José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y miembro de la Alianza Cívica, informó este viernes que el régimen de Daniel Ortega echó pie atrás con la recién publicada normativa de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), sobre cómo y con cuánto multar a los bancos en Nicaragua que rechacen hacer tratos con un sancionado.
La publicación de sanciones relacionadas con la polémica ley de protección al consumidor de Nicaragua en La Gaceta, hizo que las entidades bancarias presionaran al régimen, ante la amenaza de ser cerradas temporal o definitivamente si cerraban cuentas a los usuarios (sancionados) “de manera unilateral o sin notificar la causa”.
Los bancos que se negaran a ofrecer servicios a personas que han sido incluidas en listas de vigilancia de organizaciones internacionales podrían recibir una multa de hasta 3,6 millones de córdobas.
“Ante la presión interna y externa, las autoridades tuvieron que retroceder lo que hicieron en la ley vía normativa. Es decir, los bancos podrán seguir aplicando sus propias normativas y políticas para manejar el riesgo y poder cancelar o no abrir relaciones. La potestad que le quitaron a los bancos vía ley se la devuelven vía reglamento”, escribió Aguerri.
El COSEP había advertido que la reforma a la Ley podría derivar en acciones internacionales contra bancos nicaragüenses, que dicha norma violaba el derecho a la libre empresa, promovía el lavado de dinero, y exponía a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global, al ser incorporada a la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Afortunadamente la presión les hizo entender lo que se estaba poniendo en riesgo”, apuntó el expresidente del COSEP.
No obstante, aclaró que la ley “sigue vigente por lo que la amenaza sigue vigente”.
“Hoy por diferentes razones tuvieron que retroceder, pero siempre pueden derogar esta normativa y volver al punto de origen de la ley”, añadió.
Ley Creadora del Banco Produzcamos
Aguerri también se refirió a la reciente propuesta de reforma a la Ley Creadora del Banco Produzcamos, enviada por el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional.
Al respecto dijo: “El Banco dejaría de estar sujeto a las disposiciones de la Superintendencia referente a las operaciones de fideicomisos realizadas por las instituciones financieras. Esto sería un retroceso en relación a los compromisos como país que se han adquirido alrededor de los controles a implementar en las Políticas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”.
Aguerri alertó que con la reforma a esa legislación “se deterioraría la transparencia y administración institucional, por ejemplo: quitan obligación de algunas operaciones a la sujeción de la Siboif, manejo discrecional presupuestario, manejo discrecional en remuneraciones y funciones de funcionarios claves”.
Otro tema mencionado por Aguerri es la propuesta de reforma de la Ley contra el Lavado de Activos, promovida también por Ortega para que el Ejército sea el encargado de vigilar, supervisar e investigar las actividades sospechosas de lavado de activos y con el crimen organizado en los bancos, financieras, agencias de envíos de remesas y de todo empresa vinculada al sector financiero.
El expresidente del COSEP, criticó la incorporación del Ejército en la Comisión Nacional establecida para este propósito, argumentando que “este es un tema que no es militar y lo que hacen es continuar militarizando este tipo de temas”.
“En todo caso en el resto de la región estas estructuras no incorporan al ejército. Y por el otro lado lo que correspondería es incluir a reguladores en la materia. En otros países un ejemplo de este tipo de reguladores son los Colegios de Contadores Públicos”, comentó.
La inclusión de un representante del Ejército en la Comisión Nacional Antilavado, es interpretado por analistas políticos y economistas consultados por el medio digital Expediente Público como otra muestra de la extensión de poderes a la institución militar con la que Ortega se sigue asegurando la lealtad de sus altos mandos.
También tiene un doble propósito, según los analistas, como es el de fortalecer el modelo político-partidario- militar, y a su vez usar al Ejército como instrumento para intimidar al sector empresarial nicaragüense con el objetivo que desista de apoyar a la oposición, y se restablezca el modelo corporativista que existía entre el sector privado y el régimen orteguista previo al estallido de la crisis social y política de abril del 2018.
*Foto: Confodencial