El diario La Prensa, presentó este miércoles su informe mensual sobre monitoreo y seguimiento a casos de ‘Violaciones a la Libertad de Prensa’ en Nicaragua correspondiente al mes de septiembre del 2021; indicando que durante ese mes se lograron documentar 104 casos, 24 más que el mes anterior.
“La Prensa a través de su red de Promotores de la Libertad de Prensa, con presencia en los 15 departamentos y las 2 Regiones Autónomas del país logró documentar 104 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 91 fueron perpetrados contra medios de comunicación (87.5 %) y 13 contra personas naturales. (12.5 %)”, indicó el diario en su informe.
El total de casos documentados recayeron entre 15 víctimas (12 personas naturales y 3 medios de comunicación). Del total de personas naturales 7 son del género masculino y 5 del género femenino, precisó.
La Prensa destacó que por noveno mes consecutivo, y manteniendo la tendencia desde que inició la crisis sociopolítica en abril del 2018, en la mayoría de los casos sistematizados los agresores son agentes estatales.
“En el mes de septiembre 97 casos, equivalente al 93.3 % fueron ejecutados por instituciones y/o funcionarios públicos; en 4 casos (3.8 %) los victimarios fueron identificados como No estatales; pero claramente reconocidos por las víctimas como ‘acólitos’ paraestatales que trabajan coordinadamente y bajo la protección de funcionarios estatales, para cometer sus fechorías. En 3 de los casos documentados no fue posible identificar a los agresores”, apuntó.
El informe señala que en Managua se concentran la mayor cantidad de casos de violaciones a la Libertad de Prensa, con 93 casos, los cuales equivalen a un 89.4 %, seguido de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) con 3 casos, equivalente a 2.8 %; en León y Madriz se documentan 2 casos en cada uno de ellos. Por otro lado, en los departamentos de Carazo, Chinandega, Estelí y Rivas se reportaron 1 caso en cada departamento.
Agrega que por seis meses consecutivos (marzo-septiembre 2021) la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, se sitúa como la región geográfica donde “más se violenta el derecho a la Libertad de Prensa, solamente superado por el departamento de Managua; pero, es más preocupante que según los casos documentados por La Prensa, en la mayoría de veces las agresiones han recaído en las mismas víctimas, que según hemos registrado en nuestros informes, son mujeres periodistas”.
La Prensa indicó que en lo que va del año ha logrado documentar 362 casos de violaciones a la Libertad de Prensa, lo que en promedio es equivalente a más de una agresión por día. “En el mes de septiembre 2021 conocimos que 3 periodistas se vieron obligados a exiliarse”, aseveró.
El informe subraya que, a pesar de que en el mes de septiembre 2021 no se conoció que el Ministerio Público haya continuado con las “intimidatorias” citas a periodistas independientes, el aparato estatal de la dictadura mutó “a otros mecanismos represivos con tal de silenciar a las voces críticas que denuncian la cadena violaciones a los derechos fundamentales que se cometen en el país”.
Acciones represivas en contra de la prensa independiente
Una de las acciones opresoras que ha implementado el régimen Ortega-Murillo no solo contra periodistas, sino en contra de otros actores sociales, ha sido la restricción migratoria y la confiscación de pasaportes. Tal es el caso del periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10, quien el día 29 de septiembre se disponía abordar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos a una reunión de trabajo. Sin embargo, se le fue impedido abordar el avión y su pasaporte fue decomisado.
También están los casos de estigmatización y difamación en redes sociales contra periodistas independientes han tomado otros niveles de hostilidad.
Al respecto, el informe reporta que en el mes de septiembre cuando el Ministerio de Salud (MINSA) inició lo que llamó: “Jornada de vacunación voluntaria contra la Covid-19” en varios departamentos del país, muchos periodistas independientes que intentaban dar cobertura a la jornada de inoculación fueron expulsados y agredidos verbalmente de los centros de vacunación por agentes policiales y “acérrimos aduladores del binomio dictatorial”.
Además, periodistas oficialistas han intensificado campañas de difamación en contra de comunicadores independientes acompañadas de comentarios ofensivos, y la publicación de fotografías de periodistas que haciendo uso de su derecho constitucional a la salud, han acudido a los centros de vacunación.
Crece el temor y la autocensura
El diario La Prensa conoció de al menos cuatro denuncias de agresiones en contra de periodistas que se encuentran en el país, sin embargo las víctimas solicitaron no hacerlas públicas para evitar mayores consecuencias.
“Estas denuncias fueron presentadas a los Promotores de la Libertad de Prensa, con el objetivo de que se tenga registro ante una eventual agresión de mayor escala. Esta negativa de hacer públicas las denuncias se da luego de la ola de agresiones, detenciones y ataques que ha emprendido la policía nacional y las fuerzas paramilitares contra quienes denuncian arbitrariedades que se viven en el país, apuntaron.
La Prensa instó a periodistas y comunicadores a “no guardar silencio ante cualquier agresión, a no caer en la estrategia del régimen de utilizar la autocensura como estrategia de precaución y auto resguardo”.
De igual manera, se documentó la negativa de las fuentes informativas en brindar declaraciones manteniendo su identidad ha crecido considerablemente, la solicitud de conceder entrevistas bajo el uso de algún seudónimo se ha elevado o en su defecto bajo la condición de anonimato. “En el peor de los casos algunas fuentes especializadas, evitan hacer comentarios o análisis sobre temas del contexto, por temor a que les apliquen la oprobiosa Ley de Ciberdelitos”.
Allanamiento y confiscación aún persiste
Por último, la Prensa reiteró que el 30 de septiembre pasado, se cumplieron 49 días en que agentes policiales se tomaran el edificio de es diario, detuvieran a su Gerente General, Juan Lorenzo Holmann, y congelaran las cuentas bancarias de este medio de comunicación.
“Esta nociva acción, que no solamente violenta el derecho a la Libertad de Prensa, a la libre empresa y al respeto a la propiedad privada, obligó a este medio de comunicación a reducir al mínimo el personal para poder continuar trabajando en el área digital”, anotó.