La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con sede en Miami, Estados Unidos, denunció este jueves que el régimen orteguista se robó el edificio en el que esta organización operaba en Managua hasta abril de 2022.
“Denunciamos que el régimen sandinista dirigido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía como principal instrumento de violencia y represión contra los defensores de derechos humanos y el pueblo de Nicaragua, ha consumado el robo de nuestras oficinas en Managua”, señaló en una declaración este organismo, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el régimen el 19 de abril del año pasado.
La CPDH detalló que, en horas de la mañana de este jueves 19 de enero, cuatro patrullas con antimotines llegaron a apropiarse del edificio que les había sido donado por una fundación internacional de Derechos Humanos.
“Estos actos represivos, ni las amenazas, ni el encarcelamiento contra nuestra funcionaria, la doctora María Oviedo Delgado; han callado, ni callarán nuestra voz y nuestra lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses; por el contrario, nos compromete a seguir firmes en la demanda nacional e internacional por verdad, justicia, reparación y no repetición a favor de las víctimas y sus familias”, reza el documento de la CPDH.
El abogado Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH-Miami, dijo que no les extraña que el régimen les haya robado el inmueble pues es su costumbre adueñarse de lo ajeno y ultrajar los derechos de los nicaragüenses.
“Nosotros como CPDH sabíamos que esta situación iba a suceder tarde o temprano. Desde que nos quitaron la personería jurídica el año pasado, nosotros estábamos claros que el edificio iba a ser confiscado. Ha sido una práctica y costumbre de la dictadura robar lo ajeno”, declaró Carmona.
“Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aportes de la cooperación internacional y con mucho esfuerzo veníamos haciéndoles mejoras a este edificio”, añadió el abogado.
Carmona reiteró que seguirán en la promoción y protección de los derechos del pueblo nicaragüense a través de sus otras oficinas instaladas en Costa Rica y Miami.