El régimen de Daniel Ortega a través del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua (PROCOMPETENCIA) ordenó una multa de 200 mil dólares contra la Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL, por sus siglas en inglés), propiedad del Grupo Pellas, a quien acusa de “prácticas anticompetitivas”.
NSEL, empresa dedicada a la producción de azúcar, ron y energía, fue denunciada por la empresa Corporación Velásquez Pereira S.A., dedicada a cultivos de agroexportación y provisión de caña de azúcar, confirmaron fuentes del sector al diario La Prensa.
En el mes de agosto de 2022 la Corporación Velásquez Pereira S.A, denunció a la NSEL ante PROCOMPETENCIA por la “comisión de prácticas anticompetitivas contempladas en la Ley 601 de Promoción de la Competencia”.
En específico, la denuncia versó sobre la supuesta denegación de trato entre agentes económicos no competitivos. Siendo el caso que la NSEL habría denegado la renovación de contratos de compra venta de caña de azúcar a la Corporación V&P alegando “riesgo legal”.
El tribunal administrativo de PROCOMPETENCIA admitió la denuncia de la Corporación Velásquez Pereira S.A y tras haber realizado el proceso administrativo correspondiente, emitió su falló el 29 de mayo del corriente, comprobado que la NSEL denegó trato de compraventa de caña de azúcar a la Corporación Velásquez Pereira S.A., “desplazándola del respectivo mercado sin justa causa y abusando de su posición de dominio. De esta manera quedo establecida la comisión de prácticas anticompetitivas por la NSEL”.
En su fallo, el tribunal administrativo PROCOMPETENCIA sanciona a NSEL con una multa correspondiente a 1,253 salarios mínimos, lo cual equivale aproximadamente a unos 200 mil dólares. Además, ordena a NSEL que “cese y desista” en la denegación de trato a la Corporación Velásquez Pereira S.A., y dispone la ejecución a costa de la NSEL de un programa de cumplimiento, en lo referente a sus relaciones comerciales con agentes económicos no competidores, a fin de evitar a futuro prácticas anticompetitivas y abuso de posición de dominio que pudieran trasladarse a los contratos de compra venta de caña de azúcar que suscriba la NSEL con otros proveedores.
Las fuentes consultadas por La Prensa califican el fallo de “absurdo”, pues explicaron que “quieren obligar a una empresa privada a comprar a una empresa que está envuelta en un problema legal (pleito de hermanos)”.