La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó este jueves la cancelación de la personería jurídica de al menos 26 organizaciones y asociaciones de la sociedad civil en Nicaragua por parte del régimen orteguista en semanas recientes.
Entre las cancelaciones de personería jurídica, REDESCA hizo referencia a la de 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte del régimen orteguista el pasado 2 de febrero.
También a tres fundaciones relacionadas con actividades académicas, canceladas por la ilegítima Asamblea Nacional el 17 de enero.
De igual manera, la REDESCA también recibió información de la cancelación de 7 instituciones más por el Ministerio de Gobernación, lo cual se publicó en la Gaceta Oficial de Nicaragua el 3 de febrero.
La Relatoría Especial también expresó su preocupación por la salida forzada del país del rector de la Universidad Paulo Freire (UPF).
“La REDESCA condena enérgicamente la medida de cancelación de la personería de las 26 instituciones, considerando que la misma se enmarca en el patrón de afectación a las libertades y derechos sobradamente documentado por la CIDH. De esta forma, expresa su especial preocupación por el grave impacto que la implementación de dicha disposición supondría para el derecho a la educación, a la libertad académica y la autonomía universitaria, a los derechos laborales de las personas que trabajan en las entidades afectadas y a los derechos sociales que contribuyen a proteger desde sus respectivas misiones”, declaró.
La Relatoría recordó al Estado de Nicaragua que “tiene la obligación de desarrollar progresivamente los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a la luz de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y otros instrumentos internacionales de los cuales es parte, siendo esta una medida de carácter regresivo que contraría dicha obligación”.
En cuanto a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, “la Relatoría Especial recuerda que los principios interamericanos en la materia señalan que las regulaciones estatales sobre educación deben estar encaminadas a la garantía del proceso de aprendizaje, enseñanza, investigación y difusión de forma accesible, plural, participativa y democrática, así como a garantizar el autogobierno de las instituciones académicas que incluye, entre otros, el libre funcionamiento de los planteles docentes o cuerpos estudiantiles”.
De igual manera, “impacta negativamente en la libertad académica el cierre o la no renovación de acreditaciones de instituciones, bibliotecas, laboratorios u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno”, criticó.
Por ello, REDESCA exhortó al Estado de Nicaragua a que “se abstenga de obstaculizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente y deje sin efecto la cancelación de la personería de las 26 entidades, arbitrando los medios necesarios para que las mismas puedan cumplir con tales requisitos con todas las garantías administrativas y de debido proceso”.
Asimismo, exhorta al Estado a “respetar y garantizar los principios y los derechos relativos a la libertad académica y a la autonomía universitaria, conforme a los estándares interamericanos, absteniéndose de afectar el derecho a la educación superior y el derecho de asociación en razón de la opinión política o ideológica de las personas o instituciones”.