Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que el régimen de Daniel Ortega deje de utilizar el documento “consentimiento informado” que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19 en Nicaragua.
El documento es un descargo de responsabilidad en que el paciente admite que conoce las reacciones de la inmunización y exime al régimen y al Ministerio de Salud (MINSA) de toda responsabilidad de cualquier complicación relacionada con la vacuna.
El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera puede ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
“Eso no te exime de responsabilidad legal. No tienes que exonerar a nadie, es una responsabilidad del gobierno protegerte, como es una responsabilidad del gobierno promover que la gente se vacune porque es urgente”, señaló el epidemiólogo.
Otro miembro del Comité Científico Multidisciplinario, el salubrista Carlos Hernández, dijo que han instado al régimen a que mejore este consentimiento con información exacta sobre la vacuna que está recibiendo la persona así como sus efectos secundarios, y eliminando el acápite que los exime de responsabilidad, ya que no tiene un asidero legal.
Según Hernández, “legalmente nadie puede renunciar a sus derechos y nadie puede eximir al estado”.
“Debería ser claridad de que el estado da tanta confianza a todos los que se apliquen la vacuna que asume toda la responsabilidad de un programa que está impulsando”, agregó.
Por su parte, el gerente de Incidencia para COVID -19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
“El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS en un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y en la agilidad del despliegue de la vacuna. Lo que queremos es facilitar con los ministerios es un despliegue rápido y eficiente”, declaró recientemente.
El MINSA hizo énfasis en que el proceso de vacunación, que comenzó el 2 marzo, será “voluntario” y priorizará a los grupos riesgo, como los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.
Sin embargo, se critica que este llamado a la voluntariedad está disfrazando el desconocimiento que existe en la población y los especialistas, además, advierten que el país necesita un proceso de vacunación rápido y urgente.
La situación de Nicaragua es tan particular que fue el único país de la región que comenzó tarde el proceso de vacunación, una semana después de que fue recibido el primer lote de vacunas, mientras en otras naciones se inició el mismo día o al día siguiente de recibir las dosis.
Además, la población todavía no tiene claridad del plan nacional de vacunación, el estado se exime de responsabilidades y el personal médico en primera línea de atención a pacientes con COVID -19 no fue considerado para vacunarse con las primeras dosis.
*Con VOA