El régimen de Daniel Ortega no participó a la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para este viernes, para abordar su incumplimiento sobre las medidas “urgentes” para liberar a los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Tamara Dávila, quienes llevan entre dos y tres meses encarcelados.
“Usualmente es el Estado quien empieza con su intervención en las audiencias de medidas provisionales, explicando las medidas adoptadas para cumplir con estas, en el presente caso ante la no comparecencia del Estado a la audiencia, lo cual lamentamos mucho, se dará el uso de la palabra a la delegación de los beneficiarios de las medidas provisionales”, indicó la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH.
El 8 de julio venció el plazo que la Corte IDH dio el pasado 24 de junio para que el régimen de Daniel Ortega procediera a la liberación inmediata y garantizara la protección de la vida e integridad a los opositores presos antes mencionados.
El 24 de junio, la Corte IDH resolvió “requerir al Estado (de Nicaragua) que proceda a la liberación inmediata” de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera; y también demandó a que “adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal” de estos y de sus familiares.
Asimismo, el 19 de julio la Corte IDH, solicitó al régimen de Ortega la “adopción de medidas urgentes” a favor de la dirigente opositora de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y presa política Tamara Dávila, que incluía su “inmediata liberación”.
“Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 30 de julio de 2021 sobre la situación de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas, a la luz de las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”, rezaba la resolución.
No obstante, el régimen no cumplió con ninguna de las resoluciones.
“Pese a la seriedad de la situación de las personas beneficiarias el Estado no ha proporcionado ninguna información concreta sobre sus condiciones actuales de su detención y paradero exacto; al contrario el Estado no está presente acá y ha persistido en su detención y en la total incomunicación. Honorable Corte, el escalamiento de la violencia que ha denunciado públicamente la comunidad civil ha consistido en la criminalización de la oposición política o la disidencia”, declaró por su lado Antonia Urrejola, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sostuvo que “la ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus nefastas afirmaciones. El Estado desconoció y descalificó a esta honorable Corte”.
En la audiencia, participaron familiares de los opositores secuestrados. “Mi marido Félix fue secuestrado por la Policía el 8 de junio del 2021 al salir de una entrevista de la Fiscalía, desde entonces no sabemos absolutamente nada. Solicitamos una prueba de vida, porque tiene 80 días de estar desaparecido e incomunicado”, solicitó Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga.