La Unión Europea (UE) podría sancionar al dictador Daniel Ortega, a su mujer Rosario Murillo y “su círculo íntimo”, como parte de las acciones de presión de los países europeos contra el régimen en Nicaragua, según el texto de resolución que sería aprobado mañana jueves por el Parlamento Europeo.
El texto, pide al Consejo de la UE y a los Estados miembros que “amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser sancionadas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”, reza el documento.
El martes, el Parlamento Europeo discutió dicha resolución debido a “la espiral represiva” del régimen Ortega Murillo, que en las últimas semanas ha secuestrado a más de 20 líderes opositores de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre.
“En los contactos con las autoridades quedó claro que el Gobierno no tiene intención de abandonar su intransigencia. Con los Estados miembros ya estamos valorando distintos instrumentos de los que disponemos, incluyendo nuevas sanciones”, anunció ayer el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.
En el debate con los europarlamentarios, la inmensa mayoría denunció la persecución política que se registra en Nicaragua y demandó que el bloque europeo adopte medidas contra Ortega, Murillo y su círculo.
La resolución, expresa su “solidaridad” con la población nicaragüense y condena “enérgicamente” todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra los partidos de oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios, estudiantes, indígenas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, así como sus familiares, y en particular las muertes causadas; pide el “cese inmediato de la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de derechos humanos, y pide rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018”.
Estas son las demandas de la resolución:
Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente, incluidos los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, los líderes políticos José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Pedro Joaquín Chamorro y otros activistas de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas; pide, además, que se garantice el respeto de sus salvaguardias legales fundamentales, los derechos humanos y los derechos civiles y políticos; exige que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero; recuerda que deben ofrecerse plenas garantías a los exiliados para que puedan regresar a su país;
Solicita al Gobierno de Nicaragua levantar el estado de sitio de facto, respetar el rol de la Policía Nacional como fuerza apolítica, apartidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, cumplir con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restaurar los derechos de los ciudadanos; reitera su llamamiento al gobierno para que permita a las organizaciones de la sociedad civil operar en un entorno seguro y propicio, sin temor a represalias;
Reitera su llamado al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social en Nicaragua; subraya la necesidad de adoptar reformas de manera inclusiva y transparente; pide a la Delegación de la UE en Nicaragua que continúe e intensifique su compromiso diplomático con el proceso electoral y que continúe acercándose a las autoridades para buscar una solución política a la crisis en Nicaragua;
Insta a las autoridades nicaragüenses a realizar cambios inmediatos a la ley electoral de acuerdo con los parámetros internacionales exigidos por la OEA en su resolución de 21 de octubre de 2020, para designar personas imparciales en las diferentes estructuras electorales, para restablecer el estatus legal de los partidos que estaban despojado de ella, respetar el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garantizar la presencia irrestricta de los órganos de observación electoral nacionales e internacionales, comprometiéndose con la convivencia política después de las elecciones; subraya que para que las elecciones y el gobierno resultante sean reconocidos por el Parlamento Europeo, se deben implementar los cambios solicitados por la OEA y los organismos internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y libertades que hacen posible una libre y creíble y proceso electoral equitativo;
Condena la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas y pide su derogación inmediata; destaca que estas leyes van en contra de los derechos y libertades de los nicaragüenses consagrados en la Constitución de la República de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales de los que Nicaragua es signataria; rechaza el uso indebido de instituciones y leyes por parte del gobierno autoritario de Nicaragua con la intención de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos;
Reitera su llamado a las autoridades nicaragüenses para que permitan el acceso sin trabas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Grupo Especial Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), organizaciones internacionales de la sociedad civil e instituciones europeas para asegurar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua; reitera su llamado a restablecer de inmediato la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH);
Pide al Gobierno de Nicaragua que cree una unidad de investigación independiente que involucre a expertos internacionales para supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas de la Fiscalía General sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión de 2018 y después de eso;
Hace un llamado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y a sus Estados miembros a desempeñar un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, según lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y el Tratado Marco de 1995 Seguridad Democrática en Centroamérica, cuyo artículo 1 establece que la democracia se fundamenta en la existencia de gobiernos elegidos por sufragio universal y libre en sufragio secreto y en el respeto incondicional a todos los derechos humanos en los estados que integran la región centroamericana;
Pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores y sus relaciones comerciales y activos en países europeos; subraya el hecho de que el GAFI ha incluido a Nicaragua en la lista negra desde octubre de 2020;
Pide al Consejo ya los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser sancionadas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense;
Subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la UE a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la UE, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria;
Recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su exigencia de que, a la luz de las circunstancias actuales, la se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación;
Elogia y apoya los esfuerzos y el trabajo positivo realizado en un entorno muy complicado por la Delegación de la UE en Nicaragua; pide a la UE ya sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, incluso mediante el seguimiento del juicio y visitando a críticos y líderes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario;
Pide a la Delegación de la UE en Nicaragua y a los Estados miembros, cuando proceda, que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros;
Solicita que su Conferencia de Presidentes envíe una misión de investigación a Nicaragua en la que participe su Delegación para las relaciones con los países de Centroamérica con el fin de evaluar la situación política y de derechos humanos;
Reitera su llamado desde su resolución de 14 de marzo de 2019 para la extradición inmediata de Alessio Casimirri, quien continúa viviendo en Managua bajo la protección del Gobierno de Nicaragua, a Italia, donde debe cumplir seis cadenas perpetuas definitivas por su probada participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro y líder del partido Democracia Cristiana Aldo Moro y el asesinato de sus guardias en Roma el 16 de marzo de 1978;
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados Miembros, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, a la Grupo, Gobierno y Parlamento de la República de Nicaragua.