometidos al debido proceso con una acusación válida, objetiva. Los delitos son inventados y los jueces no son independientes lo que los coloca en una situación de completa indefensión”, añade.
Carrión enfatiza que el aislamiento prolongado e injustificado contra los valetudinarios “son formas de tortura, de total crueldad. Lo vimos en el caso de don Justo Rodríguez de la isla de Ometepe que fue devuelto a su familia en un estado deplorable. Y como él hay varios que aun estando delicados de salud permanecen encerrados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes”.
“Las constantes violaciones a la ley ya son una costumbre. No les permiten ni la entrada de alimentos ni paquetería, menos que un médico particular los atienda. No los dejan salir a tomar sol, caminar o salir a los pasillos del penal. Tampoco le permiten libros, ni juegos de mesa para su distracción”, ha denunciado el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).
Complicaciones médicas
Un médico integrante de la Unidad Gremial por Nicaragua –que prefirió permanecer en anonimato—, destacó el peligro que corren los presos políticos valetudinarios por no recibir atención médica adecuada.
“Una persona diabética, independientemente de su edad, puede necesitar medicamentos orales e insulina y debe monitorear con frecuencia sus niveles de glicemia. Además, la diabetes predispone al paciente a desarrollar otras enfermedades como hipertensión y enfermedad renal crónica” señala.
Según el médico en el caso de las cardiopatías “deben vigilarse los niveles de oxígeno y líquidos en el cuerpo para evitar los edemas que pueden afectar sus pulmones y comprometer su respiración hasta fallecer”. La medicación casi siempre incluye anticoagulantes y vasodilatadores y debe ser orientada por un cardiólogo.
“En Nicaragua no hay recursos para mejorar la atención médica en el sistema penitenciario, por esta razón es que se recomienda el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel, porque estos pacientes necesitan mucho cuido y una dieta estricta”, dijo.
Entre las complicaciones que pueden presentar los privados de libertad sin una adecuada atención están infartos, accidentes cerebro-vasculares, arritmias, coma diabético o hiperglicemia severa.
“En el caso de las enfermedades respiratorias como bronquitis o enfisema necesitan una vigilancia también especial, porque son más susceptibles a las infecciones. Una neumonía los puede llevar a la muerte”, advierte.
Secuelas sicológicas
Una de las reglas Mandela (recomendaciones que hacen las Naciones Unidas a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles), dice: “Todo establecimiento penitenciario debe tener un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, cuidar y mejorar la salud física y mental de los reclusos, especialmente de los que tienen necesidades sanitarias especiales o problemas de salud”.
Sin embargo, “esto sería mucho pedirle a la dictadura”, dice Róger Martínez psicólogo exiliado desde 2018, refiriéndose al maltrato que reciben los reos de conciencia y las graves secuelas sicológicas que pueden sufrir por estar privados de libertad injustamente.
“El estrés carcelario y la despersonalización del individuo son dos de las primeras manifestaciones emocionales. En los primeros días de encierro es común que muestren signos de depresión, ansiedad, trastornos de sueño, así como desórdenes alimenticios, enfermedades digestivas, intestinales y una clara disminución del sistema inmune que pone en riesgo la vida de una persona con enfermedades crónicas”, señala.
Martínez recomienda buscar atención psicológica inmediata una vez recuperada la libertad. “Dentro de las cárceles de la dictadura no se atiende la salud mental, es un hecho. Eso hace más difícil sobrellevar los traumas causados por una experiencia como esta. Muchos excarcelados presentan psicosis, es decir, que pierden sentido de la realidad. La mente desarrolla mecanismos de defensa para evitar el dolor, por ello crea realidades alternas satisfactorias”, explica.
Para el terapeuta algunas de estas personas también pueden desarrollar adicciones o se pueden acentuar si ya las tenían. “Salir de la cárcel requiere un proceso de adaptación. Las huellas psicológicas que deja el encierro son imborrables, sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan superar”.