Dos semanas después de que la Fiscalía Orteguista acusara ante un juez a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, este martes se conoció finalmente que los cargos imputados son “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, reveló el abogado Yader Morazán.
“Hasta que al fin le permitieron a la jueza Nadia Úbeda Obando publicar las actuaciones que realizó en la audiencia preliminar que celebró el día 22 de septiembre en contra de las personas que acompañaron a monseñor Rolando Álvarez”, indicó en su cuenta de Twitter el abogado.
“Todos fueron acusados por el delito de Conspiración para cometer Menoscabo a la Integridad Nacional y Propagación de Noticias Falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua”, añadió.
Los acusados son los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz Cruz y Sadiel Antonio Eugarrios Cano, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Antonio Vega González. También los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira, y el camarógrafo Sergio José Cárdenas Flores.
Los siete se encuentran detenidos en ‘El Chipote’ desde el 19 de agosto pasado y 15 días antes estuvieron junto a Monseñor Rolando Álvarez retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa.
“La acusación fue expuesta en audiencia por el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, quien pidió a la jueza que declarara su competencia para el conocimiento de dicha causa, después de haberlos sustraído del juez natural que les correspondía en la ciudad de Matagalpa. Además, pidió que se corrigieran errores de la acusación y que se declarara la tramitación compleja, porque dice que la Policía seguía investigando, como si no fuese esa la naturaleza de la Audiencia Especial de Ampliación de Investigación que les habían celebrado el 22 de agosto”, criticó Morazán.
JUEZA LES NOMBRÓ ABOGADAS PÚBLICAS
El abogado aseguró que la jueza Nadia Úbeda les nombró a los acusados “defensoras públicas que de ‘casualidad’ se encontraban ahí fuera de su jornada laboral”, al constatar que estos no constaban con una defensa privada de su confianza.
Morazán detalló que al Padre Ramiro Reynaldo Tijerino, se le asignó la defensora pública María Verónica Nieto Guillén; al sacerdote Sadiel Antonio Eugarrios Cano y al camarógrafo Sergio Jose Cardenas Flores, se les asignó a la defensora pública Ethelvina Guisselle Sobalvarro Cruz.
La licenciada Heidi Jennifer Cárdenas Rosales, fue asignada para representar al padre acusado José Luis Díaz y al seminarista Melkin Antonio Centeno Sequeira.
Y la Licenciada Brenda Josefina Enrique Galeano, fue impuesta para representar al padre Raúl Antonio Vega González y al seminarista Darwin Steylin Leiva Mendoza de 19 años de edad.
“Al darles intervención de ley a las defensoras públicas, todas tuvieron en común oponerse a la admisión de la acusación, alegando la falta de especificación, claridad y precisión de los hechos imputados y participación de sus representados en ellos. Además pidieron que se les cambiara la medida cautelar por una que no sea la prisión preventiva (Según el acta)”, precisó Morazán.
“Como era de esperarse, la jueza ignoró todas las peticiones de las defensoras públicas impuestas a puertas cerradas a los sacerdotes y admitió todos los pedimentos del Fiscal”, añadió.
La jueza fijó fecha de audiencia inicial para el día 07 de octubre, donde se propondrán los medios de prueba que serán debatidos en la audiencia de juicio. Además, les impuso prisión preventiva; “declaró la tramitación compleja, que es una especie de proceso con términos duplicados que corresponde únicamente a delitos del crimen organizado que no es el caso, y apercibió a la Policía de garantizar la salud de los privados de libertad”, indicó el abogado.