*Por República 18
Este 10 de enero, día en que se realizará la toma de posesión de las 153 alcaldías de Nicaragua, a Reyna Hernández le correspondería entregar el cargo como alcaldesa del municipio de Wiwilí, jurisdicción del departamento de Jinotega, para el cual fue electa en 2017 por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin embargo, no podrá hacerlo: actualmente se encuentra en el exilio y su cargo fue usurpado en 2020, sin sustentos legales, por un operador político sandinista.
El 28 de octubre de 2020, tres concejales sandinistas se tomaron la alcaldía de Wiwilí y se autoproclamaron alcalde, vicealcalde y secretario general, precisamente tres meses después de que le realizaran a Hernández un juicio en el que declararon culpable a la exalcaldesa de presunto desacato a la autoridad en perjuicio de la administración de justicia. La inhabilitaron de su cargo por dos años y le impusieron una multa de 100 mil córdobas.
“Este 10 de enero entrego a mi pueblo mi banda del cargo desde el exilio. Con mucho orgullo me hubiera gustado entregar la banda al nuevo alcalde o alcaldesa que el pueblo escogiera”, dijo Hernández con evidente nostalgia, en una entrevista telefónica con República 18.
Durante el recrudecimiento de la represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2022, las alcaldías en manos del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cancelado jurídicamente en 2021, fueron ocupadas por la fuerza por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en detrimento de la autonomía municipal.
El quitar, defenestrar, judicializar o imponer alcaldes y vicealcaldes es una práctica común dentro del Frente Sandinista, que ha pasado factura incluso a quienes defendían a capa y espada la forma de gobernar del dictador Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Toma de posesión tras «circo electoral»
En 2022, luego de la usurpación de las alcaldías liberales por parte del Frente Sandinista, el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó a unas cuestionadas votaciones municipales que estuvieron marcadas por la poca transparencia, violación del reglamento electoral, reducción del tiempo de campaña, intimidación a opositores y una evidente abstención ciudadana.
Además del Frente Sandinista, los partidos que se prestaron a participar en estas votaciones fueron: el PLC, la Alianza por la República (APRE), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Yatama, un partido regional de la Costa Caribe de Nicaragua. Todos estos son considerados por la oposición en el exilio como colaboracionistas o partidos satélites por sus vínculos con Ortega y Murillo.
A criterio de Lludely Aburto, especialista en municipalismo, en este nuevo período fueron designadas y reelectas autoridades con antecedentes de corrupción y que no fueron electos por la voluntad popular, sino por la voluntad desde El Carmen, lugar desde donde manda el dictador y su vice dictadora.
“Este fue un proceso ilícito que abolió la participación ciudadana, desde el ejercicio de las elecciones generales. Estos nombramientos que se hacen, no tienen ninguna efectividad ni transformación en la sociedad nicaragüense ni al ejercicio cercano con la población”, señaló la municipalista.
Por su parte, Hernández confirmó con sus bases liberales que la ciudadanía de su municipio no participó en las votaciones de noviembre de 2022. Mientras la comunidad internacional condenó fuertemente estos comicios hechos a la medida del Frente Sandinista: cargados de violaciones a derechos cívicos y corrupción.
“Estos son alcaldes designados, no fueron elegidos por el pueblo. Si hablamos de mi municipio, la gente no salió a votar”, puntualizó la exfuncionaria pública.
Edgar Blanco, politólogo exiliado en Costa Rica, considera que con el actual sistema político no puede haber procesos electorales justos y transparentes. “Es el último eslabón que faltaba para controlar todas las instituciones, para no dejar independencia y autonomía en el país”, señaló.
Blanco considera que la auto designación de la dictadura de las 153 alcaldías consiste en una estrategia para controlar a todo el país. “Esto le permite a la dictadura controlarlo todo. Tenía cabos sueltos, que eran estos municipios que no eran afines a su política. Ahora esto ya no existe”, afirmó el politólogo.https://www.ivoox.com/player_ej_101295738_6_1.html?c1=043c8c
Elecciones sin transparencia
Tras los recientes comicios municipales, la organización independiente Urnas Abiertas recibió actas de escrutinio y carteles de resultados de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que, al analizarlos, observaron que el Poder Electoral manipuló la información reportada por los Consejos Electorales Municipales (CEM).
En varios casos el CSE informó una mayor cantidad de votos que los reportados por los CEM en los cierres de los municipios, sobre todo para los partidos colaboracionistas.
Según Urnas Abiertas, los territorios que han sido históricamente antisandinistas vivieron una jornada electoral municipal bajo tensión, amenazas y una serie de irregularidades que se registraron desde la apertura de las urnas.
La organización registró dobles o múltiples votos en las mismas juntas receptoras, a cargo de operadores políticos sandinistas que estaban dispuestos a cometer anomalías. Se extendieron constancias de “personal auxiliar”, que le permitía al portador votar en una JRV diferente a la correspondiente, por encontrarse “movilizado”; limitaciones al trabajo de fiscales en municipios opositores, la eliminación de más de 1.3 millones de personas del padrón electoral, entre otras irregularidades.
“Las actas de escrutinio fueron manipuladas, se inflaron datos, en promedio los reportes indican que en las actas se colocó hasta un 30% de votos adicionales”, detalló la organización en su último informe al cierre de esta publicación.
¿Qué se pierde?
La confianza en procesos electorales, el mínimo desarrollo local y el alejamiento entre las autoridades y la población son algunas de las pérdidas a raíz del control absoluto de las alcaldías por parte de la dictadura.
“Hay un ejercicio totalitario, donde las órdenes se dan desde el régimen. Lo que se pierde es la posibilidad de decidir y de desarrollar más el municipio. Hay muchos temas, como el acceso al agua, que las autoridades deberían tener en la mesa”, dijo Lludely Aburto a República 18.
“Los temas de los recursos, los impuestos locales puedan contribuir con la solución de los problemas municipales”, añadió también la exdiputada, quien se encuentra en el exilio.
Aburto consideró que los alcaldes, al ser operadores políticos de un partido en el poder a nivel central, trasladan los intereses de la cúpula pese a las necesidades a nivel local. Lo que indicaría poca responsabilidad sobre las verdaderas problemáticas locales.
Por su parte, Daisy George West, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considera que la pérdida más grande es la desconfianza de la población en sus autoridades.
“Se rompe la confianza del pueblo en estos procesos. Estas acciones van a quedar grabadas en la historia para trasladarlas de generación en generación”, señaló.
A criterio de la exalcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, la población se desvincula totalmente de sus autoridades, cuando éstas son impuestas por la fuerza.
“Se pierde mucho porque la gente empieza a no pagar los impuestos, no te visita, no hay esa cercanía, como la que había cuando estuve al frente de la alcaldía”, sostuvo.
Hernández expresa que las autoridades impuestas por la dictadura, al no tener un vínculo estrecho con la población, ejecuta menos obras de progreso y de desarrollo local.
“A pesar de que no nos dejaron gobernar, hicimos mucho por ese municipio, con el apoyo de la gente, de los campesinos y los mismos sandinistas que llegaban a pagar sus impuestos”, dijo Hernández detalla que la población finalmente pierde el derecho a elegir a sus autoridades.
“La población pierde el derecho a elegir a sus autoridades. Como ahorita no hay una autoridad puesta por el pueblo, no se ha hecho nada. Esta persona que usurpó mi cargo, sabe que no hace nada porque no son electos, son designados”, manifestó con un tono de molestia.
Fuente: CSE
Partidos satélites también pierden
Pese a no contar con ninguna alcaldía, los partidos satélites serán beneficiados con el reembolso de la campaña electoral, que en 2022 se redujo a menos de 20 días.
“Son los premios del régimen a quienes contribuyeron a intentar legitimar ese proceso. Les pagan con recursos del Estado por los gastos de la campaña, que fue nula y que no merece la paga con los recursos estatales, que son los de los nicaragüenses. El régimen paga con recursos del Estado el silencio de estos partidos”, expresó Aburto.
No obstante, Daisy George West puntualizó que los partidos satélites también perdieron más de lo que ganaron al prestarse a la farsa electoral.
“Los partidos políticos siempre hacen sus acuerdos a espaldas del pueblo. Imagino que el resultado debe ser doloroso para estos partidos, porque quiero suponer que confiaron que les iban a respetar los resultados por los que se prestaron a la farsa”, expresó.
“Aun así, se mostró el verdadero rostro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque el objetivo era acaparar todos los municipios y pasarlos a manos del régimen. Los partidos políticos en la nueva Nicaragua tienen que tener ética”, añadió.
Por su parte, Hernández también cuestionó los premios a los partidos políticos satélites, incluyendo al PLC, mismo en el que militó y llegó a la alcaldía del municipio jinotegano.
“A los partidos satélites les dejaron algunas concejalías. En Wiwilí dicen que los otros partidos sacaron dos mil votos, ¿pero de dónde, si la gente no participó?”, se cuestionó la exfuncionaria.
La farsa electoral marcó el rompimiento de las cúpulas y las bases
Aunque la autonomía municipal se venía deteriorando desde el 2007, año en que el sandinismo retornó al poder, las recientes votaciones remarcaron el rompimiento social entre las cúpulas y las bases de los partidos.
“El régimen inició estableciendo poderes paralelos a las alcaldías. Son figuras que se montaron para apartar la participación ciudadana a nivel local. Entre estos, los comités de desarrollo municipales y distritales. Todo esto se fue diluyendo por estructuras partidarias que se impusieron a nivel municipal”, señaló Lludely Aburto.
En las votaciones de noviembre de 2022, se registró al menos un 81.5% de abstención ciudadana, según la organización independiente Urnas Abiertas. Esto demostraría el rechazo ciudadano que existe hacia un partido que desde el poder promueve las violaciones a los derechos humanos, el nepotismo, la corrupción y la pobreza.
A criterio de la exalcaldesa de Wiwilí, el nivel de abstencionismo se debió a la separación de las bases con las cúpulas de los partidos políticos, especialmente del PLC.
“No tengo relación con la presidenta del partido, María Haydée Osuna, porque desde un inicio ella olvidó sus bases. Yo tengo relación con las bases y sé que el PLC está vivo, aunque esté en desacuerdo con la cúpula. Las bases se sienten traicionadas por la cúpula y por la presidenta. Ella ha hecho lo que ha querido con el partido”, comentó Hernández.
“Cuando pasé mi primer juicio, acudí al partido para ver qué se podía hacer, pero Miguel Rosales no pudo hacer nada. Él estuvo apoyándonos. No se pudo hacer nada porque lo que querían era quitarme la alcaldía”, expresó desde su exilio.
Las bases, según Hernández, no participaron en el proceso electoral de noviembre de 2022, por lo que el PLC y demás partidos colaboracionistas no contaron con fiscales, al menos en los municipios de Jinotega, donde ella pudo constatar.
“Las bases no participaron en las últimas elecciones, solo los dirigentes, pero la gente no los apoyó. No hubo presencia de fiscales ni miembros”, detalló.
¿Qué queda por hacer en un eventual cambio sociopolítico?
La exalcaldesa Hernández considera que el principal reto de los nicaragüenses en un eventual cambio sociopolítico es “la unidad”, tanto a nivel nacional como municipal.
“Va a ser indispensable que mantengamos esa unidad. En el caso del liberalismo las bases están vivas”, expresó Hernández.
Por su parte, Daisy George West y Ludelly Aburto coinciden en que la población debe documentar las violaciones a derechos humanos y las arbitrariedades a nivel local para una eventual transición democrática.
Para West, “el pueblo debe registrar todos estos actos y pedir cuentas para que no se vuelvan a repetir estas acciones. Con esto debemos tener pautas para mejorar y cambiar”.
Mientras la dictadura hará alarde este 10 de enero de 2023 asumiendo las 153 alcaldías del país, la exalcaldesa estará en su actual trabajo en una cadena de supermercados, a la vez que no podrá entregar físicamente su cargo a la población de Wiwilí por encontrarse en el exilio.