El régimen orteguista acusó este lunes a Colombia, durante una vista oral en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de no acatar un fallo de 2012 que delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y ese país sudamericano.
El representante del régimen ante la CIJ, Carlos Argüello, recordó que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que, para aplicar la decisión del alto tribunal de la ONU, debería firmarse “un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente”.
“Cualquier supuesta necesidad de otro tratado para implementar la sentencia es simplemente una excusa para no cumplirla”, dijo Argüello ante los jueces.
Nicaragua ha llevado a Colombia ante la CIJ por tercera vez en los últimos 20 años para esclarecer la frontera marítima entre ambos países y, en esta ocasión, ha reclamado al tribunal que le exija a Bogotá el respeto al fallo de 2012.
Esa decisión confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente, lo que provocó el rechazo de Bogotá.
Argüello mencionó “ejemplos recientes de la determinación de Colombia para continuar violando e ignorando los derechos de Nicaragua”, como un referendo propuesto por el presidente colombiano, Iván Duque, para preguntarle a los ciudadanos colombianos “si se debía aceptar el fallo de la corte”, dijo.
En la presentación de pruebas, los abogados del régimen reprodujeron audios de un incidente en alta mar, sucedido en marzo de 2015, en el que guardacostas de Colombia advertían a los de Nicaragua de no adentrarse más en el mar porque “la decisión de La Haya es inaplicable”.
Argüello concluyó pidiendo al alto tribunal de la ONU que le exija a Colombia “garantías adecuadas de no repetición de hechos internacionalmente ilícitos”.
Los abogados representantes de Bogotá responderán este miércoles a las acusaciones y presentarán dos contrademandas que ya han sido admitidas a trámite por la CIJ, indicó la agencia EFE.
En la primera, se asegura que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
El abogado representante de Managua Alain Pellet explicó hoy que el dictador Daniel Ortega, propuso en 2013 “abrir canales de comunicaciones para asegurar a la comunidad raizal derechos de pesca” y que esta comunicad está siendo utilizada por Colombia “para expandir actividades pesqueras industriales”.
En la segunda contrademanda, se acusa a Nicaragua de “extender sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional” mediante un decreto de agosto de 2013, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.
Está previsto que los alegatos orales de ambos países continúen hasta el 1 de octubre y los jueces se retiren posteriormente para deliberar una decisión que se daría a conocer en 2022.
La disputa legal comenzada hoy se desarrolla en paralelo a otra incoada por Nicaragua que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese caso, Managua le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.