*Expediente Público
Pasó dos años cargando una maleta con lo que quedaba de su vida. No solo eran las pocas cosas que logró sacar de Nicaragua, llevaba el peso de lo incierto, dejaba atrás a su familia, su hija, su mundo, por un viaje que se ha prolongado en diferentes aeropuertos y países, hasta que llegó el momento de decirse a sí misma, “soy exiliada”.
Wendy Quintero es defensora de derechos humanos y también periodista, una combinación impropia a la vista del Gobierno de Nicaragua, que persigue y amenaza a personas de ambos sectores, que ha cerrado medios y organizaciones, y encarcelado a periodistas y activistas sociales.
“Salí con la idea que al mes iba a regresar, había una presión grande. Eso me ayudaba, pasé 15 días callada, me encerraba en el baño para llorar”, contó Quintero a Expediente Público.
“Fue ultra doloroso (dejar el país), porque tenía 40 años y jamás pensé que iba a salir al exilio. Yo crecí en los ochenta, escuché en mi familia y vecinos el deseo de irse porque no había (alternativas), a mí nunca me nació eso. Por mi carrera viajé a muchos países como periodista, pero siempre regresaba porque tengo un compromiso con Nicaragua”, dijo.
Por veredas al exilio
Yefer Bravo, agrónomo y opositor de Chontales, trabajaba en una agencia de bienes raíces antes de exiliarse tras la operación limpieza en julio de 2018, cuando cruzó por veredas la frontera con Costa Rica, con su compañera de vida embarazada.
Participó en el bloqueo de la carretera de Lóvago, en el centro del país centroamericano, y cinco meses después de salir de Nicaragua, sufrió con su pareja la pérdida de su hijo no nacido, ya en el octavo mes de gestación. Era el primer diciembre en el exilio.
“Nos tocó abandonarlo en el hospital, no teníamos dónde enterrarlo, no teníamos nada estructurado, solo nos conocíamos entre nosotros mismos”, recordó en entrevista con Expediente Público.
No le gusta hablar de eso, es una referencia que apenas recuenta en el rosario de dolores y travesías en el país que le ha dado refugio.
Yafer es un profesional convertido en obrero de la construcción. Sus manos se endurecieron por el trabajo. El 29 de agosto de 2019, sujetos desconocidos le dispararon dos veces saliendo de su casa, pero no lo impactaron.
Ambas historias, como muchas otras entre los más de cien mil refugiados nicaragüenses en diferentes partes del mundo, coinciden en una cosa: mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernen no les será posible volver a su país de origen.
2021: incremento de solicitantes de refugio
Entre 2018 y 2019 un total de 54,762 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica por la crisis de derechos humanos. En 2020 la cifra se redujo a 9,416 por el cierre de fronteras debido a la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, faltando un mes para cerrar el 2021, ya el número de personas que piden auxilio internacional en esta nación supera el récord anual con 47,534 peticiones.
A pesar de que la frontera terrestre con Costa Rica reabrió el 5 de abril de 2021, la cantidad de peticiones de refugio solo incrementaron a partir de junio, producto de las investigaciones del Ministerio Público de Nicaragua a la Fundación Violeta Barrios con lo cual inició una cacería política contra aspirantes a la presidencia, políticos, periodistas, analistas y empresarios, cuyo resultado es el encarcelamiento de más de 40 personas en lo que va del año.
En mayo, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica recibió 1,484 solicitudes de refugio de nicaragüenses, pero al mes siguiente se elevaron a 4,381, durante octubre y noviembre llegaron a superarse las ocho mil peticiones mensuales.
Los nicaragüenses representan el 89% de los solicitantes de refugio en Costa Rica.
En julio de 2018, después de la Operación Limpieza, el operativo estatal para eliminar las protestas a balazos, inició el exilio masivo de nicaragüenses a Costa Rica.
Solo hasta septiembre de ese año había 40,386 personas que habían manifestado necesitar protección internacional en Costa Rica y 13,697 personas habían formalizado su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La persecución política y el estadio de sitio de facto posterior elevó el número de exiliados, por lo que el régimen de Ortega envió el 15 de abril de 2019 una carta a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para que apoyara el programa Retorno Voluntario Asistido para los nicaragüenses.
La OIM comunicó que esperaba cooperar con “el retorno voluntario, digno y seguro de los migrantes nicaragüenses, en el marco de un trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad de Nicaragua, incluyendo naturalmente al gobierno, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores claves interesados”.
El Gobierno de Nicaragua en su lugar incrementó la persecución y anulación de las organizaciones civiles y sus dirigentes.
“Los programas de retorno voluntario de la OIM se basan en la decisión libre y sólidamente informada de los propios migrantes que solicitan apoyo para retornar a su país de origen. Además, el retorno voluntario asistido y la reintegración (AVRR, por sus siglas en inglés) se gestionan de la manera más estricta apegados a los principios de respeto de los derechos humanos, dignidad, seguridad y confidencialidad de los datos personales”, respondió la organización a la solicitud del régimen.
Regresaron del exilio a la cárcel
Los opositores, organizaciones de exiliados y derechos humanos consideraron la propuesta oficial como engañosa y criticaron la falta de condiciones.
Esto lo comprobaron no solo ciudadanos anónimos, sino, personalidades que se decidieron volver en 2019, por ejemplo, el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien nuevamente retornó a Costa Rica en 2021, después que sus hermanos, Cristiana y Pedro Joaquín fueran detenidos; el aspirante presidencial Félix Maradiaga y el líder estudiantil Lésther Alemán, también regresaron ese año y ahora están presos desde junio y julio, respectivamente.
Pero más que las figuras prominentes de la oposición, las historias de exiliados que retornaron para ser detenidos, acosados e incluso asesinados no son la excepción.
Uno de los casos es del campesino Norlan Quintero, quien fue emboscado y asesinado en octubre por desconocidos en Siuna, en la Costa Caribe Norte; la versión oficial de la policía fue un “intento de robo” como móvil del crimen.
Quintero relata que conoce el caso de dos exiliadas que regresaron a Nicaragua, una de ellas tuvo que volver ante las amenazas de encarcelamiento, la otra ha sido acosado y es probable que decida exiliarse de nuevo.
El sociólogo y especialista en migraciones, Abelardo Morales, indicó a Expediente Público que, de 2018 a la actualidad, dadas las condiciones difíciles de muchos refugiados “decidieron volver enfrentando las adversidades que se sabía podían tener, algunos han sido detenidos, la última fue la joven estudiante, Samantha Jirón, que estuvo en condición de solicitante de refugio” en Costa Rica y hoy está detenida por la policía.
“Supe el testimonio de una persona que en la frontera la policía nicaragüense la tuvo 24 horas detenida, la golpearon, le robaron lo que tenía y amenazaron con tomar más represalias si formaba parte de algún movimiento de protesta”, agregó.
El régimen de Nicaragua frente a la masiva salida de nicaragüenses por la violencia política explica en su narrativa propagandística que estas personas son “autoexiliados”, fabricados y alentados por líderes de la oposición.
Persecución a exiliados
Bravo considera que el régimen en Nicaragua realiza actividades de inteligencia y vigilancia a los exiliados, particularmente a los que están organizados. Se nota que personas ajenas a la comunidad llegan a las marchas a tomar fotos y videos de los participantes.
En 2019 sufrió un atentado del que salió ileso, le dispararon saliendo de su casa. “Aquí han pasado muchas cosas, desde amenazas, intentos de asesinatos, sicariato, el último caso de Joao Maldonado que recibió cuatro balazos y sobrevivió, Rayza Hope fue amenazada con arma de fuego en su negocio. Una camioneta se paró al lado de Bravo mientras caminaba en la vía pública y le gritaron desde adentro ‘viva Ortega’”.
Joao Maldonado, fundador de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) e hijo del mayor en retiro del ejército Tomás Maldonado, exreo político fallecido en octubre de 2021, sufrió un atentado el 11 de septiembre: dos desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon después de interceptar el vehículo en el que movilizaba en la zona de Escazú, en la capital San José.
El exiliado ingresó a cuidados intensivos con cuatro balas en su cuerpo, pero sobrevivió.
El mismo día de ese ataque otros dos activistas exiliados reportaron agresiones: David Velásquez recibió disparos en la parte trasera de su vehículo y Andriu Scott fue atacado con puñales por dos desconocidos, aunque en este último caso hubo la aparente intención de robarle.
El 2 de octubre, un desconocido cubierto con una máscara la mayor parte del rostro, entró a la floristería de Hope, una exiliada que se encontraba con una amiga antes de cerrar el negocio, el sujeto armado las golpeó y encañonó antes de huir, según la denuncia de la víctima a los medios.
Varados en el exilio
El sociólogo costarricense Abelardo Morales explicó que la situación de las personas que han venido en condición de solicitantes de refugio no ha cambiado cualitativamente desde 2018 a la actualidad.
“Siguen enfrentando una serie de limitaciones que tiene que ver con la lentitud del proceso (de regularización), además, tiene un agravante, durante un tiempo mientras se estudiaba su solicitud no se les permitía trabajar, ya después de un tiempo podían acudir a buscar trabajo, no obstante, eso no garantiza que hayan encontrado trabajo o trabajo acorde a su preparación y necesidades básicas, eso significa que pueden tener carencia en vivienda, acceso a servicios básico, salud y otras cosas para una vida digna”.
Expediente Público consultó al experto en migraciones si el resultado de las elecciones presidenciales de febrero 2022 tendrá un efecto en la política migratoria costarricense frente a la crisis nicaragüense.
Su respuesta es que “el tema de los refugiados no tiene lugar en la campaña electoral, es delicado y sensible, los candidatos valoran y miden que un mal paso o decir algo en ese sentido podría ser contraproducente y no ayudaría a su campaña”.
“La diferencia entre candidatos es de pequeños porcentajes a veces, ellos saben que actualmente hay una considerable proporción de nicaragüenses naturalizados y muchos hijos de nicaragüenses que también pueden votar y pueden decidir la elección, tocar este tema puede ser un boomerang para el candidato que intente hacer proselitismo levantando la bandera de la xenofobia”, aseveró.
Por otra parte, Morales señaló que la política de refugio no es exclusiva de este gobierno.
Desde 2006 hay cambios en el enfoque, legislación y política migratoria, si bien no ha cambiado radicalmente muchas cosas, ha producido un clima propicio para la integración de muchos migrantes y el asilo o refugio es un símbolo que Costa Rica enarbola a nivel internacional como un rasgo de respeto a los derechos humanos, analizó.
“No anticipo un cambio en esta dirección por ninguno de los partidos y candidatos que pueden ganar”, reiteró.
Tampoco es la primera vez que Costa Rica recibe flujos de refugiados, en comparación con las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la cantidad es mucho menor, por lo cual se coordina con organismo internacionales, entre ellos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Migración económica
Morales sostuvo que, si ocurre un flujo mayor de migrantes nicaragüenses frente a un posible deterioro en la economía bajo el régimen de Ortega, se puede asegurar una respuesta por el balance del mercado y la economía, ya que en Costa Rica hay capacidad para incorporar más trabajadores, sobre todo si empieza un proceso de recuperación económica tras la pandemia.
“Los migrantes no representan un peso ni costo económico, ni político ni social para la sociedad costarricense, por el contrario, muchas de estas personas tienen estudio y formación universitaria y se van integrando, igual trabajadores no cualificados pueden buscar oportunidades en el mercado laboral, todo es que haya un trabajo de gestión de integración”, precisó.
Según el académico, para Costa Rica la preocupación central no son los migrantes, sino, “la falta de legitimidad del Gobierno de Nicaragua y la crisis nicaragüense, una situación que no ayuda al mantenimiento de buenas relaciones bilaterales y, por lo tanto, sienta un clima de inestabilidad en la región que no se reduce al problema de los refugiados”.
“Tengo la impresión que si el régimen pasa a otras formas de represión, ahí las sanciones van a tener otro carácter y efecto y a la larga profundizar la crisis que no solo afecte a Costa Rica, sino, a otros países, no sabemos cuál va a ser el comportamiento del gobierno hondureños, de la nueva presidenta Xiomara Castro, del partido Libre, pero seguro no será un gobierno alcahuete con Ortega, no le conviene, posiblemente Honduras será un territorio de acogida para solicitantes de refugio de Nicaragua”, indicó.
“Ortega le va a entregar el poder a Ortega el 10 de enero, ahí se abre un periodo nuevo en la coyuntura política nicaragüense, porque va a entrar en funciones un gobierno que una gran cantidad de naciones lo considera ilegítimo, va a ocurrir algo parecido a Venezuela, pero las condiciones son distintas, porque ha cambiado la coyuntura regional, eso me hace pensar que el Gobierno de Nicaragua va a tener que hacer cambios de estrategia y no creo que una mayor represión sea la más efectiva como respuesta inmediata, dada la situación de la región con pocos aliados y un aislamiento internacional, que no ha sido la situación de Venezuela”, concluyó.
No es migración común
Quintero explica que “por mi carrera viajé a muchos países como periodista, pero siempre regresaba porque tengo un compromiso con Nicaragua. Siento que tengo una deuda con mi país porque estudié en la Universidad Centroamericana por el 6%”, el monto presupuestario estatal para la educación superior, cuenta la exintegrante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Recuerda que para llegar a trabajar al Cenidh tenía que acceder al cordón policial alrededor del barrio El Carmen, donde está la sede del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), despacho del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.
Le tomaban fotos a su cédula, a ella y a las placas de su vehículo. Luego el régimen le quitó al Cenidh y otras organizaciones civiles críticas su personería jurídica en diciembre de 2018.
“Era como que nos despojaran de un aura protectora y comenzaron a seguirnos, tuvimos que refugiarnos. Yo me fui a León”, pero la casa en Managua que alquilaba era frecuentada por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y policías.
La mayoría de sus colegas en el Cenidh había salido y ella logró embarcarse por el aeropuerto internacional el 30 de diciembre de 2018, dijo a los oficiales de migración que asistiría a una boda y regresaría en quince días. Sin dinero después de un mes sin trabajo y con un pasaje regalado en casa de conocidos, se fue de Nicaragua.
“No podía seguir así más, porque cada vez salían (otros al exilio) y detenían a más personas. Dije que no podía regresar, tenía que cambiar porque me iba a volver loca, hasta se me caía el pelo” por el estrés, recuerda.
Se negó durante dos años a pedir asilo, pero hizo público su exilio y pudo viajar a Ginebra en 2019, durante el examen periódico universal de derechos humanos. Y de ahí con ayuda de la solidaridad de nicaragüenses y sus amigos se refugió en España, donde estuvo en cinco domicilios diferentes en diferentes regiones del país.
“Sentí como que le había dado la espalda al país porque no me quería ir, quería seguir ayudando, pero no podía, ¿qué iba a hacer yo presa? ¿me quedo y qué voy a hacer y si me voy tengo más posibilidades de ayudar?”, se preguntó.
“Me pude haber quedado en España, me pude haber quedado en Ginebra, me pude quedar en Estados Unidos, sí. Pero no lo hice porque me negaba a pedir refugio, yo quería volver a Nicaragua, pasaba una temporada en un lado y otra temporada en otro lado”, aseguró.
Llegó a Costa Rica para reunirse con su hija después de un año de no verla. Trabajó cuidando ancianos y por el cierre de fronteras que dejó la pandemia, no pudo continuar su odisea.
“Era como que mi vida en Nicaragua fuera una ilusión, pero nunca perdí la conexión con mi país y mi trabajo, aunque hice muchas cosas para subsistir y para no depender de nadie. Cuando sos una persona que ha trabajado toda su vida, que has sido jefa de familia y has mantenido a tu familia, estaba agradecida por el techo, porque muchos paisanos durmieron en la calle y no tenían ni un bocado, siempre tuve un techo y comida, pero no era mi techo ni mi mesa, es horrible porque te sentís tan desvalido”, manifestó la defensora de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Entendí que, aunque quisiera regresar no iba a poder, iba a hacer más apoyando desde lo que soy afuera, porque estando presa o sin trabajo qué iba a hacer”.
“Estaba sentada esperando, porque es toda una mañana, se me salían las lágrimas delante de toda la gente, porque no podés ir al baño, había 200 personas, me sentía huérfana, esa es la sensación, me decía por qué tenía que pedir refugio si tengo mi país, soy nicaragüense, no tengo que pasar por eso, al final hice todo, respiré profundo, fue muy doloroso, cuando pedís refugio”, indicó.
Para Bravo, lo más complejo del exilio es acostumbrarse y “tener acceso a la sobrevivencia”, es decir, un empleo y la regularización de su estatus legal. “Era complicado, un reto comenzar a reagruparnos para emprender en los famosos tres meses de la lucha contra el régimen”.
“Después de tres años ha sido difícil mantener el activismo de aquellos que estuvimos en los tranques y visionamos en Nicaragua un cambio auténtico y desmontar un sistema”, agregó, criticando también a la cúpula empresarial que hacía negocios o sigue haciéndolos sin desenmascarar a un régimen totalitario, como también lo hacen otros sectores de la sociedad.
Se ha convertido en una lucha larga, pero esperanzadora, dijo.
“Mi mente y mi corazón están en Nicaragua, trabajamos en la organización del exilio en mantener esa chispa del espíritu de abril, pero los agentes de la oposición funcional quieren llegar al mismo fin, pero con otros medios, son los que captan fondos y dividen al exilio, nos llaman violentos, porque queremos un cambio, de lo contrario muchísimos no vamos a poder regresar porque no vamos a estar en la lista de sus negociaciones”, reflexionó.