El régimen orteguista rechazó el jueves, en una “reflexión” por el Día de los Derechos Humanos, las sanciones internacionales impuestas a familiares y allegados al dictador Daniel Ortega, así como instituciones y empresas, por países que los señalan de violar los derechos de las personas.
Más de una veintena de familiares y personas cercanas a Ortega, además de funcionarios, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y nueve empresas o instituciones ligadas a los sandinistas, han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá, y países europeos, que les atribuyen “actos de corrupción” y “serias violaciones de derechos humanos”.
El régimen anunció estar comprometido con todos “los que han padecido y padecen las arbitrarias e injustas medidas violatorias de todos los derechos humanos de personas y pueblos en todo el mundo, llamadas descaradamente sanciones”, dijo en una “reflexión”, la vicedictadora Rosario Murillo, una de las sancionadas desde 2018.
En su alocución, Murillo sostuvo que el levantamiento masivo contra el régimen en 2018, fue una “intervención golpista armada, terrorista y criminal, que impusieron los imperios con un puñado de despreciables sirviente”, a quienes señaló como violadores de los derechos humanos.
El mismo jueves la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, realizó un homenaje a los policías que murieron durante las revueltas de 2018, a la vez que la oposición acusaba a los uniformados de ser “el brazo represivo” de Ortega.
Además de Murillo, también han recibido sanciones tres hijos de Ortega y Murillo, un consuegro de ambos que también es el director de la Policía, dos presidentes del Consejo Supremo Electoral, el presidente del Parlamento, el jefe de seguridad personal del dictador, su asesor principal, entre otros.
*Con información de EFE