El régimen de Daniel Ortega despidió este martes a al menos once médicos que en el mes de abril firmaron un pronunciamiento en el cual denunciaban el mal manejo de la pandemia del COVID-19 por parte las autoridades sanitarias del país.
Los despidos ocurrieron sin razón alguna, simplemente notificándoles la “terminación de su contrato”.
Los despedidos son:
1. Dr. Ignacio Molina, Cirujano Oncólogo.
2. Dr. Mercado, Internista.
3. Dra. Tanielka Munguia, Internista.
4. Dra. Martha Bendaña, Internista.
5. Dr. Sergio López, Cirujano Hepatobiliar.
6. Dra. María N Escoto, Anestesióloga.
7. Dra. Leonor Morín, Otorrinolaringologa.
8. Dra. Yamilet Sánchez, Ginecóloga.
9. Dr Enrique Ocampo, oncologia hospital La Mascota.
10. Dr Fernando Rojas, anestesiólogo HBC.
11. Dr. Erlin Antonio Espinoza Avilez, Pediatra IMPP Rivas.
El 30 de abril pasado, más de 500 profesionales de la salud en Nicaragua le exigieron al régimen de Daniel Ortega que “libere” la realización masiva de las pruebas de COVID-19 tanto a nivel público como privado. Tras ese pronunciamiento algunos de ellos fueron amenazados.
Entre las demandas de los médicos está además transparentar los datos pertinentes sobre la evolución de la epidemia de acuerdo con los estándares epidemiológicos internacionales, utilizando lenguaje técnico y claro.
Establecer públicamente su plan de contingencia ante esta emergencia de salud pública e implemente de inmediato las medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones masivas, así como de aislamiento y cuarentena que sean necesarias.
Garantizar las medidas de protección adecuadas para todo el personal sanitario de los servicios de atención pública.
Garantizar la existencia suficiente de medios diagnósticos, medicamentos y equipos de sostén vital (como ventiladores) a todos los pacientes con COVID-19 que lo ameriten.
Y, garantizar -como el resto de los países del SICA- políticas de reducción o amortiguación del daño a nivel socio-económico (congelamiento de las tarifas de agua, luz, IVA y deudas bancarias, fondos de ayuda, etc.) que permitan un alivio ante la crisis sanitaria a los trabajadores de la salud y ciudadanos en general, así como garantizar la vigencia de los derechos humanos a la población más vulnerable.