Los familiares de los presos políticos denunciaron este jueves que al menos 38 estos sufren los síntomas del COVID-19, de los cuales solamente uno ha recibido atención médica y se encuentra en estado crítico.
Ayer, el régimen de Daniel Ortega envió a sus casas a 2.815 reos, pero no incluyó a ningún preso político entre los excarcelados. Lo que para las familias es una discriminación, pese a que muchos de ellos tienen una condición de vulnerabilidad frente al coronavirus, por su edad, enfermedades o padecimientos crónicos.
“Hoy tenemos un recuento de 38 personas, presas políticas, que presentan síntomas respiratorios que podrían ser COVID-19, tales como fiebre, dolor en el cuerpo, en ojos y garganta, pérdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos”, detallaron a través de un comunicado.
“El gobierno sigue violentando los derechos fundamentales a las personas presas políticas negándoles el acceso a la salud y a medicamentos, ocultando información sobre su estado de salud y en ocasiones, hasta han ocultado el sitio en que se encuentran”, agregaron.
El preso político que ha recibido atención médica es Uriel Pérez, que se encuentra intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán. “Su situación es un ejemplo del grave riesgo que corre la vida y la integridad de las más de 86 personas presas políticas que se encuentran en condiciones carcelarias de hacinamiento, sin agua y con casi ninguna medida de prevención del COVID-19”, advirtieron.
Además, este jueves se conoció que el reo político Wilmer Mendoza, sufrió un desvanecimiento súbito en una audiencia de juicio en su contra, en el Complejo Judicial de Managua.
“Desmayado, expulsando saliva y orinado, así fue sacado de sala de audiencia el recapturado preso político Wilmer Mendoza Espinoza”, denunció su abogado, Eber Acevedo, con la foto del hombre tirado en el piso, mientras los funcionarios se limitan a observarlo.
“Esto es lo que viven los presos políticos. Todos los funcionarios, y trabajadores judiciales, y oficiales de policía, totalmente inertes y negligentes”, criticó la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo.
Los familiares de los presos políticos exigieron, una vez más la liberación absoluta de los opositores, y demandaron a la Cruz Roja Internacional visitar las cárceles para que proporcionen atención médica y medicamentos a los reos.