Menos del 20% de la población mundial vive en un país libre, la cifra más baja desde 1995, según concluyó un informe que colocó a Nicaragua y Venezuela entre los diez países del mundo que han visto una mayor reducción en las libertades políticas y civiles en la última década.
El reporte, publicado por la ong Freedom House el martes, encontró una reducción en las libertades durante el 2020 en 73 de los 195 países del mundo, incluyendo grandes potencias como India o Estados Unidos.
“Los hallazgos de este año dejan muy claro que aún no hemos detenido la marea autoritaria”, dijo Sarah Repucci, vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House. “Los gobiernos democráticos tendrán que trabajar en solidaridad entre sí y con los defensores de la democracia (…) si queremos revertir 15 años de declives acumulados y construir un mundo más libre y pacífico”, agregó.
La respuesta de los gobiernos al COVID-19, acrecentó el deterioro mundial de la democracia. Líderes populistas y gobiernos represivos atacaron la “transparencia, promovieron información falsa o evitar que se compartieran datos poco favorables o visiones críticas”, aseguró la organización en un comunicado.
El informe examinó el comportamiento de los gobiernos de los 195 países del mundo durante el 2020 y los clasificó en tres categorías: libre, parcialmente libre y no libre basada en un puntaje determinado por diferentes libertades políticas y civiles.
Nicaragua junto a Venezuela son los dos únicos países de la región que entraron en el top 10 de las naciones a nivel mundial que han visto un mayor declive en las libertades en la última década: el país suramericano bajó 28 puntos en el reporte y Nicaragua 24.
En ambos países —al igual que en muchos otros en la región—sus regímenes aprovecharon la pandemia para restringir aún más las libertades de la población, llegando a haber situaciones de violencia y abuso por parte de las fuerzas de orden.
El informe destaca que, en Nicaragua, –que junto a Venezuela y Cuba son calificados como “No Libres” en la región–, el régimen orteguista ha “ignorado la realidad y negado la presencia del patógeno en su territorio”.
“Observadores independientes alegan que el gobierno intencionalmente subestimó el número de casos de COVID-19 en el país, y a la Organización Panamericana de la Salud se le negó el acceso a los hospitales nicaragüenses. No obstante, muchas personas cuyas muertes se atribuyeron a ‘neumonía atípica’ recibieron entierros expresos a los que los miembros de la familia no pudieron asistir. Según los informes, se impidió a los trabajadores de la salud utilizar equipos de protección personal e implementar protocolos de seguridad en los hospitales públicos, y decenas de enfermeras y médicos fueron despedidos por firmar una carta en la que criticaban la respuesta del gobierno a la pandemia”, reza una parte del informe.
Freedom House también indicó que la prensa se ha enfrentado a un “mayor hostigamiento político y judicial desde 2007, cuando Ortega regresó al poder”.
“El gobierno realizó esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios. Los periodistas han sido objeto de amenazas, arrestos y agresiones físicas. La CIDH ha otorgado medidas de protección a varios periodistas ante hostigamientos y amenazas de muerte. La represión contra los periodistas se ha agudizado desde que estalló la actual crisis política en 2018. El estado ordenó a las empresas de televisión y proveedores de servicios de telefonía móvil que dejen de transmitir varios canales de noticias independientes a través de sus sistemas. Numerosos puntos de venta han sido asaltados y cerrados. Se ha arrestado y acusado a periodistas de terrorismo; en abril de 2020, más de 90 trabajadores de los medios de comunicación se habían exiliado”, apuntó el informe.
*Con información de VOA