El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) hizo pública este lunes 20 de julio, un informe en el que determinó que hubo “detención arbitraria” en contra de los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, por lo que ordenó al régimen de Daniel Ortega indemnizarlos y que debe haber una reparación por los daños causados.
“El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Mora y la Sra. Pineda sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería concederle al Sr. Mora y a la Sra. Pineda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, indicó la ONU.
El informe concluye que la detención de los comunicadores ocurrida en diciembre de 2018 fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.
En primer lugar, porque no se les informó de las razones de su detención ni se les mostró acusación alguna en su contra, por haber sido incomunicado Miguel Mora y desaparecida Lucía Pineda, así como por la aplicación de la prisión preventiva automática en su perjuicio. En segundo lugar, porque la detención se efectuó en contravención de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, así como su derecho a participar en los asuntos públicos. Y en tercer lugar, porque no se aplicaron las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.
“La privación de libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda fue arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II y III”, dice el documento.
Asimismo, el Grupo de Trabajo insta al régimen de Ortega a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de Mora y Pineda, y “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
El informe afirmó que la situación legal de ambos comunicadores tras la aplicación de la Ley de Amnistía “es incierta”, debido a que los procedimientos penales no fueron sobreseídos definitivamente y al mismo tiempo contiene una disposición que amenaza con la pérdida de los beneficios de la ley para quienes incurran en conductas reiterativas que constituyan delitos, “lo que genera incertidumbre jurídica”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo transmitió al régimen de Ortega, el pasado 9 de diciembre de 2019, una comunicación relativa al caso de los periodistas, sin embargo, este no respondió a la comunicación.
La ONU recordó que el Estado de Nicaragua es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a la comunicación en el plazo establecido. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo”, agregó.
El Grupo de Trabajo destacó que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole, sea oralmente o por cualquier otra forma.
“La libertad de expresión es de tal importancia, que ningún gobierno puede conculcar otros derechos humanos por las opiniones políticas, científicas, históricas, morales, religiosas o de cualquier tipo, efectuadas o atribuidas a una persona. En consecuencia, calificar como delito la expresión de una opinión pacífica no es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto, ni tampoco es permisible que una persona sea acosada, intimidada o estigmatizada, detenida, o sujeta a prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones, ni por divulgar información noticiosa”, apuntó.
Finalmente, y con el objeto de que el Grupo de Trabajo pueda entablar un diálogo directo con las autoridades de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), con representantes de la sociedad civil y con personas detenidas, con miras a lograr una mayor comprensión de la situación de privación de la libertad en el país, el Grupo de Trabajo sugiere que el régimen considere favorablemente permitirle llevar a cabo una visita al país.