Reportan 233 muertos y 1.270 casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó este viernes a 233 muertos y a 1.270 los casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua, frente a los 25 pacientes y ocho fallecidos reportados por el régimen de Daniel Ortega.

La cantidad de personas contagiadas con el coronavirus aumentó de 765 a 1.270 en la última semana, es decir 505 nuevos casos sospechosos para un 62% de incremento.

Managua, con 628 casos sospechosos, es el departamento con mayor incidencia de esa enfermedad, seguido de Chinandega (106), Masaya (102), Matagalpa (81), Granada (54), Estelí (39) y León (34), según el informe.

El Observatorio, que no reporta casos confirmados debido a que solamente el MINSA realiza las pruebas de COVID-19, ha verificado 266 muertes, de las cuales 33 se categorizan como muertes por neumonía y 233 como muertes sospechosas por COVID-19.

Managua y Chinandega reportan el mayor número de muertes.

Por otro lado, el Observatorio recibió reportes de 154 trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

También alertaron que 37 presos políticos presentan sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, y uno de ellos, Uriel Pérez, se encuentra hospitalizado e intubado en un hospital público.

Para el Observatorio, la situación en Chinandega sigue generando alarma, debido a que reportan 106 personas afectadas, 40 muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19, así como 23 trabajadores de la salud con sintomatología.

“En Chinandega las condiciones de morbilidad en particular las deficiencias renales son un problema de salud que incrementa la vulnerabilidad ante el COVID-19 de la población”, advirtió el Observatorio.

ENTIERROS CLANDESTINOS Y NOCTURNOS

Además, el Observatorio indicó que en cinco departamentos y dos regiones autónomas del país se reportaron entierros clandestinos o muertes sin informar a la familia, con mayor frecuencia en Chinandega.

“Los entierros nocturnos y clandestinos no pueden continuar siendo la política estatal. Las familias tienen derecho a vivir un duelo digno”, señaló.

El Observatorio instó a las autoridades a brindar información sobre la epidemia conforme a los estándares internacionales y a no coaccionar al personal médico a la comisión de un delito al no emitir certificados de defunción veraces.

*Con información de EFE

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