Régimen intenta vender imagen ante la ONU que contradice informes internacionales

El canciller orteguista, Denis Moncada, defendió la soberanía de su país en su intervención este mes en Naciones Unidas, pero los “indicadores positivos” serían menos de los que destacó, agravado además por la represión y encarcelamiento de parte del régimen contra sus opositores rumbo a las elecciones de noviembre.

Después de varios retrasos y 14 años de ausencia, el régimen orteguista intervino el pasado 27 de septiembre en la sexta jornada de la 76ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, por medio del canciller Denis Moncada. En su discurso defendió la soberanía del país, criticó el imperialismo y apoyó a los internacionalmente criticados gobiernos de Venezuela, Bielorrusia o Corea del Norte.

Para empezar uno de los últimos puntos, Moncada reiteró que Nicaragua seguía siendo “un importante factor de estabilidad, paz y seguridad regional e internacional, con indicadores positivos en el desarrollo económico, político y social, en equidad de género, en la seguridad ciudadana y en la erradicación de la pobreza”.

Mientras que lo “importante” del papel geopolítico de un país suele analizarse, más que medirse, los “indicadores positivos” deberían mostrar una imagen o evolución acorde del país, por sí mismos o en índices a partir de encuestas, estimaciones y evidencia empírica. Sin embargo, los informes más reconocidos internacionalmente de cada caso son más bien negativos en Nicaragua, y las tendencias recientes durante el régimen de Ortega parecen confirmarlo.

Un país que retrocede

El desarrollo económico de un país puede medirse, entre muchos otros, por medio de datos relativos al PIB. Como informó la Voz de América, el Banco Central de Nicaragua estima que la economía crecerá este año hasta un 7%, frente al 2,5 que proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En todo caso, ambos serían insuficientes para revertir la contracción acumulada del 9% en los últimos tres años.

Asimismo, después de casi tres décadas al alza, el PIB per cápita de Nicaragua lleva cayendo desde 2017, según datos del Banco Mundial. Ese año inició el cuarto “gobierno” —tercero consecutivo— de Ortega, y el dato se mantiene entre el primero y segundo más bajo de Centroamérica después de haber llegado a crecer a un ritmo superior.

En cuanto al desarrollo político, el último índice de la democracia que elabora The Economist sitúa a Nicaragua en el puesto 120 entre 167 países con un puntaje de 3,60 sobre 10.

Dentro de la categoría de regímenes autoritarios, en Latinoamérica solo supera a Cuba y Venezuela, y su puntaje ha caído en cada edición desde 2008, segundo año después del regreso de Ortega, quien ya había gobernado entre 1985 y 1990.

Con datos de 2020, los peores resultados del país están en las categorías de proceso electoral y pluralismo, y de funcionamiento del régimen. De hecho, el informe pone a Nicaragua como ejemplo de régimen que aprovechó la pandemia para afianzarse. Lo hace con las primeras medidas contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año y con leyes sobre lo que Ortega y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) consideran desinformación y agentes extranjeros.

La percepción de la corrupción también acompaña ese retroceso. El índice de 2020 de Transparencia Internacional al respecto ubica a Nicaragua en el puesto 159 de 179 Estados, con 22 puntos sobre 100. Aparte de estar cerca de Guatemala y Honduras, los nicaragüenses también han visto un deterioro constante desde 2012.

Respecto al desarrollo social, el informe de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el índice de desarrollo humano muestra a Nicaragua en la casilla 128 entre más de 190 países, en torno a las tres naciones del Triángulo Norte. Este índice reúne la esperanza de vida al nacer, los años de escolaridad tanto esperados como promedio y la renta per cápita. En Nicaragua está estancado desde 2017.

Frente al contraste entre lo que aseguró el canciller Moncada y los informes internacionales, el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, y la socióloga y analista nicaragüense Elvira Cuadra apuntan primero al problema de las cifras. En muchos casos, Nicaragua lleva años sin actualizarlas y, por tanto, sin reportarlas a diferentes organismos internacionales que las tendrían incompletas. A ello se suma la falta de transparencia que dificulta aún más verificarlas.

Avances y matices en género y pobreza

Ahora bien, hay elementos de la afirmación del canciller ante la ONU con parte o buena parte de verdad, como en la equidad de género y la erradicación de la pobreza.

En el informe de 2021 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) sobre el índice global de brecha de género, Nicaragua aparece en el puesto 12 entre 158 países, el primero de Latinoamérica con un puntaje de 0,796 sobre 1. Entre 2006 y 2021, el país se ha mantenido bien o ha mejorado en los cuatro subíndices.

Por un lado, están el logro educativo y la salud y supervivencia, donde la brecha ya era muy pequeña y como parte de programas más amplios. Por otro, la participación y oportunidades económicas más el empoderamiento político, a partir de leyes y políticas específicas que han cerrado brechas más amplias donde queda bastante margen de mejora.

La aprobación en 2013 de la política de género de la Asamblea Nacional se tradujo en un enfoque institucional que ha servido para legislar, por ejemplo, en favor de la paridad en participación política. Así, Nicaragua ha contado con un gabinete presidencial de mayoría femenina, encabezado por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, y es de los seis países de Latinoamérica con más del 40% de mujeres en los asientos del Legislativo.

Sin embargo, para Breda, las menciones de Moncada en su afirmación son “verdades a medias”.

“Es un uso politizado de ciertos indicadores a los que se refiere para justificar el discurso victimista que ha dado en la Asamblea General y para ocultar los retrocesos que ha habido”, sostiene.

En ese sentido, la alta participación de mujeres en la Asamblea está enmarcada en una mayoría oficialista aplastante, 72 escaños de 92, desde donde el gobierno promueve leyes a su favor.

Aunque Nicaragua también destaca en el subíndice de salud y supervivencia, el informe del WEF no recoge un problema regional y nacional tan relevante como el embarazo adolescente.

Asimismo, el buen desempeño en el logro educativo y la mejora en la participación y oportunidades económicas esconden la realidad socioeconómica del país, que en parte traduciría esas brechas reducidas a que las mujeres están solo un poco peor que los hombres.

Por otro lado, Nicaragua también se ha destacado por su labor para erradicar la pobreza. Según el informe de 2020 del PNUD sobre el índice de pobreza multidimensional, fue uno de los cuatro países que lograron reducirlo a la mitad en un periodo entre los 5,5 y los 10,5 años, y uno de los dos que logró hacer lo propio con su incidencia.

El índice de pobreza multidimensional recoge diez indicadores de educación, como la cantidad de niños y los años en escolarización; de salud, como la mortalidad infantil y la nutrición, y la calidad de vida, relacionada con servicios básicos. No obstante, los datos de Nicaragua abarcan el periodo 2001-2011/2012, así que el relativo éxito de las políticas y los programas de cooperación para erradicarla vendrían desde antes del regreso de Ortega, quien sin embargo se vio frente a la crisis que vive el país desde 2018.

Ya en plena crisis, según una encuesta de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), la pobreza extrema en 2019 en Nicaragua era del 8,9%, con la línea de ingreso marcada en 14.026,58 córdobas por persona al año (unos 400 dólares al cambio actual) para cubrir necesidades calóricas. La pobreza era entonces del 44,4%, con la línea puesta en 28.336,4 córdobas (poco más de 800 dólares) para satisfacer también necesidades esenciales. Y faltaban la pandemia y la carrera electoral.

Inseguridad ciudadana rumbo a las elecciones

Nicaragua se encamina a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 7 de noviembre en un contexto de denuncias nacionales e internacionales por falta de garantías, que de hecho se replicaron en la Asamblea General de la ONU.

El régimen de Daniel Ortega, con posibilidad de reelección indefinida desde 2014, lleva años de tensión con la sociedad civil desde las protestas de 2018 por la reforma de la seguridad social y ante la respuesta policial posterior.

Para Tiziano Breda, además, parte del detonante también fue que el gobierno rompió la “relación pragmática” que tenía con el sector privado al no haberle consultado la reforma, y después con otro “poder fáctico” como la Iglesia al escalar la violencia.

Según el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión ya dejaba más de trescientos muertos, casi todos en 2018, y más de cien encarcelados para julio de este año. Además, con la pandemia del COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020, se estima que la suma de crisis ha exiliado a más de 100.000 nicaragüenses.

Aun así, distintas encuestas de CID Gallup que muestran la alta percepción de la inseguridad y la preocupación como uno de los problemas más graves del país chocan con la mención del canciller Moncada a los indicadores positivos en seguridad ciudadana durante su discurso ante Naciones Unidas.

En ese sentido, el informe reciente de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime sobre el índice de crimen organizado global de 2021 destaca de Nicaragua la presencia del narcotráfico y los crímenes ambientales, las redes y pequeños grupos criminales, y los actores vinculados con el Estado. Al mismo tiempo, estima una baja resiliencia institucional para responder al crimen.

Elvira Cuadra, también investigadora asociada del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua y especializada en temas de seguridad, afirma que en estos años sí que han aumentado la delincuencia y el crimen organizado, pero también la violencia política. Así lo muestra el monitoreo de las protestas que hace proyecto de investigación Sismología Social.

“La gente tiene temor de la policía, pero también de los grupos paramilitares, que actúan con la protección del gobierno y de la misma policía”, asegura Cuadra, que le atribuye al Estado un papel “dinamizador y ejecutor” de la violencia.

“Ha habido varias fases de represión, cada una con características distintas y objetivos y blancos diferentes”, explica, retomando desde las protestas masivas en 2018 hasta la precampaña electoral a partir de mayo de 2021.

Las elecciones de noviembre, como ya informó la Voz de América, en principio solo contarán con acompañantes internacionales afines a Ortega.

Mientras tanto, el Observatorio Ciudadano, una iniciativa multidisciplinaria e independiente que monitorea el impacto de la pandemia en el país ante la falta de respuesta estatal, reportó que para el 22 de septiembre un total de 5.230 nicaragüenses habían muerto por neumonía o sospechosas de COVID-19, y que había hasta el momento 28.247 casos verificados.

Ya en campaña desde el pasado sábado 25 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega tiene detenidos a más de treinta líderes opositores, entre ellos el resto de candidatos y precandidatos presidenciales, y censurados varios medios. Breda añade que en este punto la mayor represión estatal ha sido porque “la urgencia ha aumentado”, ante la posibilidad de una derrota que pueda conllevar un enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad.

*Con VOA

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